El pasado 25 de agosto una tromba de agua arrastró una treintena de vehículos hasta el mar en la población de Calella, en Cataluña, aunque -afortunadamente-, ninguno de los coches llevaba ocupantes. Durante cinco días, una embarcación de la Guardia Civil, otra de la Cruz Roja, junto a dos embarcaciones del cuerpo de Bomberos, siete submarinistas, un helicóptero y una dotación terrestre trabajaron sin descanso para sacar a la superficie a los turismos sumergidos.

Es reconfortante comprobar cuántos medios humanos y materiales se movilizan para recuperar una de las más preciadas posesiones del ciudadano del primer mundo: su coche. Sin embargo, en otra zona del territorio nacional cientos de seres humanos (y digo cientos esperando que no sean miles en realidad) mueren ahogados en las aguas del Atlántico sin que nadie pueda evitarlo.... Y me pregunto, les pregunto a todos ustedes, al Gobierno español, a Europa: ¿efectivamente nadie puede evitarlo? No deja de ser llamativo que ese despliegue no se produzca con la misma rapidez y profusión de medios para evitar daños en la que es la única posesión de los que se embarcan desde las costas africanas para llegar a las de Europa: su vida.

Comenzar con este ejemplo pudiera ser tachado de extremo. Pero no es menos cierto también que se trata de un ejemplo real que refleja con crudeza las contradicciones y diferencias existentes todavía entre el primer y el tercer mundo. Entre lo que vale la vida de un ser humano de primera o de tercera, dicho esto con todas las comillas que permita la ortografía. Y entre el abismo que separa la respuesta que damos a los que consideramos nuestros problemas y la que prestamos a lo que nos parece un asunto "de otros", aunque ese asunto sea el riesgo de morir intentando escapar del hambre, la guerra y la miseria.

No sé si hace falta recordar que el dispositivo de vigilancia (y rescate, no lo olvidemos) Frontex cuenta tan sólo con tres barcos, un avión y un helicóptero. Y que con esos medios se pretende atender (y digo atender también con todas las comillas) los 2.250 kilómetros que suman las costas de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y a los inmigrantes que se encuentran en ese espacio marítimo poniendo en peligro sus vidas.

Más de veintidós mil personas han afrontado ese peligro en aguas atlánticas en lo que llevamos de año, y, afortunadamente, han podido llegar en mejores o peores condiciones a tierra canaria. Tenemos constancia de que más de quinientas no lo consiguieron, aunque sabemos que pueden ser muchas más: el mar no siempre devuelve sus presas... Y estas cifras se vuelven viejas por horas, porque la velocidad a la que suceden los acontecimientos exige una actualización permanente de los datos. ¿Cuántas víctimas más serán necesarias, cuántas fotos de cuerpos exhaustos hacen falta para que España y Europa se convenzan de que éste es un problema que nos afecta a todos y al que entre todos hemos de buscar solución?

Sólo durante el mes de agosto casi seis mil inmigrantes irregulares llegaron a las costas canarias, superando el total de los llegados a lo largo de todo el año 2005. Quiero resaltar que se les ha prestado atención y ayuda inmediata a todos. Con nuestros propios medios. Con responsabilidad y solidaridad. Con humanidad.

Canarias no tiene competencias -por tanto, tampoco medios, ni personales, ni materiales ni financieros- en materia de extranjería e inmigración. Aun así, el Gobierno de Canarias ha seguido buscando una salida al problema. Y a lo largo del pasado mes de agosto el Gabinete de crisis formado para afrontarlo ha seguido manteniendo reuniones, realizando gestiones y proponiendo medidas, acciones y soluciones concretas para paliar no sólo las oleadas de cayucos en nuestras playas, sino el riesgo que corren estas personas en ese viaje infernal y los efectos que sobre nuestros servicios y estructuras sociales provoca un fenómeno descontrolado y en aumento. El Gobierno de Canarias ha realizado gestiones ante los gobiernos de Senegal, Cabo Verde, Marruecos, etcétera, por encima incluso de sus competencias legales o de sus obligaciones jurídicas. Porque no nos hemos limitado a exigir al Estado o a Europa que asuman y cumplan sus obligaciones. Creemos que a pesar de que este Archipiélago no puede firmar tratados, ni adoptar acuerdos internacionales, ni maniobrar en materia de extranjería e inmigración más allá de la asistencia humanitaria que ya damos... Creemos que a pesar de los límites estrictos que nos constriñen, estamos obligados moralmente a colaborar, trabajar y buscar soluciones conjuntas a un drama humano de enorme envergadura.

Ningún gobierno español -ni actual ni pasado-, ninguna autoridad europea, ningún gobernante africano podrá decir lo contrario. La ayuda ofrecida por el Gobierno autonómico, las administraciones insulares y municipales, la solidaridad del pueblo y los ciudadanos de Canarias con todos cuantos han llegado, así como la disposición y colaboración con cuantas iniciativas se han propuesto desde dentro y fuera del Archipiélago, y nuestra dedicación y esfuerzo en la búsqueda de soluciones, están fuera de toda duda. Como están fuera de toda duda la entrega y el trabajo de todos los que forman parte de los dispositivos que operan en Canarias: Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Si no hacen más es porque no se les ha dotado de personal y medios suficientes para afrontar una situación que también a ellos desborda.

Anunciamos hace años lo que podía llegar a ocurrir y fuimos duramente criticados por ello. Anunciamos no sólo que la inmigración en pateras y cayucos iría en aumento. Dijimos también que si el origen de estas embarcaciones fue Marruecos, después sería de países situados cada vez más al sur. Y efectivamente, el viaje comienza ya en Mauritania o Senegal: cada vez más lejos, cada vez más peligroso, cada vez más muertes.

Denunciamos -cuando las pateras llegaban masivamente a Lanzarote y Fuerteventura- que éste no era un problema de dos islas, que era un problema de Canarias y del Estado, pero fuimos acusados de alarmistas. Y nos quedamos sin voz defendiendo una política sobre inmigración para Canarias y una política para Africa que se anticipara a los acontecimientos que veíamos venir. Los ciudadanos y las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura saben muy bien de lo que estoy hablando, porque, junto a ellos, el Gobierno de Canarias reclamó una acción inmediata y efectiva para frenar un fenómeno que ahora ha incrementado su número y su tendencia, pero que sigue siendo el mismo que denunciamos entonces.

Pedimos al Estado que consiguiera acuerdos con los países que podrían convertirse en puerta de salida de cayucos antes de que el fenómeno comenzara, pero -una vez más- no se reaccionó a tiempo. El jueves pasado se publicó que una nueva ruta podría estar comenzando en Guinea Conakry. Y seguirá -lo anunciamos y denunciamos- seguramente hacia Gambia y Guinea Bissau.

Solicitamos una entrevista específica con el presidente del Gobierno de España para tratar este tema, entrevista, por cierto, que se hizo esperar dos meses. Propusimos -y se aprobó- una resolución sobre inmigración clandestina en la última Comisión de Islas de la CRPM y trasladamos al Gobierno del Estado el acuerdo sobre control de fronteras marítimas adoptado el 9 de mayo.

Venimos exigiendo, en definitiva, que se cumplan los compromisos anunciados por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en marzo pasado. Compromisos que están en la línea de las resoluciones aprobadas por esta Cámara con motivo del Debate del Estado de la Nacionalidad y ratificados después tras el pleno monográfico sobre la llegada masiva de inmigrantes a Canarias celebrado en mayo. (...)

Tenemos fundadas razones para insistir en un tratamiento específico sobre la inmigración irregular en Canarias.

La primera -y me voy a detener sólo un minuto en ella, porque no es el tema específico de esta sesión-, es que en Canarias el incremento de población que provoca la inmigración irregular que llega a través de puertos y aeropuertos está provocando una elevada presión social, afectando al suelo y al medio ambiente y dificultando la sostenibilidad de servicios públicos como la sanidad, la educación, etcétera. Y eso lo llevamos mucho tiempo denunciando ante los sucesivos gobiernos de la Nación. Y seguiremos reclamando que cuando se elaboren los presupuestos del Estado se haga teniendo en cuenta a la población de hecho que efectivamente vive en las Islas.

La segunda, que ese incremento de población en España, pero sobre todo en Canarias, debe regularse de manera eficaz, eficiente y asimilable a través de cupos legales. Porque un territorio archipelágico y reducido como el nuestro, no puede asimilar -como lo estamos haciendo- más de un cuarto de millón de personas en cinco años. Canarias no es un territorio abierto que pueda canalizar de forma natural esos flujos de personas. Y si éstos, además, se producen a través de puertos y aeropuertos (sobre los que no tenemos competencias), el control y el margen de maniobra sobre ellos por parte de la Comunidad Autónoma es nulo.

La tercera razón es, sin duda, la más dramática y la que hoy ocupa esta sesión parlamentaria. Porque la cara más amarga de la inmigración irregular que recibe el Archipiélago es la de aquellos que pretenden llegar a Europa utilizando la puerta canaria a bordo de frágiles embarcaciones que en muchos casos no aguantan esa larga y dura travesía. El viento de la tragedia está soplando hacia Canarias. (...)

Estoy aquí, señorías, para decir que los medios que emplea el Estado en Canarias no son suficientes, aunque los que están se dejen la piel en su trabajo. Estoy aquí para decir que faltan medios materiales y humanos. Que falta una política efectiva hacia Canarias y hacia África. Del Estado y de Europa. Y que lo que sí podemos -y debemos- hacer en Canarias, todos, es alzar la voz para que nos oigan en Madrid y Bruselas, reclamando colaboración, esfuerzo y una mayor implicación para buscar una salida a corto, a medio y a largo plazo. Estoy aquí para decir que, como siempre, Canarias colaborará con cuantas acciones se emprendan. Es más -y seguiremos así en el futuro- hemos tomado la iniciativa sin esperar por los que realmente tienen más medios, más capacidad y todas las competencias para hacerlo. (...)

Defendemos un Pacto Europeo sobre Inmigración Irregular que contemple la coordinación y establecimiento de medidas conjuntas de toda la Unión para afrontar un problema que supera los límites estrictos de los Estados europeos. Y reclamamos que la Unión Europea contemple la ultraperiferia del Archipiélago de Canarias también en materia de inmigración irregular. (...) Creemos que ése y no otro es el camino. Seguir trabajando en Canarias para ofrecer la ayuda a la que todo ser humano tiene derecho. Con nuestros medios, y más allá. Pero no nos circunscribimos a eso, a pesar de que es a lo único que estamos autorizados. Seguiremos buscando soluciones, tomando iniciativas, proponiendo acciones conjuntas, movilizando conciencias, apelando a la responsabilidad del Estado y de la Unión Europea, a los deberes de cada uno, a la cooperación con África. Aun siendo conscientes de que no es una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de que, en consecuencia, no contamos ni con los instrumentos políticos, ni con los medios materiales o humanos para afrontarlos. Aún siendo conscientes de ello, seguiremos actuando por responsabilidad, por humanidad y porque es una de las mayores preocupaciones de la sociedad y del pueblo de Canarias.

Seguiremos reclamando un pacto de Estado y un pacto Europeo en el que se impliquen todas las fuerzas políticas y todos los países de la Unión para alcanzar una gestión diplomática, una política conjunta, coordinada y efectiva en la lucha contra las mafias que trafican con los inmigrantes, en la vigilancia de nuestras costas, en la distribución de inmigrantes irregulares, en su repatriación, en el reagrupamiento de los menores con sus familias, en la inversión para el desarrollo de los países del Tercer Mundo.

El escenario en el que nos movemos es muy grave. Y sabemos que si no se actúa ya, si no se buscan soluciones a corto, medio y largo plazo, el riesgo que corremos es muy grande. No podemos permitirnos ni perder tiempo, ni distraer esfuerzos en disputas inútiles, estériles y partidistas.

Canarias siempre ha sabido estar a la altura de lo que la historia -y los ciudadanos de Canarias- exigían cuando lo que ha estado en juego es nuestro futuro. Hemos logrado el consenso en esta Cámara en todos los grandes asuntos de Estado o en las grandes disyuntivas europeas a las que nos hemos tenido que enfrentar. En el caso de la inmigración irregular en el Archipiélago -tanto de la que llega por aeropuertos con visados que se incumplen, afectando a la sostenibilidad del sistema, como de la que llega por pateras y cayucos, desbordando nuestra capacidad de asistencia, nuestros centros de acogida y nuestras posibilidades de ayuda- esa unidad es más necesaria si cabe.

Desde la descolonización del Sáhara, no ha existido una política española sobre el África subsahariana: la cooperación al desarrollo ha sido mínima y la acción diplomática nula. De lo que se trata, señorías, es de que Canarias contribuya con el Estado a recuperar el tiempo perdido. Desde la unidad, desde el consenso, desde la responsabilidad y el compromiso con nuestro pueblo. Porque los hechos vienen demostrando día tras día que no estamos preparados para un escenario de riesgo más intenso que el actual. No es ahora cuestión de mirar al pasado para el reproche mutuo. Sino de mirar al futuro para armar conjuntamente medidas razonables que encaucen el problemas.



* Adán Martín Menis es presidente del Gobierno de Canarias. Este texto corresponde a su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado el pasado martes, día 5.