Se ha liado una buena a cuenta de los titiriteros contratados por el ayuntamiento de Madrid que se pasaron cien pueblos en una actuación para niños en la que una monja es violada, un juez ahorcado, apaleado un policía y hasta ETA recibe vivas y exaltación pancartera. Nos hemos quedado tan solo con el enaltecimiento de la banda terrorista cuando resulta tan grave, si no más, todo lo que en este deleznable caso contribuye a manipular las cándidas mentes infantiles que presenciaban tan penoso espectáculo (?). Eso no es teatro, ni guiñol, ni farsa, ni sátira social o política, ni, por supuesto, ejercicio de la libertad de expresión; más bien habría que hablar de atropello de valores y de deshonor, puesto que la actuación del grupo Títeres desde Abajo estaba programada y dirigida a niños, no a adultos, y en horario apropiado para los pequeños. La libertad de expresión tiene sus justos límites y en modo alguno puede amparar intervenciones provocadoras y vejatorias que superen el marco legal y que, como en este caso, atenten contra el honor ajeno, la protección de menores y los valores y principios morales, además de ensalzar el terrorismo de ETA.

Libertad de expresión, sí, por supuesto, pero con responsabilidad, porque no todo vale ni cabe en democracia. Los derechos de la infancia son sagrados y están recogidos en la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención del mismo nombre, el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños y, en el ámbito nacional, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La actuación de la Audiencia Nacional, circunscrita a la sola cuestión etarra, supuso la prisión provisional -reemplazada ayer por su liberación con comparecencia diaria en el juzgado- de los dos comediantes anarquistas. Da la impresión de que respondía más a una reacción emocional desproporcionada y vinculada a cierta alarma social que a un acto de estricta justicia. En cualquier caso, existen responsabilidades políticas que deberían sustanciarse cuanto antes y de las que no han de escapar ni la concejal responsable de Cultura que contrató a los titiriteros, que ya ha metido la pata en otros asuntos, ni la propia alcaldesa, que sigue de perfil por mucho que condene lo ocurrido.