M. R. R.
Santa Cruz


Gobierno central y autonómico elevaron ayer de nuevo el tono de sus críticas sobre la eficacia de las medidas para atajar el flujo de cayucos cargados de inmigrantes a Canarias y las consecuencias del fenómeno migratorio irregular. De un lado, el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abrió fuego pidiendo que se hable a los ciudadanos "en serio" de los problemas que genera este tipo de inmigración. Además, consideró que es preciso un Pacto de Estado en el que "sobran la demagogia y la charlatanería". La respuesta del Gobierno de Canarias no tardó en llegar. "Estamos asombrados ante el lenguaje diplomático matón, prepotente y agresivo del que aspiraba a ser ministro de Exteriores de España y ahora se ve forzado a otros menesteres", afirmó ayer el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo canario, José Miguel Ruano, en declaraciones a este periódico.

Lo cierto es que el ministro quiso matizar sus declaraciones, realizadas el viernes al diario grancanario La Provincia, y alegó que al hablar de demagogos y charlatanes no hacía imputaciones al Gobierno canario ni a ninguno otro, sino que los ciudadanos deben ver "ejemplos de portavoces que no aportan ideas ni expresan voluntad de colaboración". No obstante, fue un poco tarde. La hoguera ya estaba prendida y el Ejecutivo canario andaba tremendamente mosqueado. "El ministro se ocupa del Gobierno de Canarias, que no tiene ninguna responsabilidad en el control de las fronteras del Estado, cuando él ha sido incapaz de conseguir ningún acuerdo serio en la cumbre de Tampere (Finlandia) con la Unión Europea", replicó el consejero.

El consejero afirmó que en el Ejecutivo autonómico están "sorprendidos sobremanera" por "estas formas destempladas en un asunto que tanta gravedad para el Archipiélago". Si esta fue la dedicatoria para el Gobierno central en general, el consejero de Presidencia y Justicia también tuvo palabras en particular para López Aguilar. "La opinión del ministro en este asunto, del que se se ha despreocupado por completo, llega tarde", argumentó Ruano, que acusó también al responsable español de Justicia de no haber propuesto "modificaciones sobre la Ley de Extranjería, ni sobre el Código Penal por lo que hoy los patronos de las embarcaciones están siendo absueltos". "No han hecho ninguna propuesta real de solución y vienen a decir que no ha habido corresponsabilidad por parte del Gobierno de Canarias", opinó Ruano. Si para López Aguilar, "es el Estado el único que lo está haciendo todo", desde el Gobierno de Canarias le contestaron ayer que "las Islas están asumiendo los gastos judiciales y sanitarios en la atención de los inmigrantes".

Ruano insistió en los pasos y advertencias producidas desde Canarias desde principios de año ante un repunte en las llegadas, así como un cambio en los puntos de partida de los cayucos. "El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pasó de nosotros cuando le dijimos que las embarcaciones estaban saliendo de Senegal", subrayó Ruano, "lo mismo que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de España a los acuerdos que se tomaron en el Parlamento canario y que les fueron enviados".

En el seno del Gobierno de Canarias parece no haber dudas de que el Gobierno central "ha tenido que recibir la asistencia de las instituciones públicas canarias y no lo han agradecido". Por ello, Ruano calificó ayer de "intolerable" que "primero venga Antonio Camacho al Archipiélago y no se ponga en contacto con el Gobierno canario ni ninguna institución de las Islas y ahora tengamos que recibir insultos del ministro de Justicia, que ha sido incapaz de conseguir el apoyo de la UE". Para Ruano, López Aguilar "no ha digerido bien la respuesta de Alemania, que le ha dicho que España debe ser capaz de solucionar este problema; y eso es justo lo que estamos diciendo nosotros. El Estado debe dar respuestas, aunque nos quieran dejar aislados a nuestras propias circunstancias".