La corrupción en nuestro país tiene un coste. Lo ha dado a conocer laSexta.com citando fuentes de universidades y de la Cámara Nacional de Mercados y Competencia: ochenta y siete mil millones de euros al año. La cantidad, naturalmente, es más que suficiente para enjugar los recortes producidos en sanidad, educación o dependencia.

Algunos de los datos aportados por el citado medio son escalofriantes: más de la mitad de lo defraudado, unos cuarenta y siete mil seiscientos millones de euros se corresponden con sobrecostes en la Administración General del Estado, o lo que es igual, consecuencia de las deficiencias en la fiscalización de las contrataciones públicas. Los otros cuarenta mil millones son los que suman en las múltiples formas, directas e indirectas, que tiene la corrupción.

Un experto en prevención de blanqueo de capitales consultado por el medio, Juan Carlos Galindo, cuantifica el caso Malaya en dos mil millones de euros; el de los ERE andaluces en mil doscientos y el de la familia Pujol en unos tres mil millones de euros. El propio Galindo indica que si las restricciones en dependencia superan los mil doscientos treinta millones de euros y las registradas en sanidad son incalculables, “las cifras dan de sobra para recuperar el Estado de bienestar”.

Hay un promedio de siete personas detenidas diariamente por casos de corrupción. En los últimos cuatro años, un total de siete mil ciento cuarenta, o sea, una auténtica epidemia de corrupción que cuesta más de quinientos euros anuales a cada español, cantidad que es fácil deducir que sigue creciendo si la media mensual es de diez casos detectados. El pasado mes de enero, recordemos, fue destapada la Operación Taula, estalló el asunto Acuamed y empezó a cobrar cuerpo la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.

La corrupción, como no puede ser de otra forma, es perseguida, de modo que en la última legislatura fueron detenidas siete mil ciento cuarenta personas. Según reconoce el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mientras en 2010 hubo trescientas ochenta y nueve detenciones, el año pasado se elevaron a dos mil cuatrocientas cuarenta y dos.

Más registros: trescientos sesenta y seis delitos de corrupción en 2010; y en 2015, fueron conocidos mil ciento ocho. Desde 2013, se ha superado el medio millar. Las tramas no se detuvieron, desde luego.

Y los hechos donde acampa la corrupción: fraude a la Seguridad Social (más del 16% de los casos), seguido del cohecho, la prevaricación y el fraude a la Hacienda Pública, con más un de un 8%.

Una epidemia, vaya que sí. Con un coste altísimo, que va más allá de las cantidades que representa pues revela el estado de una sociedad sacudida por cada impacto mediático, el aprovechamiento instalado como norma en determinados sectores, el enorme perjuicio que recae sobre la democracia y quienes se dedican a la política, considerados todos iguales en una injusta generalización, la permanente desconfianza y la extendida idea de que nada se hace en este país si no es a base de prácticas corruptas para las que no parece haber suficientes antídotos. Será que va en los genes o que la tentación es irresistible. Ya lo señaló el escritor y político colombiano José María Vargas Vila: “La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo”.