Hay días en los que la actualidad es una densa y desagradable crónica de tribunales con casos de corrupción relacionados con la política como tristes estrellas mediáticas. En el marco del llamado ‘caso Imelsa’, un juez de Valencia ha imputado como presuntos responsables de un delito de blanqueo de capitales a 50 dirigentes del PP: concejales, antiguos ediles y asesores. Están acusados de actuaciones relacionadas con una ‘caja B’ con la que presuntamente habría operado el partido cuando era alcaldesa la hoy senadora Rita Barberá. En Toledo, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó ex presidente de la Caja Castilla-La Mancha y antiguo diputado del PSOE por un presunto delito societario al falsear las cuentas de la Caja. En Madrid, la Audiencia Nacional ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Rato y Blesa (ex presidentes de Caja Madrid) y otros 64 representantes de esta entidad por utilizar desaforadamente para gastos personales las tristemente famosas ‘tarjetas black’. En fecha coincidente con la anterior noticia trasciende que la Fiscalía Anticorrupción pide al juez que cite también a declarar como investigados a Chaves y Griñán, ex presidentes de Andalucía, por el caso de las ayudas concedidas por la Junta en el caso de los ERES fraudulentos. Son noticias fechadas en un mismo día a las que podría haber añadido la personación en un juzgado de Barcelona (en cumplimiento de mandato judicial) de Jordi Pujol Ferrusola, el ‘hereu’ del clan Pujol, investigado por presunto blanqueo de capitales. Son noticias fechadas en el mismo día que se tornan en radiografía de una etapa en la que la política otorgaba impunidad para cobijar todo tipo de corrupciones. Nunca más. Este debería ser el lema de los nuevos tiempos que se anuncian, aunque ya veremos.