Tribunales

La jueza del civil del caso Las Teresitas confirma que no dictará sentencia hasta que acabe el penal

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Serrano, confirmó ayer durante la sesión final del juicio civil sobre el llamado caso Las Teresitas que, concluida la vista, suspenderá la misma y no dictará sentencia hasta que concluya en firme la vía penal, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado domingo. Eso sí, la jueza confía en que no tenga que esperar unos siete años para que tal circunstancia ocurra, si bien el esperado juicio penal aún carece de fecha para su inicio. La finalización del civil trajo consigo la reafirmación de los empresarios en su demanda contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y viceversa, además de un duro ataque del perito propuesto por aquellos, Jorge Duatis, contra una tasación realizada por Pía Oramas, arquitecta municipal cuando se formalizó la compraventa de terrenos que luego anuló el Tribunal Supremo.

Duatis, profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, no reparó en calificar el trabajo de Oramas -que tasó en algo más de 19 millones de euros los aprovechamientos de las parcelas del frente de playa por las que luego pagó 52 el Ayuntamiento- con expresiones tales como “errores colosales” y “resultados absurdos”. Para justificarlos, el especialista en tasaciones destripó lo realizado por Oramas hasta dar con lo que anunció como fallos materiales en la traslación del informe de la Universidad Carlos III (en el que se basó la tinerfeña) y que habrían conducido a una valoración tan baja.

El profesor Jorge Duatis expuso ayer su pericial. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
El profesor Jorge Duatis expuso ayer su pericial. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

En su opinión, los 179.600 metros cuadrados de las 11 parcelas adquiridas por el Ayuntamiento a los empresarios tenían en aquel 2001 un valor de 58,9 millones de euros ya que, al igual que el también perito de parte Javier Domínguez Anadón, las posibles afecciones legales de dichos terrenos no afectan al valor de los mismos o son de posible (y obligatoria) compensación, especialmente en cuanto a volumen de edificabilidad. También lamentó que Oramas no justifique el uso de ciertas coordenadas en su trabajo, por otra parte nada extraño dado que la exarquitecta municipal reconoció el pasado miércoles que apenas contó con seis días para redactar un informe que luego no se adjuntó al expediente de la playa por las presiones que dijo recibir.

La sorpresa llegó cuando el letrado municipal, Juan Luis Estévez, arremetió duramente contra Duatis sobre conceptos básicos en vez de sobre la metodología que preconizó el profesor como adecuada y, desde luego, superior a la utilizada por Oramas. Estévez puso en apuros a Duatis al recordarle que el resumen utilizado por Oramas no constaba en autos (aunque parezca mentira, solo está su informe inicial y no el trabajo posterior que sintentizaba ese, el de la Carlos III y otro más de Gabinete Tasaciones) y, aún más llamativo, desvelar que el profesor sostenía en su trabajo que ya existía un hotel y dos centros comerciales en la zona cercana a la playa. Fue entonces cuando la jueza sorprendió a todos al preguntar “¿alguien ha visto el proyecto de urbanización?”, un documento sobre cuya existencia Duatis reconoció que daba por supuesto y que le extrañaba que tampoco figurase en lo actuado.

Llegó el turno para las conclusiones, en las que el letrado de Inversiones Las Teresitas, Ángel Luis Guimerá, se empleó a fondo en explicar que no se podían devolver los terrenos por cuanto jurídicamente ya no existían y que era el Ayuntamiento quien debía pagar la diferencia según la tasación que se estimase adecuada, además de poner el acento en que tanto Oramas como Elías Moreno y Berta Álvarez (que testificaron el pasado miércoles) eran trabajadores municipales y, por tanto, el Ayuntamiento ni siquiera había aportado una pericial para defender su reconvención (responder a una demanda por otra).

A su vez, Estévez recalcó que eran los empresarios quienes tenían que reembolsar los 52 millones y que lo que se dirime es la propiedad de los terrenos y, por ende, la de la parcela hotelera de 40.000 metros cuadrados que se reservó el Ayuntamiento y que, según un informe del Gobierno de Canarias inédito hasta la sesión del miércoles, vale dos millones más que todo lo pagado por el frente de playa.