Nicolas Dorta
Arona


En una visita a los Juzgados de Arona, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, anunció ayer que el nuevo juzgado se pondrá en marcha a partir de hoy, pues únicamente se está a la espera de varios "trámites burocráticos" que se solucionarán "hoy mismo", dijo, para habilitar estas dependencias y dar una mayor respuesta judicial a la inmigración irregular que arriba en cayuco al puerto de Los Cristianos.

En su visita, Francisco José Hernando, acompañado del portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, indicó que este nuevo juzgado se suma a los nueve dedicados "cada uno de ellos", aclaró Hernando, a dar una respuesta judicial a la inmigración, aparte de otras competencias, y estaría integrado por ocho funcionarios, un secretario y un juez.

Así, antes de apostar por la creación de un juzgado específico de inmigración, el Consejo General del Poder Judicial prefiere "reorganizar" todos los servicios de los distintos juzgados para hacer "compatible" y "objetivamente más eficiente" el trabajo, con el fin de que los jueces puedan dedicarse "a éstas y otras funciones", dijo su presidente.

En este sentido, explicó que crear un juzgado específico para inmigración es "inviable", entre otras cosas, por "la imprevisión con que llegan los cayucos o los movimientos migratorios, que obligaría a tener guardias permanentemente", matizó Hernando, insistiendo en que lo importante es "cómo hacer el trabajo para que los jueces desempeñen correctamente su función".

Igualmente, el presidente del Tribunal Supremo dijo que el papel de los juzgados en Arona responde a una "carga puntual y esperemos que coyuntural" que, hasta el momento, ha sabido dar una "la respuesta adecuada" en materia de inmigración. También resaltó su satisfacción por "la capacidad de trabajo que desarrollan los compañeros" y esperó que este décimo juzgado sirva de "complemento efectivo" a la tarea realizada.

Francisco José Hernando abandonó los juzgados a las 10.30 horas, definiendo la inmigración como un asunto "humano" que "tenemos todos los españoles y ciudadanos europeos".