La inmigración es, desde luego, una realidad humana y social que debe ser contemplada y atendida de una manera abierta y dinámica. Cada inmigrante es un ser humano en dificultades que merece todo nuestro respeto y ayuda. Los países desarrollados tienen la obligación moral de colaborar con los países menos desarrollados en orden a alcanzar cotas de crecimiento económico y progreso social dignas de tal nombre.

Siendo esto así, que lo es, no podemos olvidar que España no hace mucho era un país que, en cierta medida, emigró al centro de Europa y a numerosas naciones iberoamericanas. Con las excepciones que se quiera, en términos generales puede afirmarse que los españoles que tuvieron que ganarse la vida fuera fueron bien recibidos.

Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado, y no poco. Las políticas públicas tienen, muchas de ellas, la mayoría incluso, dimensión supranacional, por lo que también en materia de inmigración la política española no puede ser una política al margen de la integración europea. Parece obvio que las principales decisiones sobre la inmigración sean de responsabilidad compartida y se articulen comunitariamente.

Entre nosotros, sin embargo, cunde el sentido de la irresponsabilidad que dimana de esa ingenua manera de ver la vida consistente en sonreir, decir a todo que sí, y que arree el siguiente, que tan bien caracteriza a los nuevos dirigentes de la nueva democracia que nos ha tocado en suerte. Nunca pasa nada y si pasa la culpa siempre es del que estaba antes. Este es el razonamiento que se esgrime, con ocasión y sin ella, para despejar balones en el caso de las estafas, de la inmigración y de cuantas situaciones se compliquen. La culpa siempre es de la oposición.

Las avalanchas de personas que procedentes del África subsahariana llegan estos días a Canarias es la expresión de una política paradisíaca que ha llegado a medio mundo: España es el país dorado, en España se puede trabajar sin papeles porque, tarde o temprano, acaban regularizándote, ya veremos más adelante por qué motivos.

La solución a la pobreza de estos países pasa, en alguna medida, por el compromiso real de la comunidad internacional por ayudar de verdad a los habitantes de estas tierras. Las cosas no se arreglan sólo con subvenciones o ayudas financieras. Es necesario comprometerse en la mejora de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales. Y para ello es menester remangarse y acercarse a la realidad. Mientras tanto, podremos instalar los satélites que sean para controlar los movimientos en la mar, o podremos ordenar a la marina que las pateras no atraquen en nuestras costas, que el problema seguirá insistiendo.



* Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de DerechoAdministrativo.