Caso Arona 1 / Sentencia pieza separada

José Alberto González Reverón y Antonio Sosa, inhabilitados durante 7 y 8,5 años para empleo y cargo público

Antonio Sosa y José Alberto González Reverón, sentados en el banquillo en diciembre / SERGIO MËNDEZ
Antonio Sosa y José Alberto González Reverón, sentados en el banquillo en diciembre / SERGIO MËNDEZ


José Alberto González Reverón
y Antonio Sosa Carballo, alcalde y concejal de Urbanismo de Arona durante el mandato 2007-2011, han sido condenados a siete años y ocho años y seis meses, respectivamente, de inhabilitación para empleo y cargo público por el delito continuado de prevaricación, según la sentencia dictada ayer por el tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial, compuesto por María Vega Sánchez (ponente), Lucía Machado y Aurelio Santana, sobre la pieza separada del caso Arona 1 que fue juzgada en diciembre.

El tribunal, el mismo que lleva todo el caso Arona 1 que se reanudará el día 14, absuelve al González Reverón de los demás hechos de los que había sido acusado, y también a Sosa Carballo del delito de prevaricación en comisión por omisión y del delito en grado continuado de malversación de caudales públicos por los que venía siendo acusado.

El fiscal, Jaime Serrano-Jover, pedía para el exalcalde de Arona Alberto González Reverón 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para exconcejal de Urbanismo, 10 años por el mismo delito y un año de prisión por malversación de caudales públicos. Tras el juicio, que tuvo dos sesiones, el propio fiscal reconocía que la acusación de malversación de fondos públicos tenía “poco recorrido”, tras unas dietas cobradas por el exconcejal por un viaje a Berlín invitado por la concesionaria de basura en el municipio.

Bien distinta era la conclusión del fiscal sobre la acusación de José Alberto González Reverón, que en la actualidad cumple condena de 4,5 años de inhabilitación para cargo público por la que tuvo que abandonar la Alcaldía de Arona en noviembre de 2012, aparte de enfrentarse a otra posible condena de 35 años de inhabilitación por todo el caso Arona aún juzgándose. Para Serrano-Jover, “existían claros indicios de cohecho”, pese a que en los dos días de juicios no se llegó a hablar de los privilegios de los que disponía el regidor municipal de Arona desde 2003 en el hotel Sir Anthony, donde podía disfrutar de dos habitaciones a su nombre. Para el auto firmado ayer cabe interponer recurso de casación , en el plazo de cinco días, ante la sala segunda del Tribunal Supremo.

Sir Anthony
El exalcalde de Coalición Canaria aseguró, en cuanto a las obras en el hotel Sir Anthony , que se hizo por el procedimiento reglado, algo que durante el juicio desmintieron los técnicos municipales, e incluso Rafael Estartús, representante del grupo Mare Nostrum, propietario del hotel, explicó que se solicitó licencia de obra menor con la intención de pedir después la licencia para obra mayor. La intención era realizar una reforma total del hotel, relatando que el alcalde tenía conocimiento de las intenciones del grupo hotelero. La inspección urbanística tuvo como resultado la multa de mayor cuantía de cuantas se han puesto en Arona, pero que posteriormente fue rebajada.

José Alberto González Reverón aseguró que nunca pretendió favorecer a Rafael Estartús y también afirmó que desconocía cuándo empezaron las obras en el hotel, algo que desmienten las grabaciones en donde se recoge los “favores” de Estartús al exalcalde con la disponibilidad de habitaciones sin pasar por la recepción.

Contratos a dedo
El tribunal también considera probada la comisión de un delito de prevaricación continuada por parte de Antonio Sosa, a quien absuelve en los hechos vinculados al hotel Sir Anthony, por la contratación ilegal (a dedo) de cuatro personas en el área de Medio Ambiente que él dirigía, al igual que Urbanismo.

Según la sentencia, queda demostrado que las incorporaciones, que se llevaron a cabo bajo la modalidad de contratos menores de servicios, superaron el año que establece la ley como límite para este tipo de contrataciones. Destaca el fallo que la selección se basó “pura y exclusivamente en que eran personas conocidas por Antonio Sosa”, que ni siquiera “comprobó sus currículos y titulaciones”. Los magistrados ponen de relieve que la decisión fue “arbitraria y discrecional”, es decir, se utilizó una fórmula de prestación de servicios externa para colocar “de forma estable y continua” en el área de Medio Ambiente, bajo la excusa de la falta de personal, a cuatro personas afines al exconcejal.

Recoge la sentencia que Sosa tenía “conocimiento de la ilegalidad de su actuación”, como queda demostrado, según la Audiencia Provincial, en una llamada telefónica en la que el exalcalde José Alberto González Reverón le indica “que los despida, que la situación es grave”.

Absolución
De los cuatro hechos enjuiciados, los acusados han quedado absueltos en dos, por lo que solo pagarán cada uno de ellos un cuarto de las costas procesales. A González Reverón se le absuelve de la concesión de licencia ilegal de una vivienda de dos plantas de un primo suyo en Buzanada, según denunció el constructor José Tavío (sigue hospitalizado al ser golpeado tras un atraco en su casa).

Los magistrados absuelven a Antonio Sosa del delito de malversación de caudales públicos, al entender que el exconcejal cobró dietas de manutención y alojamiento a las que “tenía derecho, por cuanto viajaba a una feria relacionada con su cargo en el Ayuntamiento”.

Sosa confirma que recurrirá al Supremo
Antonio Sosa se mostraba anoche contrariado, aunque sereno. “Me siento orgulloso de que me hayan levantado dos de las tres acusaciones, pero decepcionado por la condena que me han impuesto por las contrataciones”, dijo el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el mandato 2007-2011 en Arona, entonces en las filas de Coalición Canaria y desde mediados del año pasado en Unidos por Arona, que no logró acta de concejal.

Sosa confirmó que recurrirá la sentencia, a través de su abogado Freddy Santos, y lo hace porque mantiene que “los contratos que realicé para el área de Medio Ambiente nunca tuvieron reparos de la Secretaría general ni de Intervención, ni mucho menos informes desfavorables”, insistiendo en que tampoco “fuí advertido de que podía incurrir en una ilegalidad”, por lo que no entiende que se le condene por “hacer hacer algo que afirman que yo sabía que estaba mal hecho”, relató.

Antonio Sosa, durante el juicio oral, mantuvo que la contratación de cuatro personas para Medio Ambiente se realizó “en función de sus currículos y en algún caso porque además conocía el trabajo que habían realizado en este área en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de San Miguel”. Sosa, como también recordó ayer, insistió en la vista oral en que “para contratar a esas personas primero hablé con Recursos Humanos y después con Intervención y Secretaría para saber cómo había que actuar”.