La inmigración ilegal se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Ha desplazado al terrorismo, que aunque en menor medida sigue amenazando nuestras vidas, y al desempleo, que aunque paliado continúa manteniendo la angustia en muchos hogares. Los llamados sin papeles llegan por muchas vías a nuestro país, bastantes camuflados como simples turistas, y la arribada continua de cayucos rebosantes de desesperados a las costas canarias, a pesar de no ser la más grave, empieza a ser contemplada como una verdadera invasión. Cuando se habla de invasión, evidentemente se exagera, pero la exageración no excluye que el problema exista y que sea grave, muy grave.

Y es grave por muchas y variadas razones. La primera, porque España no tiene capacidad para absorber a tantas personas ni es lógico que haga contra sus posibilidades y contra su voluntad soberana. Recibir a inmigrantes es necesario humanamente hablando y es conveniente para nuestro desarrollo económico. Pero una cosa es recibir inmigrantes de una manera controlada, partiendo de nuestra capacidad para acogerlos, proporcionarles trabajo y atender sus necesidades, y otra muy distinta asumir una presión o mejor un asalto a nuestras fronteras como el que se está produciendo. Un Estado necesita el control de sus fronteras y aquí y ahora la realidad es que ese control se está perdiendo. Así de simple.

Es evidente que España tiene capacidad para proteger su territorio y desde un plano puramente teórico podría impedir que los cayucos o pateras se acerquen a la costa como de hecho lo están haciendo. Pero eso implicaría saltarse las leyes internacionales que obligan a socorrer a los que corren peligro en el mar y, lo que es más importante, dar rienda a unos sentimientos de crueldad que nadie alberga ni asumiría. Pero al margen de sentimientos y actitudes humanitarias, un factor tampoco a olvidar, es evidente que la situación actual no puede eternizarse. La vicepresidenta del Gobierno anunció con un inusual tono de firmeza que España no lo permitirá. En realidad no puede decir otra cosa. La duda está en qué va a hacer el Gobierno o qué puede hacer, que no haya hecho ya, para impedirlo. La única solución que se vislumbra es frenar su salida de los países de origen. Y en eso se ha trabajado y se ha invertido, porque convencer a los gobiernos para que colaboren no es gratis. Funcionaron las gestiones y acuerdos con Marruecos y Mauritania, bien es verdad que con serias dudas sobre los métodos con que en estos países se alejó a algunos grupos de subsaharianos hacia el interior, y sin embargo con Senegal siguen sin dar fruto. Europa mira para otra parte desde la inconsciencia que supone no compartir estrategias con el país que, por razones geográficas, se ve más amenazado. El asunto es problemático y la preocupación que despierta no puede estar más justificada. Muchos de los que llegan no pueden ser devueltos, los refugios están rebosantes y dejar vagando por las calles a millares de indocumentados sin trabajo y sin techo, como se está haciendo, no es una solución; más bien es una temeridad.