Arona

El rutómetro del caso Arona

Berto González Reverón, principal acusado político de la supuesta trata corrupta / ANDRÉS GUTIÉRREZ
Berto González Reverón, principal acusado político de la supuesta trata corrupta / ANDRÉS GUTIÉRREZ

La supuesta mayor trama de corrupción urbanística ocurrida en Tenerife , que ha engendrado el llamado caso Arona, cuyo primer capítulo se juzga desde el 12 de enero en la Audiencia Provincial, tuvo su particular rutómetro, cual rally de delitos, con un principio y una finalidad: sacar pingües beneficios, a base de favores y comisiones, del boom urbanístico, con la autoconstricción y los complejos hoteleros, que se extendió por el Sur de la Isla desde los noventa.

Aunque José Alberto González Reverón, principal acusado políticos -le piden 35 años de inhabilitación por prevaricación continuada- trate ahora de buscar culpables de sus actuaciones en la política impuesta desde Coalición Canaria – “quise cambiarlo todo en el 2003 y no me dejaron”, ha llegado a decirle a sus allegados- , el que fuera alcalde desde ese año hasta el 2012 que tuvo que dejar el cargo al ser inhabilitado tras uno de los múltiples procedimientos judiciales que tiene en su historia, es la piedra angular en la que gira la presunta trama urbanística generada en el seno del Ayuntamiento aronero y que evidentemente no solo se sucedió bajo el mandato de los nacionalistas, porque en esa telaraña corrupta estuvieron inmerso casi todos los partidos, incluido el propio PSOE.

No resulta fácil, por tanto, conocer cual sería el kilómetro cero en la trama, pero vamos a ceñirnos, al menos hoy, en el caso que se juzga ahora en la Audiencia Provincial, que se basa en hechos acaecidos durante el mandato 2003-2007, aunque las antecedentes y precedentes también están siendo tenidos en cuenta en la vista oral, dada la trascendencia de los mismos.
El kilómetro cero podría situarse en noviembre de 2006, cuando Paco García Santamaría, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, comunica en rueda de prensa que va a presentar una denuncia por la tramitación ilegal de 300 expedientes de 205 licencias urbanísticas, además de 75 contrataciones dadas a dedo. Dos meses después, el 17 de enero de 2007, García Santamaría, decidió coger un avión de madrugada en el Reina Sofía y plantarse a primera hora en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.
Posteriormente, ya con la investigación de la Fiscalía en marcha, la familia Ansorena, que años antes no pudieron lograr una licencia, según ellos por negarse a pagar 45 millones de pesetas “de mordida”, decide presentarse como acusación en el caso y lo hace ante el juez Nelson Díaz Frías, al que le presentan como prueba una cinta grabada donde se recoge la presunta extorsión. En ese momento, diciembre de 2007, el juez manda a detener al presunto intermediario, Arsenio Zamora y los técnicos municipales Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, así como al arquitecto Zenón Rodríguez, ordenando días después el registro de la vivienda del exconcejal de Urbanismo, Félix Sierra, y la gestoría donde trabajaba su esposa en Valdez Center.

El juez instructor, que terminó su trabajo en 2011, veía claros indicios de cohecho y malversación de fondos públicos, mientras que a toda la junta de gobierno, con González Reverón a la cabeza, se le acusaba de prevaricación continuada y trafico de influencias.

En estos años, que Paco García Santamaría bautizó en su declaración, como “terribles”, se sucedieron las presiones de todo tipo, incluidas amenazas de muerte a algunos periodistas y a varios denunciantes, mientras se seguían dando licencias ilegales y Coalición Canaria hacía oídos sordos a la conducta de los suyos en el municipio más próspero de la Isla.

La treintena de acusados inicial se fue recortando hasta los 13 que finalmente se sientan en el banquillo desde el 12 de enero, entre otras razones porque se han desgajados del mismo varias piezas separadas -una ya juzgada, pendiente de la sentencia-, entre ellas la que conciernen a un cabo de la Guardia Civil y a una oficial de Policía Local, en la que sí estará como testigo el empresario Pedro Suárez, uno de los nombres más repetidos en las quince sesiones que llevamos de juicio. Y es que los empresarios hoteleros tienen mucho que decir en todo lo sucedido aquellos años en Arona, porque entre otras cosas, según reconocen los propios socialistas, eran los que ponían y quitaban políticos. Sin ir más lejos, la denuncia que pusieron Paco García Santamaría y José Antonio Reverón, en 2007, fue determinante para que terminaran cavando su fosa en las filas del PSOE.

La connivencia entre políticos y empresarios y la trama urgida por arquitectos y aparejadores, municipales y externos, fue el detonante de la corruptela aronera, sin olvidar un sentimiento tan humano como la venganza, casi el único elemento que ha utilizado la defensa, sobre todo la protagonizada por Olga López (letrada de toda la junta de gobierno), para desacreditar a García Santamaría (le multaron por obras ilegales en el Camping Nauta), al propio juez instructor (enemistad manifiesta y revancha por no publicarle libros) o al sobrino de Roberto de Luis, quien dijo de su tío que era “el cabecilla de una banda” (éste le acusó de malos tratos a una novia y de tráfico de drogas). Y todavía faltan dos meses de juicio.

En definitiva, los trece acusados se enfrentan a penas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, así como indemnizaciones millonarias, si añadimos a los políticos al empresario intermediario, Arsenio Zamora, al aparejador y arquitecto municipales, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis y a tres arquitectos externos (Zenón Rodríguez, Antonio Tolosa y Jorge Menéndez) que pagaron supuesta comisiones por lograr proyectos que le conseguían los dos últimos desde el Ayuntamiento.

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Restaurante Las Rejas. En este local, hoy cerrado, situado en La Camella, fue donde José Ramón Ansorena Carrera grabó el 10 de julio de 2002 al empresario Arsenio Zamora la petición de éste de 45 milones de pesetas para agilizar la licencia.

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Gasolinera de los taxistas. La primera vez que Zamora le pidió a Ansorena padre los 45 millones de pesetas para obtener el informe jurídico del Cabildo y para que Félix Sierra llevara la licencia a la junta de gobierno, fue en junio en la conocida gasolinera de los taxistas en Llano Azul.

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Valdez Center. Antes de la petición de los 45 millones, los Ansorena pagaron un millón de pesetas y luego otros 9.000 euros, a finales de 2001 y principios de 2002, a Arsenio Zamora y el pago en metálico se hizo en la calle frente al Valdez Center.

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Proguito, en Costa del Silencio. Las primeras “mordidas” pagadas por los Ansorena las entendieron normales porque en el horizonte estaba una gran urbanización en Costa del Silencio, que finalmente se quedaron solo en los cimientos, pese a obtener licencia, hoy caducada, en 2005.

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Bar Fumero. Los Ansorena buscaron otros casos de extorsión similares al suyo. Así decidieron grabar en 2009 en el Bar Fumero del Valle de San Lorenzo a Bernardo Castro, que pagó un millón de pesetas para legalizar un edificio en Guaza.