Santa Cruz-Caso Mamotreto

El juzgado pide al Ayuntamiento que informe trimestralmente sobre el mamotreto

El alcalde, José Manuel Bermúdez, reiteraba ayer a los medios de comunicación que la intención municipal es cumplir con la sentencia que pesa sobre el edificio de aparcamientos a medio terminar en la playa de Las Teresitas, el conocido como mamotreto. Bermúdez detalló que “tenemos una sentencia firme, unos informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y lo que vamos a hacer es cumplir la sentencia, siempre en la vía de lo que nos indiquen los servicios jurídicos municipales y del propio juzgado”. En ese sentido, el alcalde avanzó que el juzgado de lo Penal número 5, encargado de la ejecución de la sentencia, ha pedido al Ayuntamiento que informe trimestralmente sobre los pasos que está dando para hacer efectiva la sentencia. “Estamos redactado el proyecto de demolición y si no ocurre algo, o por parte del juzgado o por parte de los servicios jurídicos, seguiremos en la misma línea que habíamos dicho”.

Este jueves, el edil de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, avanzaba que el informe elaborado por su área y en el que se concluye que no se puede ejecutar la sentencia, también será enviado al juzgado junto con los otros tres que señalan que en estos momentos no hay nada que impida que el mamotreto sea derribado tal y como establece el fallo judicial. “Todos los informes son preceptivos, oportunos y necesarios”, defendía el edil de Infraestructuras para añadir que “las conclusiones de los técnicos no son contradictorias”, a pesar de lo que, al menos la de la jefa de los servicios jurídico municipales, desmonta, punto por punto, los argumentos de la directora general de Infraestructuras para pedir un incidente de inejecución al juzgado.

El mamotreto está a la espera de que el juzgado reciba todos los informes. / J. G.
El mamotreto está a la espera de que el juzgado reciba todos los informes. / J. G.

La empresa pública Gestur redacta el proyecto de demolición total del mamotreto, una vez que, precisamente los informes previos al del área de Díaz-Estébanez, llegaran a la conclusión de que no había cabida para mantener un proyecto de demolición parcial. La empresa pública tiene tres meses -los mismos que fija el juzgado para recibir información- para presentar el proyecto final de derribo.