ACN Press
Bruselas


La Comisión Europea continúa el procedimiento de infracción abierto contra los alquileres turísticos en Canarias. En este sentido, Bruselas ha decidido remitir un "dictamen motivado" -segundo paso de este procedimiento y último por escrito- a España para que "revise sus normas sobre alquileres turísticos" en el Archipiélago "en lo que se refiere a la autorización previa y al principio de unidad de explotación", afirma un comunicado. El Ejecutivo comunitario considera que los "requisitos" que existen en las Islas "infringen las normas del Tratado" sobre la "libre prestación de servicios" (artículo 49). Motivo por el cual, la Comisión Europea pide "oficialmente" a España que examine su reglamentación respecto a los alquileres turísticos en el Archipiélago.

Fuentes de la Comisión Europea explicaron que, particularmente, el problema de incompatibilidad con la legislación comunitaria en materia de libre prestación de servicios reside en "dos principios" previstos por la ley adoptada en Canarias en 1995 (número 7/1995) y que fue motivo de una queja presentanda en Bruselas en 2001. El primero de ellos, referido al principio de unidad de explotación, "obliga a los propietarios de un edificio destinado a fines turísticos a utilizar una sola agencia para alquilar todos los apartamentos". El segundo de los aspectos cuestionados trata de la obligatoriedad de "contar con una autorización previa" en el "territorio canario" para ejercer cualquier tipo de actividad turística, lo que implica desde "alquilar apartamentos hasta vender tortillas", aclararon las fuentes.


Respuesta insuficiente

El ejecutivo comunitario envió la carta de requerimiento -primer paso del procedimiento de infracción- a España en 2004, cuestionándole sobre esta legislación canaria en materia de turismo. Posteriormente, en marzo de este año, las autoridades españolas respondieron a la demanda de Bruselas, también mediante una misiva, alegando que estas excepciones se realizan para "garantizar la calidad y el profesionalismo" así como para "reducir los conflictos entre los propietarios y las agencias". Respuesta que no ha satisfecho a la Comisión Europea que mantiene "dudas sobre los argumentos" y en cuanto a la "proporcionalidad de las medidas". Por lo que ha decidido continuar con el procedmiento de infracción y remitir un "aviso motivado". Ahora, las autoridades españolas disponen de un plazo de dos meses para enviar una respuesta a Bruselas.