MEDIO AMBIENTE

La justicia europea dice que España incumple las normas de la UE en 30 vertederos

Vertederos España
El Tribunal ha sentenciado que España “no adoptó las medidas necesarias” para solicitar a las entidades explotadoras la elaboración de un plan de acondicionamiento para tres vertederos de residuos no peligrosos en Juan Grande, Zurita y Ortuella. / EP

El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado este jueves que España ha incumplido la normativa comunitaria relativa al vertido de residuos en 30 vertederos, entre ellos los de Juan Grande y Zurita, en Gran Canaria y Fuerteventura, en un fallo que da la razón a la denuncia realizada por la Comisión Europea.

El Tribunal ha sentenciado que España “no adoptó las medidas necesarias” para solicitar a las entidades explotadoras la elaboración de un plan de acondicionamiento para tres vertederos de residuos no peligrosos en Juan Grande, Zurita y Ortuella (País Vasco).

Además, las autoridades tampoco aseguraron la ejecución completa de dicho plan dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a la que se refiere la Directiva.

El Tribunal señala que la fecha pertinente para apreciar un incumplimiento en este asunto es el 25 de marzo de 2013, día en que expiraba el plazo fijado por la Comisión Europea, y añade que España “no ha demostrado” que las obras necesarias para ajustar estos vertederos a la directiva se realizaran antes de esa fecha.

Por otra parte, el Tribunal manifiesta que las autoridades españolas tampoco adoptaron las medidas necesarias para cerrar “a la mayor brevedad posible” las instalaciones que no obtuvieron autorización pertenecientes a otros 27 vertederos, nueve de ellos de residuos no peligrosos y 18 de residuos inertes.

En este sentido, recalca que España “tampoco ha demostrado” que las obras necesarias para que se ajusten a la Directiva estos otros 27 vertederos “hayan sido ejecutadas en los plazos fijados” y las autoridades españolas “no han expuesto razones específicas que justifiquen por qué no se respetaron esos plazos”.

De esta forma, el Tribunal da la razón a la Comisión, que sostuvo que sus investigaciones y el análisis de las respuestas de las autoridades españolas a lo largo del procedimiento administrativo “permitieron evidenciar el incumplimiento de varias de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria”.