Cumple siete meses en un cargo de nueva creación, el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Licenciado en Historia, Néstor Hernández, del PSOE,  fue concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria y ahora tiene ante sí un reto descomunal: lograr que los miles y miles de canarios pobres y sin trabajo puedan tener empleo y un salario digno.

Con esta meta, que suena muy bien, pero a su juicio requiere incluso actuar sobre problemas estructurales de la economía canaria, el comisionado anuncia que ya existe un borrador de Ley del Tercer Sector que permitirá que las entidades sin ánimo de lucro (ONG, cooperativas, fundaciones…) opten a concursos públicos.

También se halla ya en elaboración el nuevo Plan de Inclusión Social y la Ley de Servicios Sociales, y para este año estará lista la normativa que posibilitará incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de las adjudicaciones públicas.

Aboga por abrir el debate sobre la redistribución fiscal de la riqueza en Canarias, para obtener más fondos para la Prestación Canaria de Inserción y las ayudas de la Ley de Dependencia.

-Su cargo es nuevo y es aún poco conocido. ¿Cómo está funcionando la coordinación de políticas que le han encomendado?
“Mi función es coordinar toda la acción del Gobierno en dos grandes objetivos: el desarrollo de la Ley del Tercer Sector, sobre la que ya hay un texto elaborado para elevarlo al Consejo de Gobierno; y también la redacción del marco normativo que incluya cláusulas sociales en los contratos de la Administración Pública. Un objetivo este que se va a canalizar a través del ICAP, dirigido a los jefes de contratación pública de Canarias, y la redacción de una norma, cuyo borrador estará este año”.

-¿Se puntuará más a las empresas que demuestren mayor responsabilidad social?
“El objetivo es que la Administración, cuando adjudique un contrato para la adquisición de bienes o prestación de un servicio o para obras, incluya obligatoriamente ítems que faculten al que adjudica a premiar a aquella empresa que mejores condiciones laborales propone. Sí, voy a proponer al Gobierno que en los pliegos de condiciones se premie, por ejemplo, a las empresas que se comprometan a garantizar la aplicación de los convenios marco en lugar de los convenios de empresa”.

-¿Existen problemas jurídicos para esas cláusulas sociales?
“Con los ejemplos que hemos contrastado de otras comunidades autónomas y otros países con marco contractual similar al español, no hay limitaciones, siempre que no se atente contra la normativa de contratación de las administraciones públicas. Cada una puede poner los condicionantes que quiera. Igual que fijamos la calidad de construcción de los materiales o las características técnicas de una infraestructura, la Administración también puede premiar a las empresas que mantengan la calidad del empleo. Aquí debo recordar que la OCDE sacó un informe hace unos días en el que alerta de la precarización laboral en el mundo y que está llevando al descenso de la demanda, al punto de que estamos en el umbral de una recesión. Y una de las medidas para corregirla es precisamente aumentar la demanda. O corregimos eso, de tal manera que se incrementen las compras, o podríamos entrar en una segunda recesión”.

-Por tanto, defiende usted estimular el consumo, entiendo que en el sentido de que la lucha contra la pobreza implica dar trabajo con salario digno a los desempleados…
“Sí. Y estimular el consumo solo se consigue con dos fórmulas, que sepamos, la keynesiana de más obra pública, y otra la que ejercen los países nórdicos, salarios dignos. Y llamo la atención sobre que la época de máximo crecimiento de EE.UU, años 50 y principios de los 60, coincide con la mayor presión fiscal en ese país, y los países que hoy tienen los salarios más dignos, mejores prestaciones y una economía más estable, los nórdicos, tienen una presión fiscal también más elevada. Y me atrevo a sugerir más: habría que consolidar un esfuerzo de armonización fiscal en la UE, pues no puede ser que los distintos Estados miembros hayan entrado en una carrera a ver quién tiene el impuesto de sociedades más bajo para captar inversión. Y fomentar que los Estados europeos obtengan más ingresos para que puedan tener más empleo de calidad y más obra pública”.

-Estas cláusulas sociales en la contratación pública ¿cuándo se podrán aplicar en Canarias?
“Esperemos que el próximo año, y que en este ya tengamos listo el borrador de la norma para que se inicie el proceso de aprobación”.

-Hablaba usted antes de la Ley del Tercer Sector…
“Sí, ya hay un borrador pendiente de llevar al Consejo de Gobierno, para que inicie el proceso de información pública”.

-¿Qué va a suponer para las ONG canarias esta ley?
“Viene derivada del marco normativo europeo y es una demanda además de APN, la asociación europea de lucha contra la pobreza en sus siglas en inglés, y no solo de las ONG, sino de las empresas de inserción. Finalmente, se aprobó una ley estatal, según las ONG bastante descafeinada, y esta de Canarias era un compromiso electoral de Patricia Hernández. Uno de los objetivos es coordinación de los esfuerzos de las ONG, creando un ámbito de trabajo común. Otro es poner en valor que las ONG no solo son un brazo social, a la hora de plantear prestaciones sociales que debería cubrir el Estado, sino también una oportunidad de generar empleo”.

-¿Cómo va a propiciar el Gobierno que las ONG creen trabajo?
“Habrá que canalizar esfuerzos para que oferten empleo. Uno de los mecanismos es que puedan concursar con garantías en adjudicaciones de servicios de la Administración autonómica. Eso hoy es bastante complicado. Hemos querido que no solo esté destinada esa ley a las ONG, sino a todo tipo de organización privada que no tenga ánimo de lucro, y cuyo objetivo esencial sea la prestación de servicios a la sociedad: cooperativas, fundaciones, empresas de economía social o las ONG en el sentido más clásico”.

-Pero ¿cómo podrían las ONG acudir a esos concursos y competir con empresas?
“Tenemos que generar las oportunidades para que puedan competir en igualdad de condiciones. No se trata de restar nada a las grandes empresas, pero sí generar las condiciones para que las ONG compitan en condiciones de igualdad. Eso se puede hacer con la combinación de la Ley del Tercer Sector, cuando esté en vigor, además de con el marco de las cláusulas sociales. A los desiguales hay que darles el apoyo necesario para que tengan igualdad de oportunidades”.

-¿Ha logrado que todas las consejerías del Gobierno canario se impliquen en la lucha contra la pobreza, como usted pretendía al tomar posesión del cargo?
“Sí, perfectamente. Este Gobierno está haciendo un inmenso esfuerzo. De un total de 60 millones de incremento global este año en el presupuesto, las politicas sociales o de equidad prácticamente acaparan el 80%. ¿Cómo es posible eso? Hemos logrado que otras consejerías cedan en función de un problema gravísimo, como es la pobreza. Estamos haciendo políticas de choque, también con la ley de modificación de crédito que se aprobó en noviembre y que permitió que en diciembre, con respecto a abril de 2015, se duplicara el número de beneficiarios de la prestación canaria de inserción (PCI). De un total de poco más de 5.000 llegamos a 9.500. Por supuesto que falta más dinero, porque hay más necesidades por cubrir”.

-Pese a los avances, hay un gran enfado en miles de personas por el retraso en la declaración de discapacidad y en el cobro de la PCI. ¿No se está volviendo un problema inabordable?
“El Gobierno del Estado le ha restado a Canarias 1.500 millones al año en los últimos cuatro años, o sea tanto como un presupuesto de la Comunidad Autónoma en cuatro años. El área de Políticas Sociales tiene algo más de 530 millones. Por tanto, tenemos un claro problema de financiación estatal. Por eso hay que ahondar en la estructura federal del país. El Archipiélago tiene ahora mismo, de una población activa de 1,1 millones de personas, 450.000 beneficiarios de prestaciones sociales, entre pensiones no contributivas, del paro y PCI. Y el envejecimiento de la población está acelerado. Por tanto, no va a quedar más remedio que aumentar los recursos”.

-¿Pero qué soluciones ve usted para aumentar recursos?
“Varitas mágicas no hay. Esperemos que un nuevo Gobierno estatal recupere la sensibilidad con Canarias y lleguen más recursos. Pero lo que nos dicen los expertos es que la redistribución de los beneficios es la única salida. Esta comunidad ha tenido un incremento del PIB de más de 1.000 millones. Tenemos una afluencia de turistas récord. La obtención de recursos pasa por una redistribución fiscal”.

-¿Pero con nuevos impuestos?
“Ahí el debate debe abrirse. Tenemos que diseñar una redistribución de los recursos más justa. Y también pasa por estrategias como, por ejemplo, la de la Consejería de Turismo y la de Agricultura para apalancar el desarrollo de la agricultura en el turismo, haciendo que los hoteles prioricen la adquisición de la producción agrícola canaria. Pero esa medida no será con efectos a corto plazo”.

-¿Cómo va la elaboración del Plan de Inclusión Social?
“Se han desarrollado dos grandes grupos de trabajo: uno interadministrativo, con la Fecam, la Fecai, ONG, empresarios, sindicatos… Se han organizado cinco mesas de trabajo muy amplias y hay un documento. Hay otro grupo, el consejo de personalidades de referencia, con mas de 30 personas invitadas, de distintos ámbitos, científico, económico, sanitario, laboral…, personas de prestigio. Nos daremos cinco meses para elaborar propuestas, y luego se iniciará, junto con un estudio diagnóstico de las dos universidades, la redacción de ese documento final que se propondrá al Gobierno canario”.

-¿El Plan de Inclusión tiene el objetivo de dar trabajo a quienes estén en riesgo de exclusión?
“Sí, el objetivo es que las personas vivan en condiciones de dignidad, y la dignidad la da, entre otras cosas, un trabajo con salario justo y empleo estable”.

-Pero esto que suena bien, miles de ciudadanos se preguntarán cuándo notarán esos planes…
“La pregunta la comprendo, porque soluciones milagrosas no hay, pero las acciones que se han desarrollado hasta ahora han sido urgentes, aunque no improvisadas, y la urgencia a veces nos lleva a no abordar el origen del problema. Y el Gobierno está actuando sobre el origen del problema: incrementando 25 millones en sanidad, 48 en politicas sociales, vivienda y empleo, 1,3 para los comedores escolares… El 75% del presupuesto va dirigido a sanidad, educación, empleo, vivienda y políticas sociales. Pero hay un problema estructural porque los datos de pobreza y marginalidad de hoy son similares a 2009 y 1999, que era época de expansión. Tenemos que abordar soluciones distintas a las politicas habituales”.

-¿La elaboración de la Ley de Servicios Sociales está avanzada?
“Hay unas ideas básicas que se han traslado al Consejo General de Servicios Sociales, que este órgano ha enriquecido, y el viernes se celebró la primera mesa de coordinación, en este caso con los colegios profesionales, y luego será con Fecam, Fecai y ONG. Y ese documento base, a partir de hoy, recibirá aportaciones y a partir de ahí haremos la ley que Canarias necesita, y será la más legitimada porque será la más participada, por instrucciones directas de Patricia”.

– ¿Debería haber más albergues?
“No. Una sociedad justa debería pensar que las personas sin hogar no se atienden así, y menos cuando la crisis actual hace que los perfiles de las personas que van a los albergues sean muy dispares, y necesitan una intervención en unos casos solo social, en otros solo laboral, otros sociosanitaria y otros de drogodependencia. El modelo actual hay que repensarlo, porque los ayuntamientos no han tenido los recursos necesarios. Y además, la aspiración de un político justo sería que los albergues deberían entrar en el olvido, y eso solo es posible con salarios justos y servicios asistenciales justos”.