Carlos Padilla
Santa Cruz


Habían pasado casi dos horas del instante en que debía haber comenzado la segunda sesión de comparecencias de la comisión eólica cuando la presidenta del órgano, la nacionalista Guadalupe González Taño, anunció lo que casi nadie esperaba:la suspensión de la cita parlamentaria. Hasta ese momento, las dudas giraban en torno a si la reunión sería secreta o no, a si el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, participaría en ella o incluso sobre la posibilidad de que el declarante, el empresario grancanario Alberto Santana, rechazara contestar a las preguntas de los diputados. Fue éste, precisamente, el que precipitó el aplazamiento al negarse a que el líder popular permaneciera en la sala, pues ha sido denunciado -por él mismo- en relación con los hechos investigados. "No puede ser juez y parte", afirmaba momentos después de recusar a Soria, en los pasillos de la Cámara. Allí también aseguró que este caso, el de las irregularidades en la concesión de terrenos en el concurso eólico, va a salpicar a la cúpula de Coalición Canaria. Al final, la comisión volverá a reunirse la semana que viene, una vez que los servicios jurídicos del Parlamento decidan si aceptan o no la solicitud del compareciente.

"Lo he denunciado [a Soria] por una serie de cuestiones que considero que podrían ser constitutivas de delito. Exijo que no sea miembro de esta comisión porque forma parte de los denunciados", aseveró Santana. Sin embargo, el empresario garantizó que acatará la decisión de los juristas de la Cámara, sea la que sea, y que contestará a todas las preguntas de los miembros del órgano investigador, incluso si el presidente del PP canario permanece en la comisión. "Lo acataría, pero no estaría de acuerdo", añadió.

Pero Santana fue más allá. Aunque rechazó desvelar hacia quién disparará en el transcurso de su futura comparecencia, sí que fijó su objetivo en la cúpula del partido que compartía Gobierno con el PPdurante la época de los hechos investigados. "Con todos mis respetos hacia CC, entiendo que la trama eólica les puede salpicar, porque había un Ejecutivo de coalición y ambas partes estaban al corriente de lo que ocurría", explicó. No soltó prenda. "¿Castro Cordobez?", se le preguntó. "Podría ser", contestó.



Evidencias de delito

En la próxima sesión, el empresario espera mostrar "las evidencias" que "tanto el Parlamento como la Justicia" tendrán que analizar para comprobar "si son suficientes para acreditar el presunto tráfico de influencias y otros hechos delictivos", afirmó. Por lo pronto, la disputa se centra en la figura de Soria y en su decisión de acudir a las sesiones de la comisión como miembro sustituto, algo que ha desatado las críticas de CC y PSC. De hecho, los socialistas no dudaron ayer en reprocharle que asistiera a los debates secretos del órgano -a los que en teoría sólo pueden acudir los titulares de la comisión-, una actitud que, a juicio del diputado socialista Santiago Pérez, está actuando "como factor multiplicador de las dificultades jurídicas de la investigación". "La suspensión ha sido consecuencia de la presencia de Soria", apostilló.

Según explicó Pérez, la comisión preveía que cualquier compareciente tuviera la posibilidad de invocar la disposición reglamentaria referente a que si el asunto que se investiga es objeto de secreto de sumario judicial, las sesiones de la comisión deberán ser secretas, una posición que, aseguró, mantuvo el PSC justo hasta el momento en que el declarante decidió hablar con las puertas abiertas a los medios de comunicación. "Pero hoy [por ayer] el declarante ha dicho que no tiene inconveniente en que no sea secreta, que es un asunto político y cuanta más transparencia mejor, pero para salvar sus derechos fundamentales pide que el señor Soria no sea miembro de esta comisión, porque ha sido denunciado judicialmente por él mismo", aclaró. Ahora, los expertos decidirán.