economía

El Gobierno canario lleva al borde de la quiebra a varias constructoras

Las empresas asumieron el coste de la construcción de viviendas protegidas a la espera de la ayuda oficial. | DA
Las empresas asumieron el coste de la construcción de viviendas protegidas a la espera de la ayuda oficial. | DA

El Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias adeuda en la actualidad subvenciones por un importe superior a los ocho millones de euros a diversas empresas de construcción y promoción inmobiliaria del Archipiélago, de las cuales una decena de ellas están asentadas en la provincia tinerfeña. Esta deuda data de 2010, cuando el Gobierno autonómico concertó el último Plan de Vivienda, que abarcaba el período 2009-2012, a través del cual se posibilitó el acceso a una vivienda de protección oficial en distintos puntos de la geografía regional a familias desfavorecidas. Igualmente, buena parte de los ciudadanos que se acogieron a las ayudas para la adquisición de este tipo de construcciones aguardan también el ingreso de la subvención comprometida hace ya más de cinco años.

El Ejecutivo regional puso en marcha este plan para facilitar a las familias con escasos recursos el acceso a una vivienda de protección oficial (VPO), abaratando notablemente su coste gracias a la subvención a la promoción y construcción de estas edificaciones y, por otra parte, concediendo ayudas directas a los ciudadanos que accedieron a estas viviendas preferenciales.

Las sociedades afectadas estudian tomar medidas conjuntas y exigir responsabilidades

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, entre las empresas gravemente afectadas por el incumplimiento en el abono de esas subvenciones por parte del Gobierno de Canarias se encuentran también algunas entidades públicas -como es el caso de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan), dependiente, curiosamente, del mismo Gobierno de Canarias-, que padecen una angustiosa crisis de tesorería provocada por la paralización de estos pagos y que ya empieza a hacer tambalear su continuidad. Por su parte, las empresas privadas afectadas se reunirán en los próximos días para estudiar cómo llevar a cabo acciones conjuntas con la finalidad de que se proceda al cumplimiento de los compromisos asumidos en 2010 y, al mismo tiempo, se depuren las responsabilidades políticas y jurídicas que procedan.

No obstante, más allá de emprender acciones para desbloquear esta situación, fuentes cercanas a las citadas empresas privadas alertan del peligro que supone esta situación y que en varios casos ya amenaza, incluso, con llevarlas a la quiebra en muy poco tiempo. De hecho, varios responsables de las empresas afectadas aseguran que si el Gobierno de Canarias no toma cartas en el asunto de manera inmediata muchas de estas constructoras y promotoras se verán obligadas a cerrar forzadas por la deuda que el Instituto Canario de la Vivienda mantiene con estas sociedades mercantiles.

VOLUNTAD Y ENGAÑO
Con todo, las entidades que sufren la morosidad del Ejecutivo autonómico sugieren que si existiese una verdadera voluntad por parte de los partidos que conforman el Parlamento de Canarias y de las propias formaciones presentes en el Gobierno regional se podría encontrar una salida a esta grave situación que puede acabar con la desaparición de un importante número de sociedades y, como consecuencia, la eliminación de miles de puestos de trabajo.

Las empresas afectadas señalan que “se sienten engañadas y utilizadas por los políticos de turno, que hace seis años se sacaron la foto entregando las llaves de las viviendas a centenares de familias con problemas gracias, de momento, a un falso esfuerzo inversor del Gobierno de Canarias”; y es que hasta que no se haga efectivo el abono de las citadas subvenciones, las únicas que han contribuido a abaratar esas viviendas protegidas han sido las empresas constructoras que hoy están en apuros por culpa del incumplimiento de la administración autonómica.