Con seis años de retraso, sin consultar a los profesionales del sector y sin ficha financiera. Sin despejar demasiadas incógnitas y a la espera de que se definan las partidas que se emplearán, el Consejo de Gobierno de Canarias anunció ayer la toma en consideración del III Plan de Salud 2016-2017 y acordó su traslado al Parlamento regional para su tramitación reglamentaria. Según informó en rueda de prensa el propio consejero de Sanidad, Jesús Morera, una vez que la Cámara se haya pronunciado, será nuevamente el Ejecutivo regional el que apruebe de forma definitiva y a través de un decreto un documento que no contará con un nuevo dictamen del Consejo Económico y Social (CES). Este órgano ya puso en entredicho este plan en un informe emitido en 2010, donde encontraba “importantes carencias en cuanto a su concreción”, especialmente en materia de financiación y sostenibilidad financiera. En esta misma línea, el secretario general del Sindicato Médico (CESM) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Levi Cabrera, dejó claro que hace meses que los profesionales no tienen noticias de este plan, que el anterior Gobierno presentó a los sindicatos en una Mesa Sectorial antes del verano. “No nos han dado la opción de participar ni aportar propuestas al borrador, y tampoco tenemos claro que nos vayan a convocar próximamente”, agregó Cabrera.

El portavoz del CESM recordó que las organizaciones sindicales ya le manifestaron a los antiguos responsables del departamento sanitario la “necesidad” de que los profesionales participaran en el mencionado plan de salud. “Sin embargo, continuaron con el trámite parlamentario, aunque al final tuvieron problemas con los plazos y no pudo salir adelante la pasada legislatura”.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Comtf), Rodrigo Martín, explicó que su organización solo fue llamada a una reunión del Consejo Canario de la Salud, un órgano que según él es “inoperativo”, donde además “no se permite aportar nada”. “El Consejo Canario de la Profesión Médica, que está formado por los presidentes de los colegios de médicos, los decanos de las facultades de Medicina y representantes de las sociedades científicas médicas, no ha sido llamado para participar en este documento, a pesar de que consideramos que es el órgano donde se deberían discutir estas cuestiones; por eso, no nos consideramos partícipes de este plan”, agregó Rodrigo Martín, quien insistió en que “los profesionales no podrán sentirse comprometidos con este plan si no se les permite participar”.
[sws_pullquote_left]La iniciativa
no pudo salir
adelante la pasada legislatura por un problema de plazos[/sws_pullquote_left]
Desde el PP, su portavoz de Sanidad, Guillermo Díaz Guerra, también se mostró crítico con este documento, que considera un “cortapega” del anterior.

En la orilla opuesta, el consejero Jesús Morera confirmó ayer que este III Plan de Salud de Canarias es el mismo que se gestó durante la legislatura pasada y que se declaró caduco tras no completarse formalmente su trámite parlamentario en tiempo y forma. “Las estrategias recogidas en el documento siguen siendo válidas porque además de hacerse un análisis exhaustivo y contar con una gran participación en su elaboración, también se hizo con visión de futuro, avanzando en cuestiones que ahora toca poner en marcha como, por ejemplo, el proceso de descentralización de la toma de decisiones”, aclaró Morera, quien dejó claro que este documento no ha sido elaborado solo por un equipo de redactores o de técnicos, sino por los centros de unidades gestoras, los proveedores de servicios y la ciudadanía, cuestión que la Consejería autonómica considera que se debe mantener, puesto que “garantiza un mejor desarrollo”.

[sws_grey_box box_size=”100″]Un instrumento “estratégico” y “necesario”
Desde que en 2008 caducara el II Plan de Salud de Canarias puesto en marcha por la Consejería regional de Sanidad, ninguno de los responsables políticos que han pasado por este departamento han logrado impulsar un documento que, según la Ley de Ordenación Sanitaria del Archipiélago, “es el instrumento estratégico necesario para la planificación y la coordinación de los agentes públicos y privados de la sanidad”. Su contenido y metodología ya fueron puestos en entredicho por el Consejo Económico y Social (CES) en un dictamen emitido en 2010. En cuanto a la dotación presupuestaria de dicho plan, la última aportación fue en 2013, cuando se consignaron 259.000 euros. Este se quedó guardado en un cajón durante cuatro años, hasta que Brígida Mendoza intentó sin éxito sacarlo adelante en 2015.[/sws_grey_box]