Lo apuntaba este periódico el domingo: el Instituto Canario de la Vivienda debe más de ocho millones de euros en subvenciones concedidas a empresas del sector de la construcción e inmobiliarias, así como a numerosos ciudadanos particulares. Se trata de un dinero comprometido hace cinco o más años, dentro de la campaña de promoción y construcción de viviendas oficiales del Plan correspondiente al periodo 2009-2012. El fomento de estas casas preferenciales tiene un loable fin social en la medida en que favorece a las familias más necesitadas de la sociedad y a aquellas otras que, aunque en mejores circunstancias económicas, tampoco podrían hacerse con una residencia de no mediar alguna ayuda. Tampoco las empresas constructoras aceptarían fabricar viviendas de protección oficial a precios asequibles -en comparación con los existentes en el mercado libre- si no fuera por los incentivos que reciben de la Administración. En estas circunstancias, no es extraño que las firmas aquejadas se sientan -así lo declaran- “engañadas y utilizadas por los políticos de turno”, pues, de no ponerse urgente remedio a esta situación, se verán abocadas a la quiebra. Una opinión parecida cabe suponer que existe entre los particulares pendientes de cobrar las subvenciones acordadas en su día. La cuestión tiene especial gravedad porque alguien ha hecho dejación de sus obligaciones, tanto políticas como jurídicas, causando serios perjuicios a quienes de buena fe se prestaron a apoyar las políticas gubernamentales. Hasta la propia empresa Visocan se ve perjudicada por esta negligencia, lo que le ha llevado a una crisis de tesorería. Por lo que se ve, ni siquiera la acogida del Gobierno autonómico al Plan Nacional de Pago a Proveedores, al que el Ejecutivo central aportó para Canarias más de 650 millones de euros, ha conseguido poner al día todas las deudas contraídas, que afectan a suministradores de obras y servicios de la comunidad y de las corporaciones locales. Los hechos vienen a demostrar que el plan canario de lucha contra la morosidad es papel mojado, ya que las facturas y deudas pendientes no se abonan en los 25 días comprometidos desde la compra o prestación del servicio, con lo que se sigue entorpeciendo irresponsablemente la actividad de empresarios y particulares.