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Madrid


El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, que pretende asentar el cuarto pilar del Estado del bienestar junto a la sanidad, la educación y las pensiones, al reconocer como un derecho la atención a los ciudadanos que no puedan valerse por sí mismos para la realización de tareas de la vida cotidiana y con la creación del Sistema de Atención a la Dependencia que deberá estar plenamente implantado en 2015. Para todos ellos, y en su caso para sus cuidadores familiares, se fijan ayudas económicas y servicios, a algunos de los cuales se podrán acceder a partir del 1 de enero de 2007. La norma que ahora se remite al Senado obtuvo un respaldo holgado en la Cámara gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP, y el apoyo del resto de grupos con la excepción de CIU y PNV, que criticaron duramente lo que consideran una invasión de competencias autonómicas y se posicionaron en contra. Parte del texto también fue rechazado por EA y NaBai, con los mismos argumentos.

Ante la presencia de representantes de organizaciones de mayores, discapacitados físicos e intelectuales en el Hemiciclo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció sus aportaciones al impulso del texto, así como el de sindicatos y empresarios y agradeció por dos veces las aportaciones de los grupos políticos, a los que reconoció que el texto que se ha votado "es mejor" que el que entró en la Cámara. "A veces es difícil aceptar que otros puedan mejorar tu trabajo, pero yo quiero hacerlo hoy aquí en nombre del Gobierno de España".

En España viven 1,1 millones de personas con dependencia grave o severa y 1,6 millones que necesitan algún tipo de ayuda para realizar labores cotidianas y, sin embargo, sólo el 6,5% de las familias que cuidan a estas personas tiene el apoyo de los servicios sociales. Actualmente, según el Libro Blanco sobre la Situación de la Dependencia, la atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres: el 83 por ciento de los cuidadores familiares son mujeres.

Además, sólo el 3,14% de los mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio; el 2% tienen servicio de teleasistencia y el 0,46% dispone de plaza en un centro de día.

En España hay 1.125.000 personas que padecen dependencia grave y severa, es decir necesitan ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria: levantarse, asearse y comer, entre otras, y el 80% de ellas tiene más de 65 años. Los mayores de 65 representan ya el 17% de la población y, de continuar esta progresión demográfica, la cifra aumentará considerablemente en los próximos años. La dedicación que exige el cuidado de los enfermos dependientes supone, en la práctica, que los cuidadores familiares no puedan acceder al mercado laboral. De hecho, sólo el 20% de cuidadores familiares tiene un puesto de trabajo. El Consejo de Europa define la dependencia como "aquel estado en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria". Esta situación puede ser más o menos grave, y aunque afecta en gran medida a las personas mayores (especialmente a las de más de 80 años), se da en todos los tramos de edad, ya que puede estar presente desde el nacimiento