Tenerife tiene 2.400 perceptores de PCI menos que Gran Canaria

Patricia Hernández ha tenido que tomar medidas drásticas para mejorar la gestión de la PCI. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
Patricia Hernández ha tenido que tomar medidas drásticas para mejorar la gestión de la PCI. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

La Prestación Canaria de Inserción (PCI) se ha convertido en una herencia envenenada para el Gobierno regional que preside Fernando Clavijo. Tanto es así que la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo, Patricia Hernández, ha tenido que dar un giro de timón para hacer frente a las deudas que acumulaba su departamento con miles de perceptores reconocidos desde hace años.

Además, entre los numerosos problemas que ha acumulado durante años esta ayuda, está la acuciante falta de personal encargado de gestionar esta prestación, tanto a nivel provincial como municipal. De hecho, la propia Consejería reconoce que en la isla de Tenerife hay 2.402 beneficiarios menos que en la de Gran Canaria, para un total de 12.135 perceptores en el cómputo del Archipiélago. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Alberto Campos, hasta el pasado 2 de febrero había 4.353 beneficiarios de PCI en Tenerife, 304 en La Palma, 21 en El Hierro, 155 en Fuerteventura, 10 en La Gomera, 512 en Lanzarote, y 6.755 en Gran Canaria, además de otros 25 de los que no consta residencia.

Para agilizar la gestión de las ayudas, la Consejería anunció que contrataría al menos 12 personas para ayudar en la baremación de las solicitudes, que siguen contándose por miles. Pese a todo, la vicepresidenta Patricia Hernández señaló a finales de diciembre que el Ejecutivo había terminado de pagar las 6.412 PCI que había pendientes, con lo que la tramitación de estas prestaciones se iniciaba en enero, por primera vez desde su creación en el año 2007, sin lista de espera. Para conseguir este hito, el Parlamento de Canarias tuvo que aprobar un proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por el cual se destinaban 7,5 millones de euros a dotar la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción, que fue aprobado en Consejo de Gobierno el 9 de noviembre.

3.371
fue el número de personas que fueron dadas de alta en nómina en el sistema de ayudas durante el año pasado

Patricia Hernández recordó que “aunque se trata de un problema generado hace muchos meses, no se entiende tanto tiempo de sufrimiento para miles de familias, pero lo importante es que lo hemos solucionado y en dos semanas todas las nóminas pendientes han sido pagadas”, al tiempo que agradeció el esfuerzo de los trabajadores públicos de la Consejería, que “dedicaron muchas horas de su tiempo, incluidos los fines de semana, para poner al día los derechos de miles de canarios a recibir la PCI reconocida”.

En el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 de la Comunidad Autónoma se contemplan 45 millones de euros solo para la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción. Según declaró la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión de Presupuestos “se trata de un incrementó histórico, con un total de 17 millones de euros más que en el ejercicio 2015”. Los problemas de la controvertida PCI, en cualquier caso, tardarán muchos meses en resolverse, especialmente en lo que se refiere a las nuevas altas en nómina. No en vano, como publicó este periódico, la propia Consejería de Políticas Sociales reconoce que de las 3.371 nuevas altas realizadas en 2015, un total de 3.349 corresponden a expedientes abiertos en 2013 (1.570) y 2014 (1.779), mientras que el resto (22) son beneficiarios reconocidos en 2015.

De igual modo, el departamento que dirige Patricia Hernández (PSOE) exponía que hasta finales de octubre había otras 727 personas que estaban pendientes de renovar la mencionada prestación, la mayor parte de ellas (692) a la espera de que se les valoren los requisitos administrativos exigidos. Una espera que, según los trabajadores sociales, dura al menos ocho meses.