La palmera Nieves Lady Barreto renunció en julio del pasado año a la alcaldía de Mazo para incorporarse al Gobierno que preside Fernando Clavijo. Y se ha estrenado en la política regional con un encargo de envergadura: elaborar una Ley del Suelo que aglutinará, simplificándola, toda la normativa actual vigente en Canarias sobre ordenación del territorio y medio ambiente. Una tarea para la que ya ha cubierto la primera etapa, con la aprobación, la pasada semana, del anteproyecto de la futura norma. Un documento denso que supondrá la derogación de leyes como el Texto Refundido de las de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales, la de Directrices de Ordenación General o la de Inversiones Estratégicas. En esta entrevista, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad aborda las novedades de una ley que diluye el poder de la hasta ahora poderosa Cotmac, en favor de una mayor responsabilidad de ayuntamientos y cabildos (acaso el asunto más controvertido del anteproyecto). Podemos y NC ven con recelo esta iniciativa legislativa al temer que sea una puerta abierta para más pelotazos urbanísticos, pero Barreto (de Coalición Canaria) se rebela contra esa opinión, que atribuye a quienes no se han leído el texto, pues, a su juicio, lo que más prima el texto articulado promovido por el Ejecutivo de CC y PSOE es al sector primario y dificulta clasificar nuevos suelos urbanizables. Asegura además que, lejos de excluir a arquitectos y ecologistas de la nueva Cotmac, ella es partidaria de incluir aún a más colectivos, como los ingenieros agrícolas. El debate solo acaba de comenzar, y los 408 artículos de la ley, y su casi medio centenar de disposiciones adicionales, finales y derogatorias, darán mucho que hablar los próximos meses, dentro y fuera del Parlamento canario.

-Algunos partidos, como Nueva Canarias y Podemos ya han les han acusado de que el borrador de la ley favorece el desarrollismo y la especulación urbanística…

“Desde el principio hemos tenido claro que hay cosas que no tocaríamos: había que clarificar normativas y competencias, pero dejando claro la protección a los espacios naturales, incluso de nuevos suelos con valores ambientales, el principio de compensar por conservar, y no facilitar la creación de nuevo suelo urbanizable, porque hemos invertido el principio de lo rústico. Hoy en día cualquier suelo no urbano o rústico es urbanizable, tenemos 54 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en Canarias, y no hace falta más. Pero sí había que primar al sector primario. Con esta nueva ley, todo el suelo no urbano o no urbanizable es rústico, y todo lo que no esté clasificado también. Y la propia ley establece mecanismos para que los suelos que no se hayan desarrollado en un tiempo determinado, el propietario pueda pedir que se reclasifiquen como rústico”.

-O sea, que no pretenden ustedes primar a los urbanizadores…

“Con esos principios que he comentado en mi respuesta anterior, creo que queda claro que no vamos a permitir más suelo urbanizable. Y de hecho es al revés, la ley facilitará que haya más suelo rústico y favorecerá al sector primario”.

“La Cotmac no solo no excluirá a los ecologistas, sino que se abrirá a más colectivos”

-¿Le han sorprendido entonces esas primeras críticas?

“No, cuando se dice que se va a modificar una ley que afecta al territorio y al medio ambiente, surgen dudas y temores normales, quizás por cosas más del pasado que del presente. Es un texto muy denso, más de 400 artículos, y hay que leerlo y verlo en profundidad. Pero creo que cuando se lo lean se darán cuenta de que esas críticas no llevan razón. Porque hoy es fácil que un alcalde marque en su plan general más suelo urbanizable del que tiene, pero a partir de esta ley eso no será tan fácil, es más, incluso tendrán que reclasificarlo como rústico si no ha habido actividad”.

-Ha habido quejas desde la oposición parlamentaria por no poder conocer el documento hasta hace pocos días…

“El borrador que se ha divulgado no se le dio a conocer a los sectores económicos en las reuniones previas. Nos hemos reunido con colegios profesionales, Fecam, Fecai, Ben Magec, el sector primario… pero en ningún momento hemos puesto un borrador sobre la mesa. Recogíamos sus aportaciones, pero el equipo redactor de la ley es el que tenía el documento. Teníamos claro que el primer borrador iría al Consejo de Gobierno del lunes pasado, y hubo una reunión de todos los consejeros, de CC y PSOE, y el equipo redactor les explicó el documento. Y el martes ya lo tenían los grupos parlamentarios. Lo habitual en un proyecto de ley es que el texto vaya al Parlamento cuando se aprueba definitivamente. Esperemos que el texto se siga enriqueciendo con nuevas aportaciones dentro y fuera del Parlamento”.

-¿Cómo va a facilitar las cosas al sector primario esa ley?

“Permitirá usos en suelo rústico para que el sector primario se pueda desarrollar de una manera profesional y tecnificada. Todas las leyes del territorio en Canarias han primado mucho lo urbano y se han olvidado del sector primario, a lo rústico. Y tiene tanta importancia uno como otro”.

-La Cotmac que hoy conocemos no la conocerá nadie en el futuro. ¿qué quedará de este órgano?

“La ley prevé que la Cotmac siga existiendo como órgano colegiado, y su composición y funciones las desarrollará un reglamento, como ocurre hoy. En la ley hemos dicho que “al menos” tendrá que estar integrada por miembros de departamentos de la Comunidad Autónoma, porque su labor fundamental será emitir un informe único sobre todas las cuestiones de un plan que atañen a competencias autonómicas”.

-¿Por qué un único informe?

“Porque es muy habitual hoy que una área del Gobierno haga un informe y otra informe de manera distinta, y se contradicen sobre un plan de un cabildo o un ayuntamiento. Y eso no se puede permitir. El Gobierno debe hacer un informe claro, transparente, que no abra dudas sobre lo que hay que cumplir”.

“Si un plan se aprueba sin hacer caso a la Cotmac, iremos a la Justicia”

-Se interpreta que ya no estarán arquitectos ni ecologistas…

“Nadie ha dicho eso en este Gobierno ni el equipo redactor. Hoy en día tienen voz en la Cotmac esos colectivos, sin voto. Pero igual hay que plantearse que la nueva Cotmac tenga, además de esos perfiles, otros, como ingenieros agrónomos y posiblemente representantes del sector primario. Hay que abrir la mano a más colectivos”.

-La Cotmac, eso sí, ya no vigilará con lupa los planes generales e insulares, solo en las materias que sean competencias del Gobierno… ¿quién controlará ahora que no se cuelen ilegalidades?

“La Cotmac seguirá haciendo informes,como hasta ahora, y advertirá sobre los errores que detecte en un plan…”

-Bueno, errores, e irregularidades, y a veces ilegalidades, si se mira al pasado…

“En efecto. Cuando la Cotmac vea eso, pues le dice al ayuntamiento que lo corrija y se adapte a los informes jurídicos. Con la nueva ley, si un ayuntamiento o un cabildo no hace caso al informe de la Cotmac cuando apruebe el plan de forma definitiva, iremos a los tribunales, no solo el Gobierno, sino cualquier entidad o ciudadano que se sienta agraviado. ¿Evitaremos que se siga judicializando el planeamiento? Pues no lo sé. Pero sí creo que conseguiremos que cada administración asuma sus responsabilidades y tenga más claro cuál es su competencia y hasta dónde puede llegar”.

-¿Cuánto tardará con la nueva ley la aprobación de un plan?

“La evaluación ambiental, por la ley estatal, debe iniciarse con la redacción del plan, y eso son 22 meses máximo. Hemos añadido dos años más para el plan, prorrogables a otros dos. Es decir, es razonable que en cuatro años esté aprobado un plan”.

– ¿De qué manera se facilitan las cosas a las explotaciones agrarias y ganaderas en suelo rústico?

“En el uso ordinario de suelo rústico de protección económica, el Ayuntamiento otorgará licencias directamente. Un agricultor tiene tres posibilidades: la comunicación previa, en la que basta con comunicar lo que se va a hacer y confirmar que lo puede hacer sin necesidad de esperar al visto bueno de la administración; licencia, si es obra nueva, que tienen plazos; y luego actuaciones normales de la actividad que no necesitan nada, como reconstruir una pared, que hoy requiere licencia y calificación del Cabildo. Si incumple la ley sabe que se expone a multas. En ese suelo puede haber usos de interés público, como actividades industriales o comerciales, pero aunque un plan diga que puede haberlo, no es el propio del suelo rústico, por lo que en estos casos lo tendrá que decidir el Cabildo con una declaración de interés público o social de ese proyecto, con lo cual hay un control previo y se le quita una competencia que ahora tienen los ayuntamientos, y eso requiere licencia y evaluación ambiental”.

“La nueva ley pondrá difícil declarar más suelo urbanizable, pues no hace falta más”

-Una de las novedades es el canon a los propietarios del suelo urbanizables que obtienen plusvalías, para compensar a los dueños de suelo rústico protegido por conservarlo…

“Canarias tiene municipios, por así decir, verdes, y municipios urbanos, sean turísticos o no. Un ciudadano propietario de un suelo en un espacio protegido o un suelo con valores ambientales donde no podrá desarrollar sino agricultura o ninguna actividad, beneficia a otro ciudadano que tiene suelo en el que sí podrá hacer una vivienda, o una casa de turismo rural, o un hotel o un comercio. Porque el turista viene a Canarias a ver lo verde y le gusta, y también a los que vivimos aquí nos gusta verlo. Así que de alguna manera hay que primar que se siga conservando el paisaje. ¿Cómo? Con un fondo de compensación insular, que redistribuirá el Cabildo, de modo que el propietario de suelo rústico perciba un 0,5% del valor del suelo para conservarlo, si lo conserva bien, y eso lo pagarán los que tienen aprovechamientos urbanísticos. Es una manera de invertir la idea de que tener suelo protegido es más una carga que un privilegio”.

-¿El 0,5% se ha hecho pensando que puede ser una cifra asumible?

“Sí, teníamos que partir de una cantidad, aunque a lo mejor no supondrá mucho para el propietario de suelo rústico. Si con el reglamento de la ley se decide que puede ser mayor que esa cantidad, pues mejor. No es una cifra cerrada. Escucharemos las opiniones, pues el fondo además puede dar para mucho”.

-Por último, ¿cuál es el recorrido que seguirá este anteproyecto de ley?

“A partir de ahora empezaremos a dar audiencia a entidades y asociaciones para que nos den aportaciones, luego pediremos el informe del Consejo Consultivo, el texto se corregirá , lo aprobaremos en Gobierno como proyecto de ley y lo remitiremos al Parlamento de Canarias, y es entonces cuando se abrirá el debate oficial. A la par, vamos a reunirnos con todos los colectivos por todas las islas. Y a partir de finales de marzo empezaremos a recibir opiniones y aportaciones. Haremos una labor pedagógica sobre esta iniciativa”.