Alguno ha bautizado Arona como la Marbella canaria, por la corrupción de libro que se incrustó en este municipio durante el boom inmobiliario desde los años noventa a mitad de los 2000, en la que participó casi toda la clase política, empresarios y técnicos municipales, algunos de los cuales se sientan desde el 12 de enero en el banquillo de los acusados en caso Arona 1, solo el principio del iceberg de la trama corrupta.

A los 13 acusados se les juzga por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Al exalcalde José Alberto González Reverón y a los seis miembros de la junta de gobierno (2003-2007) se le juzga por 300 acuerdos de concesión de 205 licencias urbanísticas que contaban con advertencia de ilegalidad y 75 expedientes de contratación dados a dedo.

El Ministerio Público solicita penas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, así como indemnizaciones millonarias, si añadimos a los políticos al empresario intermediario, Arsenio Zamora, al aparejador y arquitecto municipales, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis y a tres arquitectos externos (Zenón Rodríguez, Antonio Tolosa y Jorge Menéndez) que pagaron supuesta comisiones por lograr proyectos que le conseguían los dos últimos desde el Ayuntamiento.

Una acusación que lejos de aminorarse con el comienzo del juicio oral se ha ido acrecentando tras las cuatro primeras semanas de un calendario que nos llevará hasta el 9 de mayo, pese al recorte de testigos (más de 250) que se han reducido al existir piezas separadas o por desistimiento de los mismos tanto de la Fiscalía, acusación particular y defensas.

Y se ha acrecentado porque el desfile de testigos, con técnicos de Urbanismo, juristas, exsecretarios, empresarios y sobre todo por las declaraciones de la familia Ansorena (grabaron una conversación sobre una extorsión de 45 millones de pesetas) y del sobrino del arquitecto Roberto Luis, evidenciaron, siempre supuestamente, las prebendas y comisiones que recibieron técnicos y políticos a cambio de desbloquear licencias: viajes a Nueva York, Londres, Berlín o Italia, servicio de prostitutas, habitaciones gratis de hoteles y mucho dinero negro fueron el pago de empresarios, sin escrúpulos, para sortear la ilegalidad. El juicio descansa en Carnavales, para regresar sin disfraz el lunes 15.