Tribunales

Desesperado intento municipal de suspender todo el juicio civil del caso Las Teresitas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a intentar, sin éxito, suspender la celebración del juicio civil que se inicia mañana acerca del llamado caso Las Teresitas, y que versa sobre la compraventa realizada por la Corporación local de 11 parcelas en primera línea de dicha playa a unos empresarios locales posteriormente anulada por el Tribunal Supremo.

Además, la providencia dictada ayer mismo por el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de la capital tinerfeña confirma lo adelantado por DIARIO DE AVISOS este domingo: el juicio se celebrará tal y como estaba previsto, pero no se dictará sentencia hasta que la vía penal del caso tenga una decisión en firme, lo que supone una demora que puede ser de hasta siete años.

Los nuevos intentos del Ayuntamiento capitalino de suspender el juicio están formulados en dos escritos presentados los pasados viernes día 12 y 19, es decir, el segundo a solo cinco días para el inicio.

El del día 12 se dirigió ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que investigó la llamada vía penal del caso Las Teresitas. El del día 19 reproduce los argumentos del anterior, pero se dirige ante el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de la capital tinerfeña, que es quien celebra ahora el juicio civil como ya se ha detallado.

La jueza del civil confirma que solo paralizará la celebración justo antes de dictar la sentencia

El pretexto municipal para que no se celebre este proceso (ya lo intentó hace meses, pero la Audiencia Provincial lo rechazó al no darse el momento procesal oportuno para ello) es el mismo de siempre, aunque la novedad radica en que ahora se intentó por la jurisdicción penal.

Para ello, el letrado que representa al Ayuntamiento insiste en que hay prejudicialidad penal, dado que, entiende, “sobre un mismo hecho [la referida anulación de la compraventa] se está siguiendo simultáneamente juicio penal (…) y juicio civil”, por lo que invoca la aplicación de normas procesales penales (concretamente el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), dado que las de enjuiciamiento civil (artículo 40) solo le han servido para frenar la sentencia, pero no la celebración del juicio. Esta maniobra a la desesperada del Ayuntamiento se apoya en la documentación presentada por los representantes de la empresa que vendió los terrenos, Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, a su vez imputados por la vía penal.

Imagen de archivo de la sede principal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. / da
Imagen de archivo de la sede principal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. / da

En concreto, los abogados de ILT argumentaron “solapamiento” de acción civil en ambos procedimientos, ya que -por enrevesado que parezca al lector no ducho en términos jurídicos- en la vía penal hay un aparte civil. Sin embargo, la titular del juzgado civil referido no solo descartó la pretensión del Ayuntamiento, sino que confirma que la prejudicialidad penal opera según dispone el citado artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como dictaminó la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en julio del año pasado.

La providencia dictada por la jueza con fecha de ayer no deja lugar a dudas cuando señala que “visto el estado de las actuaciones y de lo acordado por la Audiencia Provincial Sección tercera en auto de fecha 07/07/2015, procede la celebración del juicio y únicamente cuando queden los autos vistos para sentencia se acordará lo procedente sobre la suspensión por prejudicialidad penal, conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la L. E. Civil”.

Así las cosas, mañana se inicia el juicio civil por Las Teresitas, que si bien cuenta con hasta seis días fijados para celebrar, podría concluir este mismo viernes. Como plato fuerte está prevista la primera comparecencia pública que sobre este asunto realiza la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, una profesional cuya honradez y probidad está fuera de toda duda, pero cuya tasación de las parcelas en cuestión es clave para dilucidar un caso que protagoniza desde hace varios lustros la vida política de la capital provincial.