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Refrendan la protección ambiental para los barrancos de Güímar

Manolo Domínguez y Ana Zurita, ayer antes de la sesión plenaria de la Corporación insular. | ANDRÉS GUTIÉRREZ
Manolo Domínguez y Ana Zurita, ayer antes de la sesión plenaria de la Corporación insular. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Partido Popular (PP) se quedó solo en su propuesta de ordenación para los barrancos de Güímar. El resto de fuerzas políticas del Cabildo rechazaron ayer la moción de los populares que, entre otros asuntos, pedía la retirada de la Proposición de Ley en el Parlamento de Canarias para la protección medioambiental de las zonas extractivas de Güímar. Se da la circunstancia de que en julio de 2015 (por segunda vez) la Corporación insular solicitaba precisamente a la Cámara regional la aprobación de esta herramienta jurídica para salvaguardar la zona de los barrancos.

La portavoz popular en el Cabildo, Ana Zurita, defendió ayer la propuesta y aseguró que la intención de su partido no es ponerse al lado de los areneros. Aseguró que este ámbito se ha convertido en un “recinto caótico” y matizó que no hay que tener miedo a recalificar. Puso como ejemplo zonas extractivas en otros puntos de la Península que se han reconvertido a otros usos, no necesariamente medioambientales, y matizó que en caso de recibir esta categoría ya no se podrá atribuir otra finalidad a este suelo. “Por eso pedimos que se retire la proposición de ley y que se estudie una nueva clasificación del suelo”, explicó. La popular sugirió ordenar este ámbito a través del planeamiento insular, que permita también señalar otras zonas de extracción alternativas a esta. Justificó el cambio de opinión de su partido afirmando que “rectificar es de sabios”.

Por su parte, el consejero insular de Planificación y representante del PSOE, Miguel Ángel Pérez, criticó la postura de los populares, acusándolos de “cinismo” ya que, a su juicio, esta apoya las extracciones. Pérez puso de relieve que hasta el momento en este ámbito se han extraído un total de 23 millones de metros cúbicos de áridos y, según los expertos, aún se podrían extraer entre 400 y 1.600 millones más. Insistió en que la única posibilidad legal para este suelo es calificarlo como uso medioambiental.

El representante de CC Miguel Becerra compartió la teoría de su socio de gobierno y destacó que después de 20 años de demanda vecinal las instituciones públicas habían alcanzado un consenso para la restauración de esta zona, que ahora ha roto el PP. Recalcó que la fórmula que da más seguridad y garantías de cara al futuro para la recuperación de este territorio es la ley para prohibir las extracciones.

Su compañero de filas el consejero Félix Fariña -residente en el municipio de Güímar- aseguró que los vecinos no quieren “proyectos faraónicos” y que tampoco se extraiga más. Puso de relieve que la empresa que manifestó su intención de invertir en la zona, al día siguiente de darlo a conocer, anunció la venta de acciones, lo que a su parecer, da poca credibilidad.

RIESGO
Una postura más o menos similar fue la defendida por el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, quien alertó de posibles riesgos en la zona de los barrancos por las inundaciones, como en su momento se detectaron. Además, cuestionó las opciones barajadas para ubicar en esta zona, como un parque de atracciones, una empresa de reciclaje de neumáticos o el mercadillo del agricultor. Por último, abogó por recuperar el consenso en este asunto.

Protesta de la plantilla de Villar por el ERE en la empresa. | A. G.
Protesta de la plantilla de Villar por el ERE en la empresa. | A. G.

Protesta de la plantilla de Villar por el ERE en la empresa. Trabajadores de la empresa Villar, dedicada a las labores de conservación de las carreteras insulares en el norte de la Isla, se manifestaron ayer a las puertas del Cabildo en señal de protesta por el Expediente de Regulación Empleo (ERE) iniciado por la compañía, pese a haber sido adjudicataria del nuevo servicio. Los representantes de los afectados reclamaron al Gobierno insular, que adjudicó a esta empresa parte de la conservación, que sea más firme en su reclamación a la hora de paralizar los despidos. Desde el Cabildo se reunieron con ambas partes y pusieron en duda los argumentos para el ERE. | A. G.

OTROS ACUERDOS
Infraestructuras hidráulicas. El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer por unanimidad una moción para instar al Estado a la ejecución de la obra de suministro de agua regenerada en la localidad de Guía de Isora con la mayor celeridad posible.

Atún rojo. También con el acuerdo de todas las fuerzas políticas se acordó pedir al Gobierno central que el aumento integro de la cuota autorizada en noviembre, que alcanza las 460 toneladas, sea para Canarias. Se reclama que se siga defendiendo el incremento de la cuota de atún rojo en España para que se distribuya de forma más justa para el Archipiélago.

Pobreza energética. La Corporación insular decidió instar al Ejecutivo central a luchar contra la pobreza energética y garantizar una cobertura de energía eléctrica para la subsistencia de aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del recibo, evitando cortes de suministro. Además, se solicita que se modifiquen los criterios de reparto del bono social.

Defensa de las pensiones públicas. La Institución acordó reclamar el aumento de las pensiones, empezando por las no contributivas y las mínimas, revisar la edad máxima de jubilación y eliminar el copago farmacéutico, entre otras acciones.

Aparcamiento subterráneo de Candelaria. Se acordó solicitar al Ayuntamiento de Candelaria la búsqueda de alternativas al proyecto de aparcamiento subterráneo en la plaza de la Basílica.

Educadores. El Pleno dio luz verde a una moción en la que propone a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realizar los estudios oportunos, junto al resto de la comunidad educativa, para determinar la utilidad y ventajas de incorporar educadores sociales a la plantilla de profesionales en los centros educativos. La propuesta especifica que la inclusión de estos educadores sociales busca apoyar en coordinación con el equipo docente, y sin interferir ni invadir competencias.