POLÍTICA

El PP recuerda que los socialistas tienen 240 causas judiciales abiertas, 15 de ellas en Canarias

El PSOE tiene imputados o investigados a un total de 320 excargos (la mayor parte) o cargos públicos en los tribunales en más de 240 causas, 15 de ellas en Canarias según un informe interno del Partido Popular, que se  ha repartido entre sus dirigentes para que puedan hacer frente a las acusaciones que reciben de que el PP es un partido corrupto por todos los casos que está investigando la justicia.

A estos se suman más de 1.000 personas relacionadas con el PSOE que también están siento investigadas por casos de corrupción, según el citado informe.

Junto con ese documento, los populares han hecho otro en el que figuran todas las causas abiertas contra sus dirigentes y en las que estos han sido absueltos o desimputados, así como los casos archivados. Andalucía es la Comunidad que más casos alberga y los más numerosos en cuanto a imputados o investigados.

162 EXCARGOS Y CARGOS ANDALUCES, IMPUTADOS O INVESTIGADOS
De hecho, de esa cifra, 106 casos están en tribunales andaluces, donde hay 162 imputados o investigados, en la gran mayoría ya excargos del PSOE, aunque algunos siguen siendo cargos electos del partido. Buena parte de estos, 85 en total, son exalcaldes o alcaldes de pueblos y ciudades andaluzas.

Según el informe de los populares, entre los casos más recientes está el que afecta al diputado del PSOE Antonio Gutiérrez Limones, por su presunta intervención en un supuesto desvío de fondos públicos. El juez ha enviado el caso al Tribunal Supremo y se ha pedido que el Congreso certifique su condición de aforado.

Y también citan la causa en la que se investiga al Consejero de Economía de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito continuado de prevaricación en la adjudicación de un proyecto millonario.



REMITIDO AL SUPREMO EL CASO DE UN DIPUTADO

No obstante, la investigación sobre los ERE fraudulentos y el fraude en los cursos de formación son las causas con mayor número de imputados, 265 y más de 300 respectivamente, entre excargos de la Junta investigados y personas relacionadas con el PSOE.

Por el caso de los ERE tuvieron que dejar sus escaños los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán -que era senador- y el exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías.

También están imputados siete exconsejeros de la Junta: los de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; Magdalena Alvarez, exconsejera de Economía, exministra de Fomento y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, del que dimitió por su imputación y sigue cobrando una pensión, según el informe de los populares.

También firugan como imputados en ese sumario los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

El sumario por el fraude de los cursos de formación tiene como imputado al exconsejero de Economía del gobierno andaluz, Angel Ojeda, a excargos de Empleo y tuvo que dimitir por este asunto el alcalde Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, tras hacerse público que se había autoconcedido ayudas para cursos de formación a una empresa familiar de la que era administrador.

Otros sumarios citados en el informe son los del caso Mercasevilla, donde el exdelegado provincial de empleo fue condenado por extorsión junto con la cúpula directiva de la empresa, y después absuelto en su recurso al TS por falta de pruebas. Aunque a finales de 2015 fue imputado el diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, que también es miembro de la ejecutiva regional del partido.

A estos se añaden: el caso Invercaria con más de 30 imputados, entre ellos el exconsejero de Cultura, José María Martín Delgado; el del Fondo Jeremie, en el que aún no hay imputados; el fraude del Plan Bahía Competitiva; el caso Matsa, empresa apoderada por la hija de Manuel Chaves, que recibió un incentivo de 10 millones que “debe ser reintegrado” o el caso Marismas, que tiene entre los imputados al actual secretario general del PSOE en Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel.

A estos se une el sumario por las obras “fantasmas” en colegios, por el que hay 32 imputados, entre ellos el exgerente provincial del antiguo Ente de Instraestructuras y Servicios Educativos, Fernando Ameyugo y el fraude en el servicio de control de accesos a la Alhambra de Grandad, cifrado en 6,6 millones de euros y por el que está imputada la presidenta del Patronato

UN EXALCALDE, INVESTIGADO POR 16 DELITOS DE PREVARICACION

Uno de ellos, el exalcalde de Montalván, está siendo investigado por 16 delitos de prevaricación en la concesión de licencias de construcción en suelo no urbanizable.

En la recopilación hecha por los populares, la comunidad valenciana sigue a Andalucía por número de causas abiertas contra dirigentes del PSOE con un total de 29, aunque el número de imputados es mucho menor, 14, la mayoría exalcaldes o alcaldes.

También hay causas abiertas que afectan a excargos o cargos del PSOE en Extremadura (17); Castilla La Mancha (16); Asturias (12); en Galicia, Aragón y Murcia hay 8 en cada CCAA; 7 en Castilla y León; 5 en Cantabria; 4 en Cataluña; 3 en Baleares y en La Rioja y una en Madrid con 6 imputados, todos en la Púnica y otra en Melilla con 15 imputados por un fraude en el voto por correo.

En el documento, el PP pone el acento en algunos casos como el Mercurio, en el que se investiga presunta corrupción urbanística y está imputado el exprimer secretario del PSC, Pere Navarro.

También citan la investigación abierta al actual secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación de Lugo, por prevaricación, cohecho y un delito contra el territorio, así como negociaciones prohibidas.

Incluyen, asimismo, la imputación de Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP por el ‘caso Patos’, por supuestamente haber aceptado un reloj y una pluma en un presunto caso de amaños y favores en la adjudicación de unas 20 obras públicas en Galicia. En esta causa también hay investigados del PP.

Los populares también relatan la imputación por prevaricación de Pachi Vázquez, exsecretario general del PSdeG; el caso del concejal de Vigo Santos Héctor Rodríguez, investigado pro supuesta contratación irregular; la imputación de María Jesús Otero, directora general de Educación del Principado de Asturias en el ‘Caso Marea’ o las condenas del expresidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó y del exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega.

Finalmente, citan el “escándalo” de las facturas falsas de UGT, del que señalan que el sindicato destinó ayudas públicas de la formación a “copas de feria, hoteles de lujo, dietas ilegales, cobro de comisiones…”. Recuerdan que la junta reclama al sindicato 15,3 millones de euros por uso irregular de subvenciones.