ECONOMÍA

La inapreciable rebaja de la renta

AGENCIA TRIBUTARIA HACIENDA CANARIAS
Imagen de dos contribuyentes en la sede de la Agencia Tributaria en Canarias. / EP

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la bajada de las retenciones sobre el IRPF que entró en vigor este mes de enero, y que supone una nueva rebaja de hasta un 3% en las retenciones de las nóminas, apenas se traducirá en un ahorro de 78,11 euros anuales de media para el conjunto de los contribuyentes. Esta nueva reducción del IRPF es la última fase de la reforma llevada a cabo por el anterior gobierno después de que el pasado mes de julio se adelantara el grueso de la rebaja programada para este año.

Estas nuevas medidas costarán a las arcas públicas 1.500 millones de euros comprometiendo el objetivo de déficit público fijado para España, que era del 4,2% del PIB para 2015 y del 2,8% en 2016. La nueva tarifa, que se aplicará a la base liquidable general, reduce tanto el número de tramos (de siete a cinco) como los tipos marginales, y, según Gestha, “vuelve a poner de manifiesto la desigualdad del sistema tributario español, ya que perjudica la progresividad del IRPF al beneficiar más a las rentas más altas, independientemente de su situación familiar”. De hecho, el ahorro fiscal aumenta paradójicamente a medida que lo hace el nivel de ingresos. Es el caso de los contribuyentes que obtienen hasta 30.000 euros y que con la nueva medida conseguirán un ahorro del 1,63% frente al 1,82% que lograrán aquellos que ingresan hasta 40.000 euros, unas cinco veces menos que el ahorro que logra el que gana un millón.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la rebaja fiscal tiene un alcance muy desigual, ya que permitirá un mayor ahorro cuanto mayor sean también los ingresos”. Asimismo, insistió, “empeora la equidad y progresividad proclamadas en el artículo 31.1 de la Constitución”.

Gestha advierte de que la declaración de bienes en el extranjero choca con la Constitución

En cuanto a la reducción de los tipos impositivos de la base del ahorro, según los cálculos de Gestha, los grandes beneficiarios de la rebaja son también los grandes patrimonios. “En concreto, hablamos de aquellos declarantes que ingresan más de 150.000 euros y cuyas rentas del ahorro se sitúan en una media entre los 57.412 y los 674.090 euros”, explicó Mollinedo.

En este sentido, la nueva reforma provoca que apenas un 0,6% de las personas que declaran rentas del capital concentren el 42,8% del ahorro global que lograrán los contribuyentes.

Asimismo, los técnicos de Hacienda alertan también de otra medida adoptada por el Ministerio como es la declaración de los bienes en el extranjero, y señalan de las duras consecuencias fiscales y excesivas sanciones derivadas de no declarar, o hacerlo fuera de plazo. Mollinero considera que podría “vulnerar la Constitución española” y el derecho europeo, pues choca con aspectos claves de la Carta Magna y de los tratados europeos, como son los principios de prescripción, culpabilidad, o contribución.

La paradoja de Buffet, ‘made in Spain’

Con esta reforma fiscal sobre las rentas del trabajo y del ahorro se repite en España la paradoja denunciada por Warren Buffet, quien reconoce pagar comparativamente menos impuestos en EE.UU. que su secretaria. El hecho de que la renta del ahorro tribute a unos tipos inferiores a la renta general provoca esta desigualdad en el reparto de la carga impositiva entre los contribuyentes. A este respecto, Mollinero denuncia que el tipo real del IRPF es el mismo para un contribuyente que gana 600.000 euros anuales por rentas de capital que para un ciudadano que ingresa 26.000 euros por su trabajo o su actividad empresarial, “lo que favorece a las rentas más elevadas que contribuyen menos y perjudica a los contribuyentes medios que soportan más carga fiscal”.

Mollinero recordó que en diciembre, antes de las elecciones, ya reclamó a los partidos políticos acabar con la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. En esta misma línea, “pedimos aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF para mejorar la progresividad de los ingresos más elevados y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota”.

Más progresividad

· Fraude fiscal. Gestha propone elaborar informes oficiales para conocer exactamente la verdadera cifra de economía sumergida en España y volumen del fraude fiscal y laboral. En la lucha contra el fraude fiscal también es necesario, según Gestha, que tanto el Estado como las comunidades autónomas trabajen en una misma dirección. Por ello, pide una mayor coordinación para compartir herramientas que detecten los focos de fraude.

· Paraísos fiscales. Teniendo en cuenta que las grandes empresas y fortunas son responsables del 72% de la evasión total en España, Gestha considera imprescindible que las entidades financieras que operan en paraísos fiscales faciliten la información de las personas o entidades que sean titulares de productos financieros en dicha entidad. En caso de no colaborar, pide que se emprendan una serie de medidas que puedan derivar, en los supuestos más graves, en la retirada de la ficha bancaria.

· IRPF progresivo. Los técnicos proponen reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. En esta misma línea, piden aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

· SICAVS. Con el objetivo de evitar la elusión de las grandes fortunas, Gestha sugiere modificar la Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

· El que contamina, paga. Gestha propone una redefinición del amplio catálogo de impuestos medioambientales vigente de acuerdo al principio europeo de quien contamina paga, destacando cómo los vehículos deben pagar el Impuesto de Matriculación según sus niveles de CO2, NOx y partículas.