El mantenimiento o conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar sigue siendo una asignatura de difícil evaluación, por cuanto las partes implicadas, pese a las múltiples reuniones habidas no terminan de cerrar ni la entidad de conservación ni el consorcio que se haga cargo de los gastos que genera una instalación que alberga a más de doscientas empresas.

La última reunión de los secretarios municipales y del Cabildo, celebrada el martes, y a la que no fue convocado el abogado de los empresarios, tampoco solventó las aristas jurídicas reconocidas con anterioridad y que han alimentado aun más la posibilidad de que los empresarios eleven el contencioso ante la Justicia.

Desde el Ayuntamiento de Güímar se indica que “ante los problemas de entendimiento que han surgido, principalmente con el alcalde de Arafo, en las múltiples reuniones que se han hecho para consensuar la gestión conjunta del Polígono, bien a través de Entidad Urbanística, bien a través de Consorcio o Mancomunidad, la alcaldesa está sopesando la posibilidad de gestionar directamente la parte del Polígono que se halla en dicho municipio. De hecho, es lo que se está haciendo desde que se recepcionó, desde hace casi tres años”.

“No podemos permitir -insiste desde el Ayuntamiento guimarero- que los enfrentamientos entre políticos, mermen y causen, no solo malestar, sino una mala imagen del Polígono, ahuyentando a los empresarios, y peligrando con ello, los puestos de trabajo, del que dependen muchas familias”, en una instalación que le reporta a Güímar (22% del suelo del Polígono) en torno al millón de euros anuales en impuestos.

El Ayuntamiento mantendría los servicios de ese suelo (seguridad, alumbrado, limpieza…), entendiendo que el Cabildo se hiciera cargo del emisario, infraestructura que de conformidad con lo recogido en la ley territorial de Aguas de Canarias, corresponde al Consejo Insular y que la gestión del agua del pozo de Chigengue sería conjunta, como se firmó en el acta de recepción, con unos precios del agua que no supongan un agravante para las industrias allí radicadas, una de las principales preocupaciones de los empresarios.