La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apremió ayer al Gobierno central para que agilice los trámites del proyecto de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la capital. En concreto, la propuesta aprobada, a iniciativa del alcalde, José Manuel Bermúdez, insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “a que, a la mayor brevedad posible, realice los trámites oportunos para autorizar la Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de la ampliación y remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Buenos Aires, para su posterior licitación y ejecución por la vía de urgencia a lo largo de este ejercicio 2016”.
El texto de la iniciativa recuerda que la depuradora recibe actualmente las aguas residuales de la zona alta de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y El Rosario y que “si bien la planta fue diseñada con tres líneas de depuración, con capacidad hidráulica de 30.000 metros cúbicos al día cada una, con el paso de tiempo se ha constatado que, si bien la capacidad hidráulica resulta suficiente, no ocurre lo mismo con la carga orgánica, razón esta que origina que se encuentre al límite de su capacidad y tan solo trate un promedio de 26.000 metros cúbicos al día”.
Por su parte, la Estación de Tratamiento y Bombeo (EBAR) de Cabo Llanos, diseñada inicialmente para el pretratamiento de las aguas residuales de la zona baja de la ciudad y posterior impulsión hasta la EDAR de Buenos Aires, “dada la falta de capacidad de tratamiento de esta última, no puede bombear las aguas residuales para su posterior depuración, siendo estas objeto de tratamiento en la propia instalación (desbaste, tamizado, desarenado y desengrasado) y actualmente son vertidas a través de una conducción de desagüe por la canalización existente en la zona del Muelle de la Hondura”.
Bermúdez asegura, a este respecto, que “Santa Cruz no puede esperar más por una obra de ampliación absolutamente necesaria para la ciudad desde el punto de vista medioambiental”.
En este sentido, advirtió de que “los problemas derivados de la colmatación de la depuradora no afectan solo a la ciudad, sino también al propio Gobierno de España, puesto que es a esta institución a la que las autoridades europeas exigen responsabilidades por incumplimientos de la normativa medioambiental”. “El hecho de que el Gobierno de España esté ahora mismo en funciones no debe ser un obstáculo para que se agilice el proyecto de ampliación, que además cuenta con una partida de 34,5 millones de euros consignada en los Presupuestos Generales de este año”, subrayó el alcalde. La propuesta aprobada, que contiene un resumen cronológico del proceso administrativo del expediente, recuerda que el 16 de septiembre del año pasado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó un anuncio para someter a información pública el estudio de impacto ambiental.
A la espera de una nueva autorización
La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sigue adelante con la tramitación del plan de etapas propuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife, una actuación con la que se pretende modificar la autorización concedida en 2005 al Consistorio para que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires pudiera verter agua al mar previamente tratada. El Ayuntamiento debía realizar unas mediciones de contaminantes en la zona de La Hondura (punto del vertido) para ser incorporadas a la documentación que ya tiene el Gobierno de Canarias, unos resultados que aún no están disponibles.
Una vez que se complete toda la documentación, se sacará a información pública el expediente y habrá consultas a otros organismos y administraciones para, una vez disponer de las oportunas alegaciones, redactar la correspondiente resolución de modificación de la autorización vigente, la misma que ha originado el expediente sancionador de la UE por superarse los límites de vertido inicialmente autorizados, que eran de unos 20.000 metros cúbicos. Desde el Gobierno regional se entiende que desde entonces las condiciones se han modificado, además de que se ha dictado nueva normativa que obligan a modificar esa autorización.
Fue en el inicio de ese procedimiento en el que se le requirió al Ayuntamiento diversa documentación técnica con el fin de comprobar que el vertido estaba cumpliendo con la normativa vigente en la materia y que la nueva autorización recogiera la situación real de la EBAR.