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Política, justicia y encuestas

Cada semana que transcurre desde las elecciones generales del pasado mes de diciembre se debilita aún más el liderazgo y se agrava sobremanera la posición de Mariano Rajoy, paralizado ante una corrupción que lo inunda y que ha devenido en estructural del Partido Popular; sin la menor iniciativa que aborde la necesaria y urgente renovación -profunda regeneración- de ese partido; y lastrado por su ensoñación de una investidura imposible, tras el supuesto fracaso de Pedro Sánchez y el todavía más imposible subsiguiente cambio de la postura socialista hacia la abstención. Alguien debería decirle que deje de repetir patéticamente que ha ganado las elecciones y que tiene que gobernar. Y alguien debería explicarle que no se pueden perder impunemente tres millones y medio de votos y la tercera parte de los escaños; y encima estar ahogado en la corrupción. Sin embargo, a pesar de todo, Rajoy no es un insensato, y, aunque no lo reconozca, es consciente de que su trayectoria política se acerca a su final. Sería deseable que también asumiera que no tiene derecho a arrastrar a ese final con él al proyecto político que su partido representa.

Su última esperanza descansa en que, como le comentó al primer ministro británico y a otros líderes europeos en su reciente encuentro con ellos, se haga inevitable la convocatoria de nuevas elecciones. El problema es que las encuestas al uso están mostrando un cambio de tendencia de los electores, cansados de esta larga espera por un nuevo Gobierno, y, al contrario que en enero, ahora muestran un descenso de los populares en beneficio de Ciudadanos. En otras palabras, el peligro de que unas nuevas elecciones no resuelvan nada y después de ellas estemos como al principio es muy real. Y en este cambio de tendencia parecen estar influyendo muy activamente algunos jueces, algunos fiscales y algunos tribunales. El ministro del Interior en funciones ha insinuado que se está desarrollando una campaña judicial en contra de su partido, al manifestar el pasado lunes que “personalmente” le “llama la atención” y considera “llamativo” que proliferen las iniciativas judiciales sobre casos de corrupción que solo afectan a miembros del Partido Popular precisamente ahora, en un momento “tan sensible” para la formación de Gobierno.

No es novedad en este país que los jueces y fiscales influyan en la política -o hagan política directamente-, y más de uno ha sido expedientado o, incluso, separado del servicio a causa de ello. Sin ir más lejos, y en ese sentido, son cuanto menos discutibles algunas recientes resoluciones judiciales. La Fiscalía pedía ocho años de cárcel para cada uno de los ocho integrantes de un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Les acusaba de actuar de común acuerdo, insultar, agredir y lanzar “”conos reforzados con hierro o mochilas pesadas” en contra de sus compañeros que querían ejercer su derecho al trabajo y de las fuerzas de seguridad. Han sido absueltos “por falta de pruebas”. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa seguida contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, al entender que el macabro y repugnante chiste sobre Irene Villa que subió a la red social Twitter no incluía expresiones “laudatorias” a ETA, y su finalidad no fue causar “sufrimiento” a ella ni al resto de víctimas del terrorismo. No aclara la Fiscalía qué otra finalidad podía tener. Y, según el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pitar al Rey y al himno nacional no es delito ni de injurias al monarca ni de ultraje a los símbolos nacionales. Claro que también se dan casos en sentido contrario, como esos increíbles correos amenazadores contra la juez del caso por parte del abogado del secretario general de los socialistas gallegos, imputado cuatro veces por presuntos delitos de corrupción. La juez ha pedido amparo al politizado Consejo General del Poder Judicial, que, naturalmente, se lo ha denegado.

Ciertas encuestas señalan la opinión mayoritaria de los ciudadanos en el sentido de que Mariano Rajoy debe dimitir por los casos de corrupción que asolan su partido; que tampoco debe repetir como candidato en el supuesto de nuevas elecciones y que debería haber aceptado el encargo del rey de presentarse a la investidura. Es lógico que los porcentajes sean mucho más elevados entre los votantes de PSOE y Podemos, pero es muy significativo que la tercera parte de los votantes del PP responda que Rajoy tiene que asumir sus responsabilidades políticas y, por lo tanto, dimitir como líder del partido; y que casi la mitad añada que tampoco debe ser candidato y que debería haber aceptado el encargo del rey. En resumen, toda encuesta es interesada y tiene el valor que tiene, pero parece verosímil deducir que los militantes y simpatizantes populares están absolutamente divididos sobre esta cuestión. Si bien hay que añadir que el rechazo visceral de Pedro Sánchez a negociar con ellos ha generado la percepción extendida de que los populares se encuentran aislados y con muy escaso margen de maniobra para formar una alianza de Gobierno.

En una entrevista televisiva, Rajoy ha afirmado: “He hablado con Rita Barberá y me dice que es inocente”. De tan patético, resulta conmovedor.