El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado investigar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a la concejal de Cultura, Celia Mayer, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, porque “no ejecutaron actos ni vertieron expresiones” que permitan considerarlos responsables del delito que se atribuye a los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García.
El magistrado se ha expresado así en un auto en el que admite a trámite las querellas que presentaron la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) en lo que afecta a Lázaro y García por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales en los carnavales del distrito madrileño de Tetuán, en los que mostraron un cartel con la leyenda ‘Gora Alka-ETA’, en referencia a las organizaciones terroristas Al Qaeda y ETA.
Sin embargo, rechaza a investigar a la regidora de la capital, la edil de cultura y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrer Prada, al argumentar que el delito que la AVT les atribuyó requiere un “comportamiento activo” que, en su caso, no se ha perpetrado.
El juez, que no impone ninguna fianza a ambas acusaciones puesto que interpusieron sus querellas con el procedimiento ya iniciado, hace suya la argumentación del fiscal Pedro Rubira al incidir en que “no existen datos objetivos” que de dichos cargos “hayan ejecutado actos o vertido expresiones que permitan considerarlos responsables del delito de enaltecimiento del terrorismo”.
QUERELLAS DE LA AVT Y DYJ
La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrer, al considerar que, “por los cargos administrativos y políticos” que ocupan en el consistorio, “tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar”.
Por su parte, DyJ acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una “incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia” cuando mostraron durante la escenificación “acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja”, ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.
Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.