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Reforma electoral

Una comisión parlamentaria va a estudiar la modificación del vigente y controvertido sistema electoral canario, que goza de respaldo constitucional desde 1998 y que nació en el 82 con una provisionalidad que dura más de 30 años. La triple paridad que, guste o no, ha dado a las islas menores un protagonismo político del que históricamente habían carecido hasta la autonomía -y que, además, ha contribuido a cohesionar Canarias-, puede ser enterrada según las opiniones expresadas esta semana en el Parlamento autonómico. La cuestión no es tanto que, por ejemplo, el voto de un ciudadano residente en El Hierro valga 15 o 16 veces más que el de un tinerfeño o un grancanario, lo que obviamente no es de recibo bajo el punto de vista democrático.

Tampoco la consiguiente y reprobable desproporción, derivada de un sistema que premia en exceso el factor isla frente al factor población y que otorga al 17% de ésta la elección de 30 parlamentarios -la mitad de la cámara legislativa-, en tanto al 83% restante tan solo le concede la otra mitad. Del mismo modo, y con ser un hecho grave, el problema no lo constituyen las barreras establecidas en cada isla y en el ámbito regional, según las cuales para poder acceder al Parlamento resulta obligado obtener el 30% de los votos en el primer caso y el 6% en el segundo. El verdadero dilema reside en qué fórmula de representación debe ser la elegida para que satisfaga a la vez los requisitos básicos que, por un lado, exige la ley (aprobación de la reforma por dos tercios de los miembros de la cámara, fijación del número de diputados, atribución de escaños a las circunscripciones insulares y regulación de las barreras electorales) y, por otro, sea atendida la especial consideración que merecen las islas menores y la oportunidad o no de establecer una circunscripción electoral regional, a la que -como apuntó en su día el Consejo Consultivo- cerró toda posibilidad el legislador estatuyente. Durante años, los tres grandes partidos que han gobernado Canarias han jugado a todo con frivolidad, incluyendo el bloqueo de la reforma electoral. Si ahora se reabre el debate, que sea con generosidad, con proporcionalidad y con la mayor valoración del sufragio y la población. Así, la verdadera representatividad no quedará en entredicho.