Vecinos, activistas sociales y representantes políticos y de organizaciones cívicas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid promueven una denominada Red de Municipios por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Quieren examinar a fondo las cuentas de los ayuntamientos, usar de forma racional y operativa los recursos que estén a su alcance para fortalecer la transparencia e involucrarse a fondo en la gestión administrativa y financiera de las cuentas municipales. De paso, poner freno a la corrupción y aportar alternativas a las crisis derivadas de los endeudamientos desmesurados que padecen las instituciones locales.
Todo ello, digámoslo en seguida, debe basarse en una participación activa, cabal, sostenible y bien vertebrada desde unos esquemas siquiera elementales de organización. Si los promotores lo logran -ármense de paciencia, es un proceso que llevará tiempo- estarán dado un paso decisivo para modificar las cosas, para cambiar el papel de los ciudadanos con respecto a su centro de poder político más próximo, hasta ahora caracterizado, en muchísimos casos, por la indolencia, el pasotismo y un laissez faire que pudieran ser interpretados hasta como cómplices de la realidad económica más agobiante.
Empiezan a quedar lejos en el tiempo aquellas experiencias inspiradas en los presupuestos participativos de Porto Alegre, capital del estado Río Grande del Sur, en Brasil, de casi millón y medio de habitantes. Fue una opción de democracia deliberativa o de participación directa que algunos audaces municipalistas españoles trataron de asimilar y llevar a la práctica, con resultados desiguales. En varios municipios españoles de Andalucía, Catalunya, Galicia y País Vasco introdujeron el modelo. Es particular el caso de una localidad guipuzcoana, Idiazábal, donde se llegó a debatir la suerte de un campo de fútbol para la que terminó predominando la decisión mayoritaria de los vecinos del pueblo que lograron construirlo en el emplazamiento que decían. Más recientemente, el Ayuntamiento de Milán (Italia) también puso en marcha -para su aplicación este mismo año- una bien dimensionada iniciativa que posibilita la intervención directa de la ciudadanía a la hora de hacer y controlar las cuentas públicas.
Los mentores de los municipios madrileños que configuran la citada Red quieren estimular de alguna manera la sensibilidad de los vecinos por la cosa pública. Menos hablar o quejarse y más conocer, integrarse e influir. Más actuar, sobre todo, desde la óptica de administrados a los que, como deudores, interesa conocer los planes para reducir o enjugar el déficit así como las previsiones sobre su régimen impositivo.
Esta iniciativa sí que merece engrosar el concepto de nueva política, que ya vemos en lo que se está quedando, apenas gestos y reiteraciones aunque sea con otros colores protagónicos. Aguardemos resultados, desde luego, pero afrontar de manera coordinada situaciones relacionadas directamente con la externalización de servicios públicos, procesos de privatización, régimen de concesiones administrativas -en el Puerto de la Cruz deberían tomar nota-, fuentes de ingresos y financiación de endeudamientos estructurales debe ser el primer paso de una larga caminata que haga cambiar la realidad, especialmente desde el ángulo ciudadano-participativo.
Auditoría ciudadana de la deuda. ¿A que suena bien?