Pese a que todavía hoy son muchos los docentes y responsables de centros escolares que consideran a la Inspección Educativa como el “órgano fiscalizador” de la Consejería, lo cierto es que su labor es básica para el normal funcionamiento de los colegios e institutos del Archipiélago. No en vano, la propia Ley Canaria de Educación de 2014, que fue aprobada con un amplio consenso por la mayoría de fuerzas políticas y por los representantes del sector, considera “esencial” la labor de supervisión que realiza la Administración.
Por este motivo, y aunque la evaluación se hace cada curso, la Inspección Educativa ha ampliado en los dos últimos periodos escolares la auditoría a 126 centros del Archipiélago, 63 de Infantil y Primaria y otros 63 de Secundaria, aspecto que llevará a cabo entre los días 15 de febrero y 18 de marzo -y previa comunicación a los centros-, Según explica al DIARIO el viceconsejero de Educación, Juan Manuel Santana, durante un mes se analizarán aspectos como las programaciones, la práctica docente, los sistemas de evaluación y competencias del alumnado y aspectos de coordinación, con el objetivo de “mejorar el sistema”.
“Los equipos directivos de los centros participarán de este proceso de evaluación, conjuntamente con la Inspección, y todo ello alineado con los objetivos de la propia Consejería de Educación, como son la supervisión de los primeros ciclos de la Educación Primaria, donde se adquieren todas las áreas instrumentales básicas, porque eso previene dificultades posteriores de aprendizaje; y luego también aquellos cursos de tránsito, como son 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, que es donde más se debe incidir”, agrega Juan Manuel Santana, quien deja claro que esta actuación va encaminada, entre otras cuestiones, a mejorar los resultados del rendimiento escolar; a reducir el absentismo y el abandono escolar; a mejorar las tasas de titulación e idoneidad; o a favorecer la adquisición de las competencias clave y básicas por parte del alumnado de Canarias. “También queremos potenciar la participación de las familias en el proceso educativo y detectar, comunicar y difundir las buenas prácticas que se desarrollen en los centros educativos, así como colaborar en la coordinación de la implantación de los proyectos y programas de la comunidad europea, con especial atención a las lenguas extranjeras, la adquisición de competencias clave y medidas de atención a la diversidad”.
Así, los 63 inspectores con los que cuenta actualmente la Consejería serán los encargados de detectar problemáticas en el sistema educativo y su repercusión en los centros docentes, comunicándolas a los organismos competentes y proponiendo vías para su solución. “La Inspección siempre se vincula a una labor de fiscalización y de sanción, pero en este caso se trata de asesorar a los centros, para que todo el proceso docente en el aula vaya lo mejor posible, porque los beneficiarios son los alumnos”, concluye el viceconsejero.
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Informes específicos y de carácter administrativo
Aunque el análisis de las infraestructuras no entra en los ámbitos de supervisión específicos de la Inspección Educativa, el viceconsejero Juan Manuel Santana confirma que “sí se elaboran informes sobre aquellos aspectos básicos para el normal funcionamiento de los centros, entre ellos las instalaciones”. “La Inspección realiza informes en materia de personal, de infraestructuras, comedores, transporte, etc., que se dirigen al centro directivo competente, cuyos expedientes se orientan a cada ámbito competencial superior”, agrega Santana, quien recuerda que “la mayoría son expedientes administrativos, consultas o sugerencias sobre el normal funcionamiento del sistema; también se trata de quejas o reclamaciones, pero son pocos los expedientes disciplinarios que se incoan”.
Como ha venido publicando este periódico, son muchos los centros isleños que presentan graves deficiencias en sus infraestructuras, como es el caso del IES de Guaza. Al respecto, la consejera de Educación, Soledad Monzón, advirtió ayer de que cuando los ayuntamientos no cumplen con su responsabilidad de mantener los centros, “las deficiencias se convierten en estructurales”, y luego “se recurre al Gobierno para solucionar los problemas”.
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