Tribunales

Un socio de Julio Pérez defenderá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el juicio penal por Las Teresitas

Julio Pérez, Santiago Pérez y José Ángel Martín. | DA
Julio Pérez, Santiago Pérez y José Ángel Martín. | DA

El conocido abogado tinerfeño Julio Pérez, que fuera primer teniente de Alcalde y concejal de Economía y Competitividad de Santa Cruz de Tenerife, es el nuevo socio en la capital tinerfeña del bufete grancanario que contrató su excompañero de candidatura José Ángel Martín para defender legalmente al Consistorio local en el juicio penal del llamado caso Las Teresitas, que versa sobre la compraventa de once parcelas en primera línea de playa que luego resultó anulada por el Tribunal Supremo y por el que figuran hasta trece imputados, entre ellos el exalcalde Miguel Zerolo.

Martín externalizó la representación jurídica del Ayuntamiento en este juicio penal en poco antes de abandonar su cargo como primer teniente de Alcalde (en el que sustituyó al propio Pérez) y concejal de Urbanismo ante las inminentes elecciones locales de mayo del año pasado, una decisión que aseguró adoptar en consonancia con los propios técnicos municipales.

Lo más llamativo fue el modo de realizar dicha externalización, ya se produjo por tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad. Ésa es la causa por la que el Ayuntamiento sólo abonará 49.000 euros al bufete de abogados de Díaz de Aguilar, ya que si pasara de 50.000 tendría que celebrarse con publicidad. Aunque en ambientes jurídicos se considera muy baja esa tarifa de 49.000 para un caso de estas características, el dinero no será problema si el Ayuntamiento gana el caso, ya que las costas (por mucho que se tarde en cobrarlas) serán sin lugar a dudas millonarias… en euros.

Poco más de medio año después de la operación llevada a cabo por Martín, Julio Pérez se convierte en la figura más representativa de este despacho en la capital tinerfeña, tal y como se recoge en el Registro Mercantil donde, con fecha del pasado día 2, figura su acuerdo con Díaz de Aguilar SL bajo la fórmula de Agrupación de interés económico y cuyo objeto es “constituir un despacho colectivo de los socios en Santa Cruz de Tenerife, para el ejercicio por ellos de la abogacía y el asesoramiento jurídico, mediante la contribución conjunta a los gastos y la participación en los resultados”.

Curiosamente, Julio Pérez fue acusado durante su etapa municipal por la oposición de estar relacionado profesionalmente con los empresarios imputados en este caso, al punto de que varios grupos exigieron su cese al alcalde, lo que se produjo al poco pero por decisión propia y aduciendo motivos personales. Pérez siempre negó tal relación con los empresarios aludidos y dueños de Inversiones Las Teresitas, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.

Comienza hoy, al fin, el juicio civil

El juicio civil por el caso Las Teresitas empieza hoy, si bien (tal y como adelantó este periódico) se suspenderá justo antes de dictarse sentencia, que llegará cuando haya decisión firme en la vía penal.

Ello se debe a que se aplicará un mecanismo contemplado en nuestro ordenamiento jurídico conocido como prejudicialidad penal, y la propia jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Santa Cruz de Tenerife reconoció en un providencia dictada el pasado lunes que aplicará el mismo tal y como se recoge en el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al menos en dos ocasiones, el Ayuntamiento alegó dicha prejudicialidad penal en su afán por suspender no ya la sentencia sino incluso la celebración de este juicio, pero la Audiencia provincial determinó en su día que ya había pasado el momento procesal adecuado para evitar esta vista.

Lo que se dilucida en el juicio que arranca hoy es una demanda presentada por Inversiones Las Teresitas (ILT) contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los empresarios reclaman a la Corporación local después de que el Tribunal Supremo anulase la compraventa de once parcelas del frente de playa. Como quiera que la devolución de dichas parcelas en su estado original es imposible, ILT exige compensaciones económicas por ello que, en el mejor de los casos para el ayuntamiento, dejarían las cosas como están. Por su parte, la Corporación reconvino dicha demanda (o sea, contestó con una demanda propia) y pretende que los empresario devuelvan lo que cobraron (52 millones de euros) y no devolver los terrenos.

Para hoy está citada la entonces arquitecta municipal Pía Oramas, cuya tasación de los terrenos se considera clave para este proceso. Sorprendentemente, está citada también para el caso Arona.

Cronología: Un tema eterno

En 1953 se iniciaron las primeras actuaciones municipales para el acceso a la playa, entonces de arena negra y piedras (callados).

En 1964 se constituye la Junta de Compensación de propietarios.

En 1970 se aprueba por parte del Consejo de Ministros la Reforma del POU del CITN Playa de Las Teresitas y sus aledaños. Permite edificar hasta 12 plantas en el frente de playa.

En 1973 se trae arena del Sahara y se construye el dique, adquiriendo su actual configuración.

En 1986 se acuerda entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación un acuerdo que pasa por el nuevo plan general, que reduce la edificabilidad a la mitad de lo previsto.

En 1988 se aprueba un plan parcial para Las Teresitas que recurre el grupo socialista.

En 1998 se dicta sentencia en el Supremo: se podrá edificar el frente de playa, pero menos. Poco antes, Inversiones Las Teresitas compra las once parcelas a la Junta de Compensación.

En 2001 el Ayuntamiento compra a ILT esas once parcelas y anuncia un concurso público en el que descarta la construcción masiva de hoteles. Lo gana el arquitecto francés Dominique Perrault.

En 2007 se anula la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento, lo que origina una demanda de los empresarios cuyo juicio arranca hoy.

En 2011 se presenta una querella por la Fiscalía, surgida a raíz de una denuncia presentada por un grupo afín al PSOE. En ella se descarta el cohecho, pero se imputa a trece personas por los delitos de malversación de fondos y prevaricación.

En 2016 se inician los procesos. Hoy empieza el civil, que se suspenderá antes de dictar sentencia. El penal, quizás en noviembre.