Caso Áridos / Visto para sentencia

Francisco Javier del Rosario se enfrenta a la mayor multa medioambiental en las Islas

Del Rosario se quedó solo en el banquillo de los acusados del caso Áridos / A.GUTIÉRREZ
Del Rosario se quedó solo en el banquillo de los acusados del caso Áridos / A.GUTIÉRREZ

Francisco Javier del Rosario Fuentes, el único arenero que no aceptó el acuerdo de culpabilidad al que llegaron los otros tres acusados (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia), se enfrenta a la mayor multa jamás impuesta en las Islas por un delito ecológico, mientras cerraba el juicio con lágrimas y con un “creo que soy inocente”.

El joven empresario se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel -que podría ser reducida a cuatro por dilaciones indebidas, tras 11 años de instrucción- y a una multa por delito contra los recursos naturales cifrada en 69,6 millones de euros, aparte de los 42,5 que pide el Ayuntamiento de Güímar en el procedimiento civil por el daño causado por las canteras El Fregenal y El Llano II, la segunda, una de las más grandes y profundas en los barrancos de Güímar.

Mientras el fiscal Jaime Serrano-Jover, y el abogado de la acusación particular y popular, Carlos Álvarez, reclamaron en sus conclusiones que el que ellos consideran administrador único de Áridos del Atlántico S. L. pague de su bolsillo la rehabilitación de los barrancos, el abogado de la defensa, Rafael Sancho Verdugo, pidió la absolución del arenero, insistiendo que no había ninguna prueba de cargo y sí “mucha presunción” contra él porque no había ningún papel que le reconociera como administrador de derecho (no de hecho) de la empresa hasta diciembre de 2008, cuando estaba clausurada. En el alegato final del acusado, sorprendió a todos cuando adelantó que su cantera debería estar abierta desde hace más de un año, tras obtener el permiso del Cabildo (29 de enero de 2014), con quien se comprometió a un plan integral del tren del Sur para regenerar el suelo de los barrancos con los ocho millones de metros cúbicos de material que dejaría la obra del tren. Según los diferentes peritos que pasaron ayer por la sala antes de las conclusiones, de las canteras de Áridos del Atlántico se extrajeron más de cinco millones y medio de metros cúbicos de áridos (conocido como revuelto).

Durante sus conclusiones, el fiscal aseguró que se ha producido “de forma clara una agresión al medio ambiente, dañando de una manera irreparable al ecosistema del Valle de Güímar”. El fiscal consideró un agravante que, pese a que las canteras se precintaron en 2004, “hasta 2007 siguieron las extracciones”, pese a que la querella que inició este caso data de 2005.
Pese a ello, las extracciones se toleraron y los areneros “ganaron miles de millones porque medio Tenerife, digo mal, todo Tenerife se construyó con los áridos de Güímar”.

Más contundente todavía se mostró el abogado de la acusación particular y popular, Carlos Álvarez, que comenzó recordando que el letrado del acusado “fue juez instructor en la causa en 2006 y sobreseyó la imputación de Miguel Reyes y no desimputó a su hoy cliente”, del que dio hasta 60 firmas en que aparece como administrador de hecho, una figura “ya reconocida en sentencias del Supremo”, remarcó.

Álvarez trató de evidenciar, durante el desfile de peritos y testigos ante de las conclusiones, la posibilidad del peligro de un tsunami, insistiendo en que “se ha variado el cauce de los barrancos con el mayor delito ecológico de Canarias”. El letrado dijo que nadie discute el destrozo porque “basta con el impacto visual. No voy a discutir algo que está tan claro”. Álvarez entendió que por “los 11 años de dilaciones indebidas, entendería una condena de cuatro años”.

La defensa, Rafael Sancho, apenas dedicó su tiempo a desmentir el delito ecológico, del que parece evidente que nadie duda. El letrado trató de demostrar que su defendido nunca fue administrador de la empresa, solo un simple recadero de Miguel Reyes, a quien el fiscal definió como “testaferro”. El acusado es hijo de Julio del Rosario, dueño de Jurocasa (1973-1994), germen de Áridos del Atlántico, arrendado por el administrador oculto.

Las frases de peritos y testigos

Roberto Moreno, biólogo de APMUN: “Hay un fuerte impacto en el paisaje, que ha pasado de agrícola a industrial”

Pablo Oramas, ingeniero de caminos: “Las extracciones provocaron una alteración grave de los cauces de los barrancos”

Juan Luis Brito, arquitecto municipal: “Era habitual que quitaran el precinto; nos obligaban a acudir a los juzgados”