EFE
Madrid


El Congreso aprobó ayer la ponencia sobre el proyecto de ley que establece que en la publicidad de productos como los billetes de avión conste el precio final, prohíbe los redondeos al alza en telefonía y aparcamientos y facilita darse de baja de un servicio general. La Comisión de Sanidad y Consumo aprobó el informe de la ponencia de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que pasa directamente al Senado y que entrará en vigor dos meses después de su aprobación definitiva.

De las 93 enmiendas presentadas al Proyecto de Ley, la mayoría fueron incorporadas al texto en trámite de ponencia y ayer fueron votadas por separado 25 enmiendas, de las cuales sólo fue aprobada una del PSOE y se incorporaron cuatro transaccionales.

Durante el debate, el diputado popular José Ramón Calpe criticó que el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores pase a denominarse Registro Estatal, por considerar el cambio de término "un intento de negar la realidad nacional española".

El texto aprobado ayer en Comisión equipara las cláusulas abusivas a las prácticas abusivas, legitima a las autoridades de Consumo para llevar a cabo acciones de cesación y regula las asociaciones de consumo. Según la norma, los contratos de prestación de servicios deben contemplar expresamente el procedimiento para darse de baja, que debe ser igual de fácil que el de darse de alta, "sin sanciones, pérdidas de las cantidades abonadas por adelantado o pago por servicios no prestados", señala la norma. El texto de la ponencia incorpora al original que en toda información que ofrezca una compañía sobre el precio de bienes o servicios, incluida la publicidad, debe facilitarse "el precio final completo", desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que se apliquen, los gastos que se repercutan y los gastos por servicios adicionales. También recoge una enmienda de CiU para que las oficinas y servicios de información y atención al cliente telefónicos "garanticen una atención personal directa", más allá de otros medios técnicos como el interlocutor electrónico. Respecto a los aparcamientos, éstos deberán cobrar por minutos empleados y entregar al usuario un justificante o resguardo con el día, hora y minuto de entrada. Los aparcamientos que operan en régimen de concesión administrativa tienen ocho meses de plazo para adecuarse a la norma y el resto cinco.