tribuna

Modelo territorial caduco

Desde distintas perspectivas -y más desde este archipiélago atlántico- se percibe claramente que el Estado de las Autonomías ya no da más de sí, de que ya no es capaz de dar soluciones a los problemas actuales, y que requiere -lleva décadas requiriéndolo- de una reforma urgente y en profundidad, y es un clamor que el único modelo viable que puede sustituirle con mínimas garantías de éxito, es el federal. Para adoptar el federalismo bastaría que se proceda a operar algunos cambios en el diseño constitucional del modelo como, por poner solo las medidas más relevantes, una simplificación y redistribución competencial (que devuelva verdadero poder de decisión a los territorios e impida intromisiones ilegítimas del Estado, como ha venido pasando en los últimos 30 años); la adaptación del Senado como auténtica Cámara de representación territorial; o c) una financiación territorial asumible que, sin desvirtuar la solidaridad, corrija las desigualdades existentes. Sin embargo, solo con eso no se resuelve el problema de fondo que subyace en la organización territorial del Estado español (especialmente referido al País Vasco y a Cataluña -pero también a Canarias-) que no es otro que la falta de un verdadero reconocimiento de esta España plural y de las asimetrías que existen entre los territorios que la conforman. En efecto, la reforma del modelo territorial español debe abordarse definitivamente desde la evidencia (negada por amplios sectores políticos que añoran todavía tiempos pasados) de que es preciso potenciar, como una solución a la viabilidad futura de este Estado, la descentralización política de aquellos territorios que, por sus singularidades, requieren de un estatus singular y, por tanto, de un autogobierno distinto y más amplio que el de otros que no las tienen. Por tanto, la asunción de esa España plural no se arregla solo con el advenimiento del federalismo como conjunto de mecanismos técnico-jurídicos. El federalismo asimétrico como modelo requiere que los actores políticos, todos, se lo crean, que asuman y apuesten por una verdadera pluralidad territorial, no meramente testimonial. Desde luego, lo que no puede ni debe pasar es que se transforme el Estado hacia un modelo federal que dé satisfacción únicamente a Cataluña o al País Vasco. Antes al contrario, el modelo debe dar cobertura a todos los hechos diferenciales ya reconocidos, como son la lengua, los derechos forales, las demandas de autogobierno, las desigualdades fiscales, pero también aquellas otras mucho más objetivas, que afectan de una manera flagrante, y entre las que destacan sobremanera: la insularidad (en su dimensión atlántica y archipelágica) y la lejanía del continente europeo. Las voces que se alzan reclamando un modelo federal, que transforme únicamente a determinados territorios del Estado, pero permaneciendo en España -básicamente desde el PSOE- pretenden aparentar moverse hacia un Estado federal pero para quedarse como están; es decir, en un modelo asimétrico, como el actual, pero escorado a favor exclusivamente del País Vasco y Cataluña. No sería justo que volvieran a postrar a Canarias en su camino hacia el autogobierno. No basta con que se dé relevancia, como se está diciendo, exclusivamente a las singularidades económicas y fiscales y no a las políticas. Esas singularidades deben tener un reflejo en el autogobierno, en la capacidad de decisión. En tomar las decisiones desde aquí y que no vengan impuestas desde fuera. No queremos volver a ser convidados de piedra, ni debemos conformarnos con unas pocas migajas como en el pasado. Pasó, por la irrupción de la insurrección militar en la II República; pasó bajo la actual Constitución, cuando la UCD, con la complicidad del PSOE, nos obligó a abandonar la vía del artículo 151, compensándonos luego parcialmente vía Lotraca; y puede volver a pasar ahora si no ponemos sobre la mesa nuestro derecho a ser reconocidos como el territorio más singular del Estado y uno de los más singulares de la UE. Para evitarlo, para coger ese tren, solo hace falta que sepamos lo que queremos, que seamos capaces entre todos de consensuar un modelo capaz de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de los habitantes de este territorio archipelágico; esto es, un modelo con el que ejercer un amplio autogobierno que nos permita tanto disminuir la dependencia exterior (política, económica, energética, cultural, alimentaria, etc.), como conseguir instrumentos decisorios y de protagonismo internacional compatible con la permanencia en un Estado, el español, plurinacional y asimétrico, que reconozca plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, la asunción de un estatus tanto competencial como institucional adaptado a nuestras especificidades que tenga proyección no solo interna sino internacional. Y la Plena Autonomía Interna, reconocido en distintas resoluciones de la ONU, sería un buen estatus. Quien le interese el tema: https://www.facebook.com/notes/fernando-r%C3%ADos-rull/plena-autonom%C3%ADa-interna-un-estatus-pol%C3%ADtico-internacional-para-canarias/367104873350893. Hacer realidad la hoja de ruta que se ha expuesto no va a ser fácil en estos momentos en los que la sociedad española está fracturada política y territorialmente, con graves problemas sociales y económicos y acuciada por la lacra de la corrupción (focalizada en el PP). Es obvio que los resultados de las pasadas elecciones generales hacen inviable hoy por hoy una reforma constitucional en clave federal porque el PP y C’s poseen una minoría de bloqueo. Sin embargo, para ser pragmáticos, hemos de reconocer que la actual Constitución, pese a sus limitaciones, posee mecanismos -casi inexplorados en estos años- que pueden permitir ir avanzando en la transformación del modelo territorial (también en el social, pero esa es otra batalla), en ese federalismo asimétrico por el que abogan las principales fuerzas progresistas. Así, tanto a través de la legislación básica del Estado (gran culpable del agotamiento del modelo autonómico) como, sobre todo, a través de las Leyes Marco (art. 150.1 CE) y las Leyes Orgánicas de Transferencias (art. 150.2 CE) se pueden dar pasos decisivos hacia esa transformación permitiendo que las CC.AA. amplíen sus espacios de decisión propia. Las Cortes Generales han estado permanentemente ignorando a las CC.AA. en su labor legislativa en los últimos 37años, tiempo en el que el modelo se ha ido centralizando paulativamente, tanto en periodos de gobiernos conservadores como del PSOE, por lo que es necesaria una manifestación de voluntad clara de ese bloque progresista (PSOE, Podemos e IU, con apoyos nacionalistas) en el sentido de que se van a utilizar esos mecanismos para, por un lado, devolver y ampliar competencias a las CC.AA. para hacer realidad su autonomía política (lo que implica también redimensionar el desmesurado tamaño de la Administración central del Estado), así como reconocer las singularidades de cada territorio. Ni siquiera la cuestión del derecho a decidir debería suponer una línea roja para la conformación de un gobierno progresista, porque, en el actual marco constitucional, es perfectamente posible convocar un referéndum.

Me explico. El artículo 92 de la Constitución permite que el Gobierno, previa autorización del Congreso, convoque a los ciudadanos a un referéndum consultivo cuya pregunta podría ser perfectamente si quieren iniciar una reforma constitucional que adopte ese modelo federal asimétrico y que reconozca el derecho a decidir de los territorios -si así es refrendado por los 3/5 (el 60%) del censo de ese territorio-. Puro principio democrático. Nada nuevo. Como en Canadá y como en Reino Unido. Todas esas iniciativas se pueden tomar ya. No requieren más que de voluntad política. De hacer valer y cumplir las promesas electorales que proclamaban el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Ya habrá tiempo de reformar la CE cuando se disponga de la mayoría necesaria… Si no, si persistiera el bloqueo de la minoría conservadora y reaccionaria, se corre el riesgo de que, espontánea y democráticamente, se abra un nuevo proceso constituyente -y originario- que proclame la III República (aún resuena en la memoria colectiva esa deuda histórica no resarcida que supuso el golpe militar que desangró la esperanza de millones de ciudadanos). En definitiva, es posible, porque así lo demanda una mayoría social y política, conformar un Gobierno que apueste decididamente por implementar medidas que permitan la consecución de un (verdadero) Estado (social y) plurinacional en el que Canarias, y otros territorios singulares, vean reconocidos sus demandas de autogobierno.

*DEL MOVIMIENTO ECOSOBERANISTAS DE BASE