POLÍTICA

El Tribunal de Cuentas investigará los indicios de responsabilidad contable en Promotur

Rafael Díaz (segundo por la izda.), durante la Comisión de Hacienda del Parlamento canario. /DA
Rafael Díaz (segundo por la izda.), durante la Comisión de Hacienda del Parlamento canario. /DA

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, confirmó ayer que la auditoría realizada a las contrataciones de Promotur Turismo de Canarias, tal como ya informó este diario, ha detectado contratos en 2008 con la Universidad Complutense en los que “pudiera” haber responsabilidad contable, y que el informe sobre las contrataciones de esta empresa del Gobierno regional ya está en manos del Tribunal de Cuentas, competente para dirimir si hubo tal ilegalidad.

El motivo es que se fraccionaron siete contratos de 18.000 euros pese a que había “identidad de objeto y causal” y, por tanto, debieron licitarse por concurso público de forma conjunta.

Lo explicó Díaz ante la comisión parlamentaria de Hacienda y Presupuestos, en la que también mencionó otras irregularidades detectadas en el periodo analizado (2007-2011), como ausencia de memoria justificativa de las contrataciones, no constar la justificación de las que se hicieron con carácter urgente o incrementos injustificados de precios y sin reajustarse la garantía depositada por la empresa.

En total Promotur formalizó en esa época 177 contratos por 69,4 millones de euros. De 2007 a 2009 la gestión estuvo en manos del PP, con Rita Martín como consejera de Turismo.

Desde los grupos parlamentarios, la voz más crítica fue la de Podemos, cuya diputada, Asunción Delgado, tachó de “escandalosos” los “arbitrarios” patrocinios deportivos de la empresa y el pago de viajes a su personal. A su juicio, resulta “un derroche” invertir 69,4 millones sin conocer su “eficacia y eficiencia”. Lamentó que el informe llegue entre 5 y 8 años después de producidos los hechos, por lo que “las responsabilidades políticas están ya muy diluidas, y, si las hubiera, las penales y administrativas, casi igual”.

Desde la Agrupación Socialista Gomera (AGS), Melodie Mendoza, si bien apoyó la labor de Promotur, se preguntó por qué se no fiscalizó el 100% de contratos, pues la muestra incluyó el 78%, para así analizar los inferiores a 18.000 euros. A esto, Díaz contestó que no hay auditores para tal volumen de trabajo.

El PP, por boca de Jorge Rodríguez, obvió las irregularidades expuestas por Díaz, y centró su interés en medir el impacto y el “retorno” de las inversiones de Promotur en llegada de turistas, dado que la Audiencia también echa en falta esa evaluación.

Elena Luis (CC) también prefirió quedarse con la parte buena, es decir, que, según la Audiencia de Cuentas, las contrataciones, en general, se ajustaron a la legislación y a las instrucciones internas, “con las salvedades” del informe, que, no obstante, admitió que abren “dudas”.

Héctor Pérez (PSOE) instó a una “reflexión” en Promotur tras observar irregularidades, que, subrayó, le han sorprendido. Y , por Nueva Canarias (NC), Esther González preguntó si el Tribunal de Cuentas ya ha iniciado algún tipo de procedimiento, a lo que Díaz indicó que el informe se ha enviado a esta instancia, que dirimirá si hay responsabilidad contable.

La comisión parlamentaria en la que ayer compareció Rafael Díaz. / DA
La comisión parlamentaria en la que ayer compareció Rafael Díaz. / DA

Exigencia de medir la eficacia del gasto en  promoción turística

La mayoría de los grupos parlamentarios hicieron suya ayer la preocupación de la Audiencia de Cuentas por que Promotur no mida la eficacia y eficiencia de sus inversiones en promoción turística, que totalizaron 69, 4 millones entre 2007 y 2011. como señala el órgano auditor en su informe sobre las contrataciones de ese periodo. Para Podemos “hay una falta muy grave de análisis de objetivos” en esta empresa pública “y no se sabe si se hubiera creado más riqueza” invirtiendo ese dinero aquí. El PP abogó por que haya “elementos medidores de la capacidad de retorno de esas inversiones en forma de turistas”. El PSOE defendió un “análisis de impacto” de ese gasto público en el mercado laboral canario. Para la ASG, se debe “maximizar los principios de eficacia y eficiencia, y saber qué objetivos se cumplen y cuáles no, no solo el gasto de cada actividad”.