Agencias
Madrid


Los presuntos responsables del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, a un mes de cumplirse los nueve años del crimen. Los etarras se enfrentan a una pena de cincuenta años de prisión.

En la primera sesión de la vista oral, Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia, se negaron a responder a las preguntas del fiscal y del abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo. "No voy a decir nada, no voy a responder", dijeron ambos al inicio del juicio.

En la sala estaban la madre y hermana de Blanco -entre otros familiares y amigos-, el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz; el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa; el presidente de Foro de Ermua, Miquel Buesa, y a varios miembros de Dignidad y Justicia.

Al habitáculo blindado -desde donde presencian los juicios todos los procesados por delitos de terrorismo que se encuentran en prisión- primero entró Txapote. La presidenta de la Sala, Manuela Fernández, le pidió que se sentara en el banco más próximo al tribunal, y después de varios segundos, el imputado decidió obedecer. A continuación, entró Amaia, se sentó junto a Txapote y le dio un beso (son pareja sentimental).

Una vez que ambos se negaron a declarar, el fiscal Miguel Ángel Carballo y la acusación popular se limitaron a hacer constar las preguntas, mientras que ambos procesados se mostraban ajenos a lo que ocurría en la sala, hablando continuamente entre ellos. Esta misma actitud la mostraron la pasada semana cuando fueron juzgados por el asesinato del concejal del PP, José Luis Caso.

El primer testigo en declarar fue la madre de Blanco, Consuelo Garrido, que señaló que desde el asesinato de su hijo tanto ella como su madre se encuentran bajo tratamiento psicológico, y la hija, María del Mar Blanco, va a iniciarlo próximamente.

Tal como explicó a preguntas del fiscal, el concejal del PP vivía en Ermua y trabajaba en Eibar, y todos los días hacía el mismo recorrido en el tren, y a idénticas horas. Así, narró cómo el día del secuestro, el 10 de julio de 1997, a las 15.20, cuando Blanco cogía el tren para ir al trabajo, empezó a recibir llamadas preguntando dónde se encontraba su hijo.

En ese momentó comenzó a alarmarse, al pensar que su hijo podría haber sufrido algún accidente y llamó a todos los hospitales de la zona, hasta que a última hora de la tarde la avisaron de que su hijo había sido secuestrado.

Sin embargo, la madre de Blanco aseveró que su hijo nunca había sido amenazado por la banda terrorista ETA, "o por lo menos él nunca me lo dijo".

Después comparecieron cuatro etarras como testigos obligatorios. El primero de ellos fue Ibon Muñoa Arizmendarrieta, condenado como cómplice por estos hechos. A lo largo de su interrogatorio denunció que sus declaraciones ante la policía y ante el Juzgado -en las que señala a Txapote y a Amaia como responsables del asesinato- fueron obtenidas mediante tortura.

Kepa Echevarría, Sebastián Lasa y Gregorio Escudero se negaron a declarar, por lo que el fiscal solicitó que fueran acusados por un delito de desobediencia ya que los testigos tienen la obligación de contestar a las preguntas.

Cuando la magistrada llamó la atención a Lasa por hablar con los procesados mientras el fiscal leía las preguntas, el etarra la contestó: "Me comporto como quiero en esta sala". Todos ellos saludaron eufóricamente a los acusados y salieron de la sala levantando el puño y gritando "aúpa".

También testificaron cinco policías, un miembro de la Cruz Roja que asistió a Blanco cuando fue encontrado "inconsciente", el letrado de oficio de Muñoa tras su detención, y el de Kepa Echevarría (condenado por el intento de asesinato del funcionario de prisiones Juan José Baeza y que supuestamente facilitó las armas).

Al concluir la sesión de ayer, continúa hasta mañana, varios familiares de Blanco se pusieron camisetas en las que se leía "Condena a la pena de muerte", al tiempo que señalaban a los procesados con el dedo y les gritaban insultos como "hijos de puta".

Una vez que la policía se llevó a Txapote y Amaia a los calabozos, la familia rompió a llorar.


Concentración

Cerca de dos centenares de personas se concentraron a las puertas de la Audiencia Nacional para recordar al concejal asesinado, un economista de 29 años.

Mar Blanco agredeció los ánimos y comentó: "Estar en la sala de vistas, escuchar esas cosas y sentarnos en frente de los asesinos de mi hermano es una situación tremenda. Si aquellos que ahora están a favor del mal llamado proceso de paz tuvieran que pasar lo que hemos pasado, y lo que nos queda, puedo asegurar que más de uno rompería con este proceso".

Entre gritos de apoyo, la hermana del edil se mostró esperanzada en la Justicia y reclamó que Txapote y Amaia cumplan "el mayor número posible de años".

El momento de mayor tensión se produjo a la llegada del furgón que transportaba a los terroristas, que fue recibido con insultos y gritos y al que algunos de los congregados intentaban acercarse cuando los imputados descendían del vehículo.

La cuenta atrás para Blanco arrancó con la notificación del secuestro a través de una llamada telefónica a Egin a las 17.00 horas del jueves 10 de julio de 1997. El comunicante amenazó con matarlo si, en 48 horas, el Ministerio del Interior no accedía al agrupamiento de los presos de la banda.