Sociedad

Canarias se harta del sistema Lexnet y clama por aplazar el ‘papel cero’

El decano Víctor Medina y el diputado Gustavo Matos. / DA
El decano Víctor Medina y el diputado Gustavo Matos. / DA

Es la historia de un conflicto anunciado. Tal y como se preveía, la aplicación del llamado papel cero en las comunicaciones de las partes actuantes con los juzgados españoles a partir del pasado 1 de enero ha generado tantas dificultades que se acumulan las voces de quienes solicitan un aplazamiento de dicha normativa. Si ayer fue el Grupo Socialista en el Parlamento quien solicitó al Gobierno de España una moratoria de esta medida, que se lleva a cabo a través del llamado sistema Lexnet, tanto el Gobierno de Canarias como el Colegio de Abogados de Tenerife (que incluye también a los letrados de El Hierro y La Gomera) confirmaron ayer a este periódico que la experiencia no está dando, ni de lejos, los resultados deseados.

Por lo que respecta a los profesionales, el decano en funciones del Colegio tinerfeño, Víctor Medina, coincidió con el portavoz parlamentario socialista Gustavo Matos en describir como “un infierno” los problemas que esta norma ha generado a no pocos colegiados.

Medina, que recordó la queja presentada por el propio Consejo general de la Abogacía, detalló que “el sistema no funciona bien, las quejas son mayoritarias a la hora de señalar que la comunicación se interrumpe constantemente e incluso hay errores objetivos de consideración, como es el hecho de que no estén previstas las ejecutorias”.

Los problemas en el funcionamiento de la plataforma informática, clave de las protestas

Sorprendentemente, el representante de los letrados explicó que los principales problemas de los abogados a la hora de comunicar digitalmente con los juzgados llegan cuando son los órganos jurisdiccionales emiten el mensaje de turno. “Muchos han tenido que recurrir de nuevo al fax”, desveló Medina, quien añadió que “lo peor es que no son pocos los colegiados que le están cogiendo manía a este sistema dada la frustración que generan los constantes fallos técnicos”.

El decano quiso dejar bien claro que “los profesionales de la abogacía somos los primeros interesados en que avance la digitalización de la Justicia porque facilita enormemente nuestro trabajo, y entendemos que todo cambio conlleva un tiempo de adaptación, pero lo mejor para el buen funcionamiento de la Justicia es suavizar la exigencia y, sin desandar lo ya logrado, aceptar que costará más de lo previsto”. Tal interés porque no fracase el proceso, pero se tengan presentes las dificultades surgidas, es compartido por la Consejería autonómica de Justicia y los parlamentarios socialistas.

Un portavoz oficial del referido departamento regional apuntó ayer que “nada ha cambiado por nuestra parte”, en referencia a las reiteradas solicitudes que desde el Archipiélago se realizaron a Madrid para aplazar la medida que entró en vigor a primeros de año.

El viceconsejero canario de Justicia, Manuel Fajardo, declaró en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS el pasado mes de noviembre que no entendía la intransigencia del Gobierno central. “En una reciente Comisión Sectorial solicitamos al Ministerio de Justicia un periodo transitorio, pero de momento sigue sin acceder a ello, a pesar de que el propio Consejo General del Poder Judicial está de acuerdo con nuestra postura. Desde luego, nosotros vamos a intentar cumplir el plazo, pero bajo ningún concepto se pondrá en riesgo el derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva”, decía entonces Fajardo.

Todos apuestan por la digitalización de la Justicia, pero hablan de “infierno” para profesionales

En cuanto a Matos, que es portavoz parlamentario de Justicia de los socialistas en el Parlamento de Canarias, va más allá cuando sostiene que el Ejecutivo del PP ha implantado esta herramienta “a toda prisa, sin haber dotado previamente a las comunidades autónomas de los medios adecuados para su adecuado desarrollo”.

En su comunicado, el diputado subraya la apuesta absoluta del PSOE por la digitalización en la Administración de Justicia, por la implantación de sistemas que incorporen las nuevas tecnologías y por la desaparición paulatina del papel, “pero con Lexnet, el Gobierno de Rajoy ha actuado desde la improvisación, sin contar con las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia y sin haber realizado la pertinente dotación de medios técnicos y económicos para el correcto funcionamiento de este instrumento”.

Además, Matos sostiene que en estos momentos el sistema “resulta deficiente y está generando una infinidad de quejas por parte de los operadores jurídicos, especialmente por los abogados y funcionarios de justicia, pues una medida prevista para agilizar la tramitación de expedientes se está convirtiendo en un auténtico infierno para estos profesionales”. Insiste el parlamentario en la falta de planificación del Ministerio en la implantación de esta plataforma, “de tal manera que el hecho de que no se haya dispuesto de un plazo suficiente de adaptación está ocasionando importantes deficiencias”. Añade que la “chapuza” se agrava ante el hecho de que se haya implantado Lexnet desde el Gobierno de España pero con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, “sin haber transferido ni un solo céntimo más para su funcionamiento”.

Una bola de nieve que amenaza con crecer

Salvo que lo remedie una paulatina solución de los problemas técnicos que ha provocado la aplicación del sistema Lexnet, una plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y diversos operadores de uso obligatorio desde el pasado 1 de enero, los problemas surgidos amenazan con crecer de forma exponencial. Ello se debe a que tal obligatoriedad solo se aplica a los nuevos casos, que obviamente crecerán en número a medida que avance el calendario.

Sea como fuere, los problemas surgidos en Canarias no son ajenos al resto del territorio nacional. Las noticias relacionadas con retrasos, errores y demás conflictos surgidos a cuenta de esta medida se suceden en numerosas comunidades y en algunos casos hay colegios de abogados que, como el de Cartagena, se han manifestado frontalmente contra la situación creada.

Mientras el propio Consejo general de la Abogacía aboga ante el Ministerio por un aplazamiento o suavización del llamado papel cero, el ministro del ramo, Rafael Catalá, solo reconoció en la Conferencia Sectorial del pasado jueves la existencia de problemas de “colapso” en la red, que “se van superando”.

Para solventar las dificultades registradas, Catalá destacó la intención de poner en marcha un paquete de 17 medidas.