El tiempo de tramitación de los planes de ordenación del territorio será de dos años, prorrogables a otros dos, pero la declaración ambiental que deben incorporar deberá estar en 22 meses. Así lo destacó ayer el Gobierno regional, en un resumen de las principales novedades de la futura Ley del Suelo.

El anteproyecto fue presentado en la capital grancanria a los medios de comunicación por la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto.

Según explicó, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el organismo autonómico que durante años ha tenido la última palabra en el urbanismo, solo conservará la función de informar en la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica.

Barreto  indicó que la Cotmac mantendrá una participación en ese procedimiento, pero ya no emitirá informes de legalidad del plan en cuestión (eso le corresponderá hacer al ayuntamiento o cabildo que lo tramita), sino que se pronunciará sobre cómo encaja el contenido de ese instrumento en cuestiones que competen al Gobierno canario. De esa forma, la Cotmac unificará en un solo documento todos los informes que deben emitir las distintas consejerías involucradas, cuyo contenido será vinculante para el ayuntamiento o el cabildo.

Decidir si estos han respetado las directrices de ese informe ya no será función de la Cotmac, sino que lo determinarán los tribunales, llegado el caso. ¿Qué ocurre si el Gobierno considera que el ayuntamiento o cabildo no respeta lo que estableció la Cotmac? “Pues que aprobará el plan, pero nos veremos en los tribunales”, resumió la consejera, en una exposición recogida por Efe.

En el objetivo de que un plan general se apruebe en dos años, la Cotmac solo dispondrá de dos meses para emitir su informe preceptivo y vinculante. Transcurrido ese tiempo, el ayuntamiento o cabildo puede seguir con la tramitación del plan.

Sin embargo, Barreto precisó que los informes de la Cotmac sobre cuestiones de competencia autonómica seguirán siendo vinculantes aunque se emitan fuera de plazo, por lo que el ayuntamiento o cabildo que decida seguir con la tramitación sin él a los dos meses, asumirá el riesgo de adaptarlo después.

Otra de las novedades de la tramitación de planes de ordenación insular o de urbanismo municipal consiste en que todas comenzarán con la evaluación de impacto ambiental, el filtro que generalmente más demora los procedimientos, para que desde el primer momento estén claros los límites que se marcan.

La consejera subrayó que la Ley del Suelo parte de un criterio “conservacionista”, porque no alterará los espacios protegidos ni los suelos catalogados con algún tipo de protección.

En cuanto a la composición de la nueva Cotmac, Barreto indicó que aún no se ha decidido, sino que se fijará en un reglamento que seguirá a la ley, una vez que el Parlamento haya aprobado esta. Pero sí adelantó su criterio: ya no estarán en esa comisión los representantes de los cabildos y ayuntamientos, porque solo se va a informar sobre cuestiones autonómicas.

El trámite de planes urbanísticos se acortará a entre dos y cuatro años
Barreto aclara que el Gobierno acudiría a los tribunales contra un consistorio o cabildo si, con el nuevo método, no respetaran el informe del Ejecutivo regional