Multitud de Estados del Tercer mundo no son capaces de cumplir ninguna de las funciones propias del Estado. Son los Estados nominales o inexistentes. Pensemos, por ejemplo, en Somalia, en donde no existe nada parecido a una acción pública del Estado. Una mayor presencia estatal se desarrolla en los Estados débiles, que a duras penas pueden cumplir las funciones públicas mínimas, y dejan grandes lagunas en su acción. Un caso es El Líbano, desgraciadamente tan de moda estos días. Ahora bien, más allá de los Estados nominales o inexistentes y de los Estados débiles, España está protagonizando una nueva variante estatal, una variante que podemos calificar como Estado impotente.

Se trata de un Estado que interviene amplia e intensamente en la sociedad, y que frente al ciudadano individual hace uso de todo su poder exorbitante. No obstante, al mismo tiempo, es un Estado que, ante determinadas situaciones de presión colectiva y de comisión multitudinaria de delitos, se muestra impotente y permisivo. Y es incapaz de garantizar sus derechos a ese ciudadano individual al que exige puntillosamente sus deberes. En definitiva, es un Estado que proyecta una imagen tercermundista hacia el exterior, impropia de la octava potencia industrial del mundo. Porque su impotencia no es el resultado de la falta de medios o de recursos; es simplemente fruto de la mala gestión y, sobre todo, de una concepción extravagantemente libertaria -progresista a la violeta- de cómo ha de ser ejercido el poder político legítimo -la autoridad- en un Estado de nuestros días digno de ese nombre. Una concepción, en suma, que, en cuanto conculca derechos fundamentales de los ciudadanos, deviene sencillamente en reaccionaria.

Si en el Aeropuerto de El Prat usted es un pasajero, exasperado y fuera de sí porque la invasión y ocupación de las pistas le ha dejado sin vacaciones y le ha hecho perder mucho dinero, además de causarle múltiples problemas e incomodidades, y se le ocurre interpelar airadamente a un agente de policía, no dude que todo el peso de la ley caerá sobre su cabeza. Probablemente el interpelado no se contentará con detenerlo, sino que, con el pretexto de reducirlo, le hará sentir lo que significa aquello que decía Max Weber de que el Estado posee el monopolio de la violencia legítima.

Sin embargo, si usted es un empleado de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra de Iberia, y, acompañado de varios cientos de sus compañeros, invade y ocupa violentamente las pistas del aeropuerto sin tan siquiera molestarse en convocar una huelga mediante los procedimientos establecidos legalmente; pone en gravísimo peligro la seguridad del tráfico aéreo, que ha de ser repentinamente desviado hacia aeropuertos alternativos; se dedica a romper y destrozar todo el carísimo material que se le pone por delante y que le viene en gana; y, no contento con ello, colabora en la detención ilegal de multitud de pasajeros, que se ven retenidos durante horas en el interior de los aviones en contra de su voluntad. En otras palabras, si usted, con la coartada de defender su puesto -o sus condiciones- de trabajo, comete una serie ininterrumpida de gravísimos delitos y lesiona gravemente los derechos de miles de personas, pero lo hace en el seno de un grupo suficientemente numeroso, amparado en la masa y en la fuerza, descuide, no pase cuidado, no le ocurrirá nada. Sus delitos quedarán absolutamente impunes. Iberia se avendrá a negociar y le ofrecerá lo que antes le negó. Las fuerzas antidisturbios no intervendrán. El ministro del Interior afirmará que no intervinieron para evitar una batalla campal y males mayores. La ministra de Fomento abrirá una investigación (como decía Napoleón, cuando se quiere resolver un problema se resuelve, y cuando no, se abre una investigación o se forma una comisión). A Iberia se le incoará un expediente sancionador por una infracción muy grave, pero a usted no. Todos, incluyendo los medios de comunicación, no llamarán por su nombre a lo que usted ha hecho. No lo llamarán delito, ni estragos, ni motín, ni detención ilegal, ni coacciones. Lo llamarán huelga, sin añadir los adjetivos de salvaje, ilegítima e ilegal. Nadie reclamará que sea detenido y juzgado. Y nadie se acordará dentro de unos meses. No hay nada más flaco que la memoria colectiva española.

Los dirigentes y miembros de los sindicatos invadieron y ocuparon la pista junto con los empleados. Y ni ellos ni los sindicatos como tales han desautorizado -y menos condenado- la supuesta acción espontánea. Era lo que había que esperar del sindicalismo corporativo e irresponsable que sufrimos en este país. También era previsible que el Gobierno eludiera su responsabilidad y no asumiera culpa alguna por lo sucedido, siendo así que el Ministerio del Interior tiene encomendada una parte de la seguridad de los aeropuertos, y que no sancionara a AENA, gestor de las instalaciones aeroportuarias y, por lo tanto, de su seguridad.

Las razones que esgrimió el ministro Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados para justificar la inacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron de dos clases. En primer lugar, aseguró que no había alternativa a esa pasividad porque el objetivo no era sólo desalojar a los amotinados -el término correcto sería presuntos delincuentes-, sino hacerlo de manera que permitiera su reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo, necesaria para que el aeropuerto volviera a estar operativo. Un desalojo violento habría impedido o dificultado el necesario acuerdo laboral. ¡Pues menos mal que no decidieron tomar la Presidencia del Gobierno! A partir de ahora ya saben que son los dueños del Estado, y que cada vez que quieran algo bastará con que vuelvan a invadir y ocupar las pistas de un aeropuerto. La segunda razón fueron los riesgos de seguridad, dada la actitud y excitación de los ocupantes de las pistas, y la peligrosidad de actuar en un aeropuerto

Estas pretendidas razones, además de dejar en mal lugar la profesionalidad policial, quedan vacías de contenido si tenemos en cuenta lo que realmente sucedió: finalmente, un grupo de pasajeros indignados entraron en las pistas y se encararon con los ocupantes, los antidisturbios intervinieron para evitar el enfrentamiento, y las pistas quedaron desalojadas en poco tiempo. El mayor peligro radicaba justamente en no actuar. De hecho, algunos de los amotinados han manifestado que estaban esperando la actuación policial para marcharse.

Como todo sucedió en España, no podían faltar las demagogias finales. Primero, la demagogia del Gobierno, que se ha apresurado a anunciar el adelanto del pago de la indemnizaciones a los afectados, incluso antes de que se resuelvan las demandas. No tendrá la conciencia demasiado tranquila: un mes después aún hay maletas extraviadas. Luego, claro, el oportunismo del Gobierno catalán, que ha aprovechado para justificar las competencias correspondientes. De haberlas tenido, ¿hubiera podido evitar o solucionar la crisis? ¿Cuenta con recursos y procedimientos para hacerlo, aparte de exigir el certificado de catalán?