Industria permitirá a las comunidades subir el recibo de la luz
La recaudación de destinaría a financiar obras eléctricas, mejorar el servicio y evitar apagones
Joan Clos, ministro de Industria y Energía. / DA
   
     
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Rechazo de los consumidores
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) rechazó ayer "la ruptura del tradicional sistema de tarifas eléctricas, que afecta a todo el país, mediante la autorización de recargos" en el recibo de la luz a partir de 2007. En un comunicado, esta organización de consumidores advierte de que la calidad del servicio eléctrico es una obligación de las empresas y rechaza condicionarlo al pago de los mencionados recargos. Como ya indicó en 2004, cuando se anunció la posible aplicación de la medida, FACUA cree que esto aumentará "las diferencias entre comunidades y romperá el esquema solidario en el que se basa la estructura de la tarifa, por el cual los consumidores pagan una serie de conceptos, con independencia del uso que hagan de los servicios". "La ruptura de la tarifa única no es la solución para mejorar el sector eléctrico y perjudicará a los usuarios de las comunidades con un suministro eléctrico de menor calidad, ya que verían como sus facturas se incrementarían frente a las de otras comunidades que gozan de un mejor servicio eléctrico", añade FACUA. Según el Ministerio de Industria, el recargo sería optativo y la decisión correspondería a los gobiernos autonómicos
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Agencias
Madrid


El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio estudia una fórmula que permita a las comunidades autónomas imponer un recargo en el recibo de la luz para mejorar la calidad del suministro eléctrico y evitar los apagones, explicaron ayer fuentes del departamento que encabeza Joan Clos. En los primeros contactos tras el relevo en la cúpula del ministerio, Industria ha instado a las compañías eléctricas a mejorar la calidad del servicio y les ha planteado la posibilidad de arbitrar una fórmula que permita a las comunidades autónomas imponer un recargo en la factura eléctrica si lo consideran necesario para lograr ese objetivo. Según las fuentes consultadas, el recargo sería optativo y la decisión correspondería a los gobiernos autonómicos, tal como ocurre ahora con el llamado "céntimo sanitario", que algunas comunidades autónomas aplican a la venta de carburantes para financiar la sanidad.

En este caso, los fondos obtenidos se emplearían en mejorar las redes de distribución eléctrica, las que llegan hasta los consumidores finales, que son responsables de la mayoría de los apagones y cortes de suministro. Las empresas del sector admiten que son necesarias más inversiones en distribución, pero se quejan de que la retribución de esta actividad es insuficiente.La propia Administración ha admitido que es necesario revisar el marco retributivo de la actividad de distribución, una cuestión que Industria prevé analizar en los próximos meses con las eléctricas.



Más competencias

Las comunidades autónomas son ya competentes para supervisar la calidad del suministro y, de hecho, han impuesto sanciones a las compañías eléctricas cuando se han producido apagones de cierta magnitud. Por ello, esta medida supondría un paso más para avanzar en la "corresponsabilidad" de las autonomías en materia de calidad del suministro eléctrico. De acuerdo con las fuentes citadas, la fórmula concreta que hará posible este recargo autonómico aún no se ha determinado, aunque lo más probable es que esté lista en los próximos meses.

El recargo podría incluirse en la tarifa eléctrica y luego revertir en el correspondiente gobierno autonómico. Aunque finalmente se establezca este recargo autonómico voluntario, el Gobierno central seguirá promoviendo las inversiones en las redes de distribución y la mejora de la calidad del suministro en todo el Estado. De hecho, existe una partida dentro de la tarifa eléctrica destinada a ese fin.

Fuentes del sector eléctrico mostraron su desacuerdo con esta medida porque consideran que a un mercado eléctrico único le debe corresponder una tarifa única. "Pedimos un sistema homogéneo para todo el mercado", indicaron.

Cabe recordar que, en septiembre de 2005, el Gobierno y las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo para aumentar la capacidad normativa de las autonomías en materia tributaria.

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