El director general del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, declaró ayer a este periódico que desde el Gobierno de Canarias se está buscando una solución “lo más rápida posible” para todos los afectados por los recortes del último Plan de Vivienda de 2009-2012, a través del cual se posibilitó el acceso a una vivienda de protección oficial a las familias desfavorecidas.
Este periódico publicó el pasado domingo que varias empresas del sector de la construcción de la Isla y promoción inmobiliaria, entre las que se encuentra la propia Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan), están al borde de la quiebra, ya que el Gobierno les adeuda un importe superior a los ocho millones de euros desde el año 2010 en concepto de subvención por la edificación de las viviendas incluidas en el Plan.
La crisis económica y los recortes del Partido Popular (PP) jugaron una mala pasada a todos los afectados que se quedaron sin cobrar. El director general aseguró, en este sentido, que el Gobierno asumirá la deuda que tiene contraída con los promotores y las familias, pero señaló que no puede dar una fecha exacta de cuándo van a recibir el dinero. “Cuando Patricia Hernández llegó a la Consejería de Empleo del Gobierno manifestó su voluntad de ir atendiendo poco a poco las necesidades de todos los implicados”, ya que, añadió, “aunque no hay un compromiso legal, puesto que el impago es por la situación económica, sí hay un compromiso moral y decente”.
Pérez recordó que, por ejemplo, el año pasado el Gobierno ya pagó algunas líneas incluidas en este Plan. Y enumeró a los afectados por la hipoteca joven o los alquileres de viviendas de protección oficial. “Y así lo seguiremos haciendo”, aseveró. No obstante, Pérez matizó que estas subvenciones se atenderán “siguiendo el orden marcado y en función de las necesidades”. El director general admitió que para aquellos que llevan años esperando puede resultar una “agonía”, pero explicó que, “además de cumplir con los compromisos del pago de las subvenciones a los afectados por el Plan de vivienda, también hay que atender el día a día”. En cualquier caso, Pérez quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los promotores y les aseguró que se “atenderá” la deuda, aunque no pueda “darles un plazo de cobro”.
ACCIONES CONJUNTAS
Una de las empresas afectadas por el incumplimiento en el abono de esas subvenciones por parte del Gobierno regional se encuentra en una angustiosa crisis de tesorería que empieza a hacer tambalear su continuidad. Por este motivo, ya han anunciado que están estudiando unirse para llevar a cabo acciones conjuntas con la finalidad de que se proceda al cumplimiento de los compromisos asumidos en 2010 y, al mismo tiempo, se depuren las responsabilidades políticas y jurídicas que procedan.