Agencias
Santa Cruz


El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, dijo ayer que la documentación y las comparecencias de la primera fase de los trabajos de la comisión de investigación del caso Amorós han demostrado la existencia de una "trama en el manejo de los recursos públicos" y de un "fondo de reptiles", en el que involucró a un "circuito" compuesto por los bancos -fundamentalmente, el Banco Santander Central HIspano (BSCH) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)- , la Dirección General del Tesoro y "particulares", en alusión a las empresas que recibieron encargos de trabajo "sin contrato, sin control administrativo y con un coste excesivo".

Tanto él como José Alcaraz, portavoz socialista en la Comisión, consideraron "gravísimos" hechos que han trascendido a raíz de los últimos datos aportados como que "se usara dinero público para despilfarros, cuchipandas y saraos" -en referencia a la contratación de un grupo musical para el congreso organizado en el Bahía del Duque, presupuestado en más de 2 millones de euros- y que se estableciera un "intercambio comercial" con la mediación de entidades bancarias con el "único objetivo de eludir el control de los fondos".

Por ello, los socialistas anunciaron su intención de iniciar una segunda fase de la Comisión de Investigación, que incluirá la solicitud de más comparecencias, tanto de personas que no lo han hecho, como de quienes habiéndolo hecho "tendrán que volver para explicar cosas que dijeron y no se sostienen" a raíz de las últimas intervenciones. Spínola y Alcaraz no quisieron concretar la lista de comparecientes que presentarán el próximo lunes, pero sí adelantaron que citarán por segunda vez a Alberto Amorós -que era director general del Tesoro en el ejercicio cuestionado, 2002-; y al actual portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, que entonces era viceconsejero de Hacienda, por manifestar que actos como el del Bahía del Duque son "habituales". No quisieron confirmar si también volverán a llamar al presidente regional, Adán Martín, que era consejero de Hacienda, aunque Spínola sí dijo que "tendremos la ocasión de preguntarle si sostiene su afirmación de que no falta un euro" a consecuencia de la gestión de Amorós durante 2002. Aseguraron que "no excluimos a nadie para llegar al fondo de la cuestión, independientemente de su cargo" y garantizaron que "quien intente dar carpetazo aquí a la Comisión, no contará con el PSC".

Con respecto a las acusaciones formuladas por Becerra sobre que quien inste una segunda comparecencia suya o de Martín, tiene otras intenciones distintas a la de buscar la verdad, Spínola lo negó, asegurando que "llamaremos a quienes puedan aportar luz". Consideró "sorprendentes" estas declaraciones y su falta de disposición a acudir al Parlamento por segunda vez, porque, dijo "parece que se está parapetando".



Conclusiones adelantadas

Spínola sostuvo que las últimas comparecencias han permitido a la Comisión ir "mucho más lejos" que el informe de la Audiencia de Cuentas que motivó su creación. A su juicio, se ha "evidenciado la existencia de prácticas inmorales, ilegales y viciosas con el fin de escapar al control de los órganos que tienen la función de intervenir los fondos públicos". También han salido a la luz, consideran, "mentiras", como la que defendió Amorós al decir que el contrato con Andersen Consulting era gratuito. "Se ha demostrado que el BSCH pagó a esta consultora 450.000 euros por definir las áreas de la Dirección General", resaltó.

Otra de las "conclusiones provisionales" de los socialistas es que se produjo un "despilfarro de recursos públicos", cuyo principal ejemplo es la factura del seminario del Bahía del Duque "que incluye la contratación de un grupo musical para amenizar y eliminar el estrés de Amorós, Becerra y otros altos mandatarios de ésta y otras comunidades autónomas a costa del dinero de todos los canarios". "El despilfarro no tiene justificación", sentenció. La tercera sería la puesta de relieve de la existencia del citado "circuito" entre bancos, el Tesoro y las empresas contratadas. Spínola resumió que las entidades bancarias pagaban a las empresas por encargos impulsados desde la Dirección General, "sin contratos ni control administrativo", a cambio de beneficiarse de depósitos muy cuantiosos de la Comunidad Autónoma en cuentas de dichas entidades. Con estas operaciones "muy beneficiosas para los bancos" encuadradas en un convenio "que se ha demostrado que no es de patrocinio", "se han detraído fondos de la Comunidad Autónoma canaria, que podía haber obtenido rendimientos mucho mejores de los depósitos", añadió Alcaraz.