PÚNICA

Los empresarios de la trama se referían al ‘cerebro’ David Marjaliza como “líder”

Los empresarios de la trama Púnica se dirigían con el reconocimiento de “líder” a David Marjaliza, presunto ‘cerebro’ de la red delictiva junto a Francisco Granados y que, sólo en municipios como Móstoles, consiguieron adjudicarse contratos públicos amañados por valor de más de 75 millones de euros por un servicios a prestar a lo largo de 15 años.

“Buenos días líder”, se refiere Pedro García, director de Mercado Público de Cofely, una de las empresas más beneficiadas por los contratos fraudulentos, en un correo remitido a Marjaliza el 25 de abril de 2013.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita en un informe que aparece en el sumario de la Púnica, y al que ha tenido acceso Europa Press, cómo Marjaliza y otros empresarios dirigían la asignación de los contratos “independientemente de cuál fuese la oferta económicamente más ventajosa”.

Las concesiones, según la unidad de la Guardia Civil, se amañaban “a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al consistorio de Móstoles”. Este mismo proceder se llevaba a cabo en otros tantos ayuntamientos madrileños, según la información recopilada en el sumario instruido por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

“Estos correos son indicativos del papel desarrollado por David Marjaliza”, explica la UCO en su informe. “Si Pedro García (Cofely) quiere hacer llegar algo al Ayuntamiento de Móstoles se apoya en David Marjaliza y su capacidad de influencia sobre cargos públicos”.

La UCO considera acreditada la existencia de “un concierto previo entre cargos públicos y directivos de Cofely para beneficiar los intereses de esa mercantil en futuros conciertos de eficiencia energética”.

El Instituto Armado constata que Marjaliza, a cambio de su mediación, exige que se realicen pagos de Cofely a Ruta Energética, una sociedad controlado por el presunto ‘cerebro’ de la Púnica. En el caso de Móstoles, por ejemplo, el alcalde de la localidad, Daniel Ortiz, y algunos de sus concejales estaban al tanto de la trama, ya que “habrían adquirido un compromiso con Cofely antes de la publicación del contrato”, de forma que era esta la empresa a la que se le adjudicaban las concesiones.

Las empresas de la trama Púnica conseguían contratos en los que explotaba en exclusiva servicios de gestión deportiva por 35 años y, en el caso de eficiencia energética, por 15 años.