La Ley del Suelo vaciará de poder la Cotmac y dará su función a la Justicia

Reunión de Clavijo con representantes del sector primario para presentarles el anteproyecto de la Ley del Suelo. / DA
Reunión de Clavijo con representantes del sector primario para presentarles el anteproyecto de la Ley del Suelo. / DA

El anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, que refundirá y modificará las actuales sobre ordenación del territorio y medio ambiente, supondrá la desaparición de la Comisión para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) como órgano administrativo que tenía hasta ahora encomendado controlar si los planes generales de los ayuntamientos o los insulares de los cabildos cumplían la legalidad en el Archipiélago.

En el preámbulo del texto elaborado por el Gobierno regional, y publicado ayer en la web del Ejecutivo, se especifica que el nuevo modelo para tramitar planes implica que “el control de la legalidad” previo queda “en la Administración promotora” del planeamiento “y, en su caso, en los tribunales de Justicia”.

De este modo, la futura ley implantará un modelo “monofásico” de aprobación, es decir, ya no será el Gobierno canario, a través de la Cotmac, el que aprobará de forma definitiva el planeamiento que elaboren y aprueben de forma inicial otras administraciones, sino que serán directamente los ayuntamientos los que tengan la última palabra sobre los planes generales.

“En este caso, la intervención de las administraciones afectadas [por un plan] distintas de la competente para aprobarlo se verifica mediante la emisión de informes sobre sus competencias, no sobre legalidad, ni menos aún sobre cuestiones de oportunidad”, explicita el preámbulo, que añade que esta fórmula “monofásica” la aplican ya otras comunidades autónomas.

Lo que hoy conocemos como la Cotmac es un órgano cuyo pleno lo preside el consejero de Política Territorial del Gobierno canario y lo forman además representantes de varias consejería autonómicas, de cabildos y ayuntamientos, así como de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Consta además de sendas ponencias técnicas provinciales integradas también por representantes de colegios profesionales de arquitectos e ingenieros industriales.

Pues bien, esa estructura quedará desmontada, y la previsión del artículo 13.4 de la proyectada ley es que la Consejería de Política Territorial “constituirá un órgano colegiado, del que al menos formarán parte representantes de los departamentos autonómicos afectados, con objeto de emitir un informe único en la tramitación de los instrumentos de ordenación, así como, en su caso, para actuar como órgano ambiental, en los supuestos previstos en la ley”.

La única alusión en el anteproyecto de ley a la hasta hoy todopoderosa Cotmac es en la disposición transitoria vigesimotercera, que dice así: “En tanto el Gobierno de Canarias procede a regular la composición, la estructura y el régimen de funcionamiento del órgano a que se refiere el artículo 13.4 , la Cotmac asumirá el desempeño provisional de las funciones señaladas en ese precepto, así como cualesquiera otras competencias atribuidas genéricamente a la Administración autonómica por esta Ley. En todo caso únicamente intervendránlos representantes de los distintos departamentos de la Administración autonómica, incluyendo la Apmun”.

La justificación de todos estos cambios, según el referido preámbulo, es “agilizar” los trámites y para ello se ponen también límites temporales a los informes de las Administraciones afectada, y se recuerda que “la normativa estatal dispone la no valoración de los informes y alegaciones emitidos fuera de plazo”.

La normativa vigente, “un lastre”

El preámbulo del anteproyecto expone que la abundante normativa urbanística, territorial y ambiental se ha convertido “en una carga que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que las justifican, que, en ocasiones, se transforman en meros obstáculos, no siempre explicables, que dificultan o, incluso impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio”.

Y se reitera en el documento que “valorada en su conjunto” esta normativa, “estas deficiencias explican que la regulación del suelo se haya convertido no en un elemento de ordenación y de equilibrio, sino, en buena medida, en un lastre para la planificación y para el ejercicio ordenado de actividades sociales y económicas”. Asimismo, el anteproyecto de ley juzga“excesivamente pretenciosos” los contenidos que asume el planeamiento en Canarias.