Diario de Avisos
Fuencaliente


Además de unas setenta parcelas que el Ministerio de Medio Ambiente expropiará para construir el futuro paseo del litoral en el municipio de Fuencaliente, prueba evidente de la práctica del minifundismo en la agricultura palmera, hay más de un centenar de construcciones afectadas por este proyecto, que serán desahuciadas en las playas de El Faro, Puntalarga y La Zamora, sin derecho a indemnización alguna, por la Dirección General de Costas por invadir el dominio público marítimo-terrestre. El pasado domingo, unos 200 vecinos, desamparados ante las últimas cartas recibidas, se reunieron a mediodía en la sala libre de la edificación del antiguo faro, con el único objeto de tomar las decisiones oportunas para unidos, interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya sede radica en Santa Cruz de Tenerife.

Los afectados han acordado crear un fondo común para sufragar los gastos del juicio y cada familia aportará una cuota de 100 euros. Y es que después de presentar las pertinentes alegaciones y más tarde un recurso de alzada ante la Dirección General de Costas en Madrid, a los vecinos se les ha agotado la vía administrativa y antes del 26 de este mes de julio deben ir a juicio. Estiman que la vía judicial podrá retrasar unos dos años el desalojo, si es que no ganan el pleito a Costas que les contesta que no tiene cabida la declaración de las casetas como Patrimonio Cultural y Etnográfico, ni por tanto, la defensa del interés general de las mismas.

Según datos de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, el número de casetas asentadas en el litoral fuencalentero, ilegales, según la Ley de Costas (Ley 11/1990), es de 69 en Puntalarga, de las que la administración considera que 50 cometen infracción por ocupar indebidamente el dominio público, mientras en el caso de La Zamora, se contabilizan 17 casetas, de las que 15 serían objeto de demolición y en El Faro, resultarían perjudicadas 32, de las 33 edificaciones que se localizan en el entorno.

Lejos de mostrar una actitud beligerante ante la Administración estatal, han luchado siempre por el diálogo, porque el Consistorio reubicara sus construcciones. Nunca han estado en contra del progreso, del trazado de un paseo entre las playas de El Faro y La Zamora, de casi 11 kilómetros, simplemente reclaman una forma de ocio arraigada en el acervo cultural de su pueblo desde hace unos 40 años. No se ciegan ante la posible demolición de sus construcciones y por ello, pleitearán ante el TSJC. El propio Cabildo y Ministerio de Pesca, en su día, presentaron alegaciones al proyecto de Costas de aportación de arena a las playas, pues se trata de un Lugar de Interés Comunitario (LIC).