Caso Arona 1 > Declaran los testigos

“Se prestaba más atención en dar licencias que en vigilar las obras”

Damián Hernández, jefe del área de Disciplina Urbanística desde 2009 / NORCHI
Damián Hernández, jefe del área de Disciplina Urbanística desde 2009 / NORCHI

María Vega, la magistrada ponente del caso Arona 1, puso la guinda al testimonio del principal testigo de la última jornada hasta el 14 de marzo en el que se reanudará el juicio oral, el excompañero de Eliseo de la Rosa en la Oficina Técnica (desde 2003), Damián Hernández Fumero. La jueza, tras el interrogatorio de defensas y acusación, preguntó al testigo “¿por qué se tramitaban licencias y no las denuncias por incumplimientos?”. A la que no tuvo reparos en contestar: “Se prestaba más atención en tramitar licencias que en vigilar las indisciplinas urbanísticas”, dijo Hernández ante la cara de preocupación de los exmiembros de la junta de gobierno.

Llamado por Fernández del Torco, letrado del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, Hernández dejó algunas perlas que pusieron en entredicho a la defensa. Por ejemplo reconoció que le “sorprendió que se diera la licencia a Proguito (urbanización de los Ansorena), porque yo informé en junio que no cumplía con el uso turístico de la parcela y cuando regresé de vacaciones ya estaba firmada la licencia”, desmitiendo que antes de su informe hubiera otro de Roberto de Luis, el exaparejador, con la coletilla “pendiente del uso”.

Hernández confirmó que “los informes jurídicos contenían la propuesta de resolución” e insistió hasta la saciedad que “los informes técnicos y jurídicos no son contradictorios, sino complementarios” y que después de lo sucedido en 2007 y 2008 con las detenciones de Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis “hubo reuniones para reorganizar la Oficina Técnica, para dejar de trabajar como dos bandos y aunar a técnicos y juristas en dos areas, una de planeamiento y ordenación y otra de disciplina urbanística”, que sigue hasta hoy, con el propio Damián Hernández Fumero como jefe de sección de Disciplina Urbanística, cargo que ocupa desde 2009, cuando dijo encontrarse en los armarios del Consistorio “cajas de llenas de denuncias, casi todas prescritas”.

En un alegato a favor de los técnicos, comentó que dentro de la maraña de normativas de esos años “mirando con lupa, en el 99% de los proyectos se encontraban incumplimientos”, y dijo del secretario José Ángel Alonso, que habló del “valor normativo de los fáctico”, en referencia a construcciones ya realizadas.

Tras esta declaración, el abogado de Roberto de Luis prescindió del testimonio de Victor Hernández Díaz, de Cram 4, donde supuestamente se pagaban las comisiones de los arquitectos a los técnicos municipales.

El primero en declarar, a través de videoconferencia fue el promotor gallego Eugenio García Bernárdez, casado con una prima de Roberto de Luis, quien hizo tres urbanizaciones en Arona, una de ellas reparadas por el propio De Luis. Contrató al sobrino de éste para vender a través de su inmobiliaria 125 viviendas en Los Geranios (Costa del Silencio), pero “se quedó con dinero” y luego “me amenazó”, resumiendo que se trata de una persona “muy poco creíble”, en clara defensa de las tesis de Roberto de Luis.

Un exsocio del sobrino de Roberto de Luis lo califica de “drogadicto”

Se excusó de tener poco memoria debido a “tres infartos severos” que ha sufrido, pero Rafael del Barrio-que pidió no ser fotografiado- tuvo memoria selectiva para relatar episodios con el ánimo de desacreditar a su exsocio (hasta 2001), José Antonio Molina, el sobrino de Roberto de Luis que calificó a éste como “el cabecilla de la banda” en el caso Arona.

Rafael del Barrio, llamado como testigo por la defensa del exaparejador municipal, comentó que conoció a Molina con 17 ó 18 años, y que 1997 le propuso terminar una urbanización en Costa del Silencio, cuando Del Barrio tenía una pequeña constructora y Molina gestionaba la inmobiliaria ML junto a su primo Alejandro de Luis.

Aquella operación, según el testigo, apenas duró seis meses, porque “Molina me pidió 300.000 pesetas de comisión por haberme conseguido la promoción, a lo que me negué”, una cantidad que aumentaría poco después, a preguntas de la acusación particular, a 800.000 pesetas. Del Barrio comentó que esa petición se la trasladó a Roberto de Luis y éste le negó que pidiera comisiones, antes de romper la relación con ML.

Sin embargo, un año después monta una sociedad con Molina, tras poner cada uno 2.5 millones de pesetas, para el traspaso de un pub que tenía el concejal de Santa Cruz, Enrique Rosales y otros tres socios más, en las torres de cristal de Santa Cruz, que apenas duró seis meses porque “la noche no era lo mío y él no era de fiar”, relatando que su socio consumía grandes cantidades de coca y una noche le comentó que “suplantaba a su tío para lograr comisiones de los promotores en el Sur” y si le denunció solo fue por venganza, “por haber perdido su alto nivel de vida”, dijo el testigo que declaró que Molina “tiene un procedimiento abierto por banda armada”. Toda su declaración se basó en desacreditar a Molina y lo hace porque “después de lo que los infartos que he sufrido he cambiado de vida y no puedo permitir que siga haciendo daño a su tío y a otras tantas personas, como a su madre y a su hermana”, comentó.